La Fundación Hay Derecho denuncia la «creciente polarización política» de las instituciones judiciales y no judiciales
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13/9/2024 17:06
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Actualizado: 15/9/2024 10:44
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La «creciente polarización política» de las instituciones judiciales y no judiciales o el abuso de gobernar con decretos leyes son algunas de la “anomalías democráticas”, recogidas en el informe del Estado de Derecho elaborado por la Fundación Hay Derecho.
Según ha indicado la secretaria general de la Fundación Hay Derecho y abogada del Estado en excedencia, Elisa de la Nuez, uno de los aspectos preocupantes del informe es la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un problema que lleva años en el debate público.
Algo sobre lo que «afortunadamente se ha alcanzado el acuerdo». Sin embargo, advirtió que aún queda mucho por hacer, sobre todo en lo relativo al sistema de elección de los vocales y, lo que consideró aún más importante, en los nombramientos judiciales.
De la Nuez también ha recordado que el actual exige que el CGPJ proponga una reforma en seis meses, sin definir un modelo concreto para futuras nominaciones.
Según la abogada, la politización del CGPJ «tiene su causa directa en los principales puestos judiciales de este país», lo que permite a los partidos políticos o a las asociaciones judiciales asegurar posiciones clave en el sistema judicial.
Asimismo, De la Nuez denunció el uso de las comisiones de servicio como un mecanismo «extendido tanto en la judicatura como en la Fiscalía», que permite cubrir vacantes de manera temporal y con poca transparencia.
Esta situación, explicó, agrava aún más la falta de recursos y genera incertidumbre en la administración de justicia.
Se necesitan más de 350 jueces anuales durante la próxima década
El Informe constata que España sigue enfrentando un déficit crítico de jueces, ubicándose como el quinto país en la Unión Europea con la menor cantidad de jueces por habitante.
El CGPJ estima la necesidad de al menos 350 nuevos jueces anualmente durante la próxima década para abordar adecuadamente esta insuficiencia y proporcionar una justicia más ágil y eficaz.
Sin embargo, el acuerdo político solo contempla la creación de 200 plazas anuales durante los próximos cinco años, lo cual podría no ser suficiente para superar los desafíos actuales.
Este desarrollo se produce en un contexto de creciente politización de las instituciones judiciales, cuestionando la independencia y la imparcialidad necesarias para el adecuado funcionamiento del Estado de derecho.
Cuestionamientos sobre autonomía de Fiscal General del Estado
Tampoco ha omitido el texto la crítica situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre su posible imputación por un presunto delito de revelación de secretos.
En este sentido, aseguró que «El poder tiende a no tener límites», refiriéndose al amplio poder del Fiscal General del Estado, que actualmente tiene la capacidad de decidir prácticamente todos los nombramientos clave dentro de la carrera fiscal.
Esta falta de contrapesos, argumentó, puede tener un impacto significativo en la independencia y el buen funcionamiento de la Fiscalía.
Por ello, los autores del informe vuelven a reclamar, además, que se desligue el nombramiento y cese del fiscal general del Estado del período de mandato del Gobierno, reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal con la reforma de su estatuto y establecer para los nombramientos discrecionales del Ministerio Fiscal unas reglas claras de evaluación y un baremo objetivo de méritos.
Además, también inciden en la necesidad de establecer un sistema de contrapesos internos que, entre otras cosas, permita proteger a los fiscales que discrepen de sus jefes en particular en relación con los procedimientos de investigación o disciplinarios que se les puedan abrir.
En el lado positivo señalan el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP el pasado mes de junio para que no se pueda volver a repetir el «caso Dolores Delgado» al imponer el requisito para ser fiscal general del Estado de no haber ocupado un cargo público representativo en los cinco años anteriores.
La vinculación política del TC
Otro de los elementos que destaca el texto de Hay Derecho es el aumento de la vinculación política de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Cuando se observan los datos históricos, señala el informe, el número de magistrados constitucionales con vinculaciones políticas, incluidos los que han ostentado cargos a propuesta de partidos, ha crecido notablemente.
«Hay una tendencia muy preocupante a la máxima politización de los magistrados»de la Corte de Garantías: ocho de los doce miembros del Pleno actual, «han tenido vinculaciones» más o menos directos con las formaciones que los han designado, ha expuesto el catedrático de Derecho Constitucional Germán Teruel, codirector del informe.
Una proporción que se ha disparado desde 2017 (entonces era del 35%).
“La percepción de independencia del órgano también se puede ver mermada por la consolidación de la tendencia observada en el informe a votar por bloques alineados ideológicamente en casos sensibles políticamente”, recoge el texto de la Fundación Hay Derecho.
Igualmente, en el informe la «marcada vinculación política» los últimos nombramientos efectuados por el Gobierno en órganos constitucionales y en altas instituciones, como es el Consejo de Estado, con el nombramiento de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, o el Banco de España, con el nombramiento del exministro Jose Luis Escrivá.
“Creciente irrelevancia” del Parlamento frente al Gobierno
El informe de la Fundación Hay Derecho presentado este viernes también certifica una “creciente irrelevancia” del Parlamento, “eclipsado por el Gobierno” en su función principal, que es la legislativa.
Igualmente subraya la petición al Gobierno de que use los decretos-leyes para asuntos verdaderamente urgentes y que eluda los llamados «ómnibus», que regulan materias sin relación entre sí.
Recuerda, que el 27% de las normas con rango de ley aprobadas en el año 2022 (20 de 74) eran reales decretos-ley, un instrumento previsto en la Constitución para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad” y que aprueba directamente el Gobierno —aunque luego, una vez en vigor, tenga que ser convalidado por el Congreso—.
El año pasado, la proporción se había elevado ya al 32% (8 de 25).
La “normalización de los decretos-ley como fuente ordinaria de regulación” supone la “degradación del propio proceso legislativo”, señala el informe.
En 2022, un total de 21 proposiciones de ley (sobre 96) provinieron de los grupos parlamentarios que conformaban el Gobierno, según los datos recabados por la fundación.
En 2023, la cifra asciende a 18 de 95 proposiciones de ley.
“De esta manera, el Gobierno, aun contando con la vía del proyecto de ley, que es más garantista, presenta iniciativas a través de los grupos parlamentarios que lo conforman, lo cual permite eludir informes y consultas en la fase de elaboración de la propuesta de texto”, subraya el informe.
En el informe también se indica que al cierre de 2023 España tenía 81 procedimientos abiertos por infracción o falta de trasposición de la normativa europea; el estado miembro de la Unión Europea que más tenía, empatado con Bulgaria.
Además, es el quinto de la UE con menos jueces por habitante, según Hay Derecho, que, entre otras recomendaciones, insta a la aprobación de una ley que regule los grupos de interés o de presión (los ‘lobbies’) y a crear una autoridad independiente para dar protección a los informantes de corrupción, para evitar que sufran represalias, algo en lo que ha incidido Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho, en las conclusiones.
En la presentación del informe, celebrada en Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, también han intervenido: Julia Borque, responsable de relaciones públicas e institucionales de la Oficina del Parlamento Europeo en España; Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y Segismundo Álvarez, presidente de la Fundación Hay Derecho.
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