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Opinión | La certificación de personas en el ámbito jurídico: esa gran desconocida
Javier Martín Fernández, socio director de Ideo Legal y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, explica en qué consiste la certificación de personas, quien lo emite y cuáles son las condiciones a cumplir. Foto: EP.
24/7/2024 05:33
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Actualizado: 24/7/2024 00:02
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A diferencia de otros países de nuestro entorno económico, esencialmente los anglosajones, la certificación de personas es una gran desconocida en España y, más aún, en el ámbito jurídico.
Sin embargo, se trata de una herramienta, establecida a nivel internacional, que permite a los profesionales, tanto de los sectores público como privado, demostrar que cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes, establecidos en su perfil, así como que han sido evaluados por una entidad certificadora independiente y con competencia técnica, mediante un proceso de evaluación aceptado en más de 160 Estados y descrito en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, «Evaluación de Conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas».
De este modo, para el profesional, la certificación le proporciona un elemento de confianza frente a las organizaciones e instituciones sobre sus competencias; supone un reconocimiento de los conocimientos y capacidades en el desarrollo de las tareas a nivel internacional; es una garantía de la actualización y puesta al día de sus conocimientos; así como le permite una revalorización en el mercado laboral.
Y, para quien solicita sus servicios, minimiza los riesgos de cara a su contratación, debido al plus que aporta la certificación.
En este sentido, «Compliance Certifica», una entidad certificadora que nace de un grupo de profesionales españoles liderado por el que suscribe estas páginas, ha obtenido, de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), el reconocimiento de varios esquemas, que ha desarrollado, relacionados con mundo del Derecho.
Para ello, ha creado y mantiene un Comité de Expertos por cada uno de ellos que reúne a las máximas autoridades en cada materia: abogados del Estado, asesores de primer nivel, catedráticos de Universidad, responsables de departamentos de empresas del IBEX 35, etc.
De un lado, en el ámbito tributario: asesor fiscal, responsable de buenas prácticas tributarias y responsable de control y gestión del riesgo fiscal.
De otro, en el ámbito empresarial (público y privado): responsable de contratación pública, consejero de sociedades mercantiles, experto en prevención de blanqueo de capitales y experto en la reestructuración empresarial.
Los esquemas contemplan las tareas que puede desarrollar el profesional; identifica aquellos conocimientos, habilidades o destrezas necesarias que tiene que saber o poseer; los prerrequisitos y método de evaluación; la concesión, mantenimiento y renovación de la certificación, así como los criterios para su suspensión o retirada.
EN QUÉ SE BASA EL PROCESO DE EVALUACIÓN
Por su parte, los agentes de los esquemas, acreditados por «Compliance Certifica», son las entidades que ofertan la formación adecuada para satisfacer los prerrequisitos o la renovación de la certificación.
El proceso de evaluación está basado tanto en la valoración del conocimiento (titulación) o experiencia por un período de tiempo, a través de la exigencia de los mencionados prerrequisitos y que suelen ser alternativos, siendo necesario superar un examen tipo test de forma telemática.
En este último el candidato debe evidenciar que posee la competencia adecuada. Es decir, los conocimientos teóricos y la capacidad profesional para llevar a cabo las tareas correspondientes a su actividad.
El grupo de evaluadores está constituido por profesionales independientes de los esquemas, con conocimientos y experiencia profesional, equivalente o superior, al candidato a certificar.
Han de garantizar independencia de criterio, emitiendo un informe con el resultado de la evaluación en el cual se basa la decisión de concesión del certificado.
Una vez validados los prerrequisitos y la superación con éxito del examen, la certificadora emitirá un certificado con un período de validez de tres años. Cabe su renovación por igual plazo, tras la acreditación tanto de formación como de experiencia en cada una de las materias de los esquemas.
Aunque la certificación de personas en España se enfrenta aún a desafíos en su expansión y reconocimiento, existen oportunidades significativas para fortalecer su posición y contribuir al desarrollo profesional y la competitividad en el mercado, sobre todo debido a la alta especialización que se exige a los expertos jurídicos.
Mediante una mayor colaboración y compromiso por parte de los diferentes actores involucrados, es posible superar estas barreras y aprovechar los beneficios que ofrece este tipo de certificación en nuestro país.
Estamos ante una herramienta novedosa en España, aunque ya encontramos esquemas, además de los mencionados, como el de asesor de proyectos en edificación sostenible, gestores y técnicos de calidad, director de proyectos, así como delegado de protección de datos, entre otros.
Su mayor difusión, se ha producido con este último, desarrollado por la Agencia Española de Protección de Datos, para la certificación del Delegado de Protección de Datos, al amparo del desarrollo legislativo en esa materia.
Sin duda, el mercado sabrá apreciar la validez de todos ellos, al igual que ya ocurre con las certificaciones de las personas jurídicas.
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