Sobre estas líneas, una de las imágenes que ilustran la denuncia contra Tsunami Democràtic por los hechos de "kale borroca" del 18 de octubre de 2019, de clara naturaleza terrorista, afirman.
Los dos policías víctimas de la kale borroka de Tsunami Democrátic presentan denuncia por terrorismo ante la AN
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24/9/2024 00:45
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Actualizado: 24/9/2024 08:28
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Aunque la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó el archivo de la causa abierta en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic el pasado 3 de septiembre al ratificar la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los dos policías nacionales que fueron víctimas de la kale borroka auspiciada por Tsunami Democràtic han presentado una denuncia contra esa organización por un presunto delito de terrorismo.
Solicitan que la Audiencia Nacional, único órgano competente en el territorio nacional para investigar los delitos de terrorismo, abra una nueva causa, distinta de cualquier otra anterior, para que se investigue lo sucedido el 18 de octubre de 2019.
En ese día se convirtieron en víctimas de los atentados callejeros propiciados por esa organización en Barcelona para protestar por la condena dictada por el Supremo a los acusados en el juicio del «procés».
La lógica de la denuncia se basa en el hecho de que si bien la Sala de lo Penal anuló todo lo investigado por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que era titular el magistrado Manuel García Castellón, por haber prorrogado la investigación de la causa el 30 de julio de 2021 –24 horas fuera de plazo–, lo cierto es que los dos policías se personaron como acusación particular en la causa 2 años y cuatro meses después; 28 meses más tarde.
Los dos policías nacionales consideran que existe base legal suficiente para que la Audiencia Nacional investigue los hechos –de clara naturaleza terrorista–, de forma nueva y autónoma, y al margen de la causa archivada.
Por lo tanto, procede legalmente. reactivar la investigación.
Para sustanciar su pretensión, informan que existe un informe de la Unidad. Central Especial número 3 de la Jefatura de Información de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 2 de noviembre.
En el mismo «se recoge la identidad de las personas líderes de la plataforma Tsunami Democràtic, detrás de los actos violentos y terroristas en los días posteriores a la sentencia del TS en el procedimiento conocido como el ‘procés'», dice la denuncia de los dos agentes, a la que ha tenido acceso Confilegal, y que fue interpuesta el 8 de agosto pasado.
Los dos policías nacionales estuvieron representados legalmente en la causa archivada del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por la firma Fuster-Fabra Abogados. Esta denuncia ha sido presentada de forma autónoma por ambos agentes.
KALE BORROKA, NO FUERON DISTURBIOS AL USO
En esta denuncia, los dos policías nacionales relatan que las movilizaciones que se produjeron el 18 de octubre de 2019 fueron «planeadas premeditadamente para atentar contra la principales estructuras del sistema económico y de transporte español, con la intención de desestabilizar la economía y aislar al país del continente europeo«. Claros actos terroristas.
El primero de los agentes, que formaba parte del Equipo de Mando y Apoyo del Jefe de la II UIP (antidisturbios) y cuyo cometido era la protección de la Jefatura Superior de Policía, cuenta que sobre las 12 de la mañana la actitud de los manifestantes de tornó violenta.
Grupos radicales comentaron a lanzar todo tipo de objetos contundentes, como «botellas de cristal llenas de piedras, tornillería pesada, rodamientos metálicos, latas de cerveza llenas, adoquines, etcétera, y continuaron con este comportamiento durante horas».
«Sorprendió a nuestra unidad la organización que había entre los grupos radicales, pues se dividían en cédulas de trabajo que se comunicaban entre ellas, se hacían señales para atacar o defender, tenían un material avanzado para ello, incluso explosivo. Cuando un grupo se quedaba sin provisiones, aparecía otro y le dotaba del material necesario», señala.
Una situación que se intensificó con el paso de las horas. La hostilidad aumentó exponencialmente. Cuando el jefe del dispositivo policial tomó la decisión de recuperar posiciones y avanzar la primera línea del despliegue hacia la Plaza Urquinaona, fue alcanzado por una botella rota que le impactó en la mano derecha, cayendo al suelo.
Tras ser atendido por las asistencias médicas, volvió a la primera fila. Los radicales violentos superaban en número a la policía nacional en una proporción de 1000 personas a 80 agentes.
La violencia fue en aumento. En la misma Plaza Urquiniona arreciaron los ataques con adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje, con la intención de causar el mayor número de bajas posibles entre las Fuerzas de Seguridad.
En ese marco, el agente recibió un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes y cayó desplomado al suelo, tras perder el conocimiento. Sus compañeros lo evacuaron a la Jefatura Superior de Policía y después a un centro hospitalario.
Las lesiones sufridas aquel día le han dejado secuelas físicas y psicológicas tan graves que finalmente un Tribunal Médico de la Policía Nacional dictaminó que se encontraba imposibilitado para ejercer la profesión, adjudicándole la incapacidad absoluta permanente y jubilándolo de forma prematura, con la reducción de sueldo que ello conllevó y sin recibir indemnización alguna por los daños sufridos en acto de servicio.
ACTUABAN BAJO UNA ORGANIZACIÓN Y UNA JERARQUÍA
El segundo agente denunciante cuenta que llegó sobre las 20 horas a la sede de la Jefatura Superior de Policía, en el 43 de Vía Layetana. Y de allí recibieron órdenes de acudir a la calle Jonqueras.
«Observo que se trataba de una masa de personas en actitud muy violenta, que se dedicaba a lanzar todo tipo de objetos y a cruzar contendores en medio de la calle para formar barricadas, con una organización avanzada, desbordando lo que podíamos considerar un desorden público, puesto que se trataba de una masa perfectamente estructura al estilo Kale Borroka», afirma.
La mayoría de las personas «vestían una especie de uniforme consistente en ropa oscura con capuchas, embozados, zapatillas deportivas, gafas de protección ocular, de las utilizadas por los operarios de diferentes ramos, mochilas, cascos, espinilleras, rodilleras y guantes». Actuaban bajo una organización y una jerarquía. «Había quienes daban órdenes a otros y suministraban material cuando lo requerían».
Al igual que el otro agente, este sufrió el lanzamiento de objetos muy peligrosos, incluyendo adoquines. Uno de ellos, de gran tamaño, impactó «en mi brazo derecho, en la cara anterior del brazo, lo que me provocó un dolor inmenso. No llegué a perder el conocimiento, pero sí perdí la sensación en el brazo, no tenía capacidad para moverlo o hacer fuerza con el mismo».
No fue el único. Acto seguido recibió un segundo impacto de otro adoquín que le dio en la zona del omóplato izquierdo. Fue evacuado a continuación.
Las consecuencias fueron las mismas que para su compañero. La Secretaría de Estado de Seguridad acordó, el 25 de mayo de 2021, que las lesiones sufridas le imposibilitaban continuar la profesión. Por lo que se procedió a la jubilarlo por incapacidad permanente. De la misma forma, la jubilación supuso una reducción de sueldo y no recibió indemnización alguna por las secuelas que a día de hoy todavía padece.
Por lo dicho, ambos agentes esperan que la Audiencia Nacional entienda que su caso, que fue integrado en 28 meses después en la causa que, por terrorismo, investigaba García Castellón, tiene los méritos suficientes para que sea investigada desde el principio, como un delito de terrorismo.
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