El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha admitido las tres denuncias presentadas contra Álvaro Romillo, el empresario que denunció al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, por la presunta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest Club, de la que Romillo era líder.
En un auto el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 4 rechazó remitir el caso al Tribunal Supremo para investigar a Alvise Pérez, líder del movimiento «Se Acabó la Fiesta» (SALF), como solicitó una de las asociaciones denunciantes.
Calama recuerda que, para investigar a un aforado, debe presentarse una exposición razonada que muestre «indicios de responsabilidad».
Cabe destacar que la Asociación de Usuarios de Criptomonedas amplió su denuncia inicial para solicitar que el caso fuera remitido al alto tribunal, dado que Pérez, como eurodiputado, goza de la condición de aforado.
El juez explicó que no basta con señalar de manera nominal que un delito ha sido atribuido a un aforado; la exposición debe ser lo suficientemente detallada para delimitar provisionalmente el alcance de los hechos, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo.
Además, el magistrado recordó que un aforado puede participar voluntariamente en el proceso. «Se le otorga la facultad de asumir la condición de parte, acceder a todas las actuaciones, obtener copia de la denuncia o querella, declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias», señaló.
Competencia de la Audiencia Nacional
Tras recibir un informe favorable de la Fiscalía, Calama ha acumulado las denuncias presentadas por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas y la mencionada Asociación de Usuarios de Criptomonedas.
El magistrado sostiene que los hechos denunciados podrían constituir un delito de estafa y que, debido al número de perjudicados y a la cuantía del fraude, la competencia recaería en la Audiencia Nacional.
Según las acusaciones, el daño global asciende a más de 11 millones de euros, superando los 7 millones de euros que el Tribunal Supremo establece como umbral para que la Audiencia Nacional asuma la causa.
Además, el juez consideró que, por razones de funcionalidad, la Audiencia Nacional es el órgano más adecuado para llevar a cabo la investigación, dada la complejidad del caso.
Se prevé una investigación extensa que involucra un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales con conexiones internacionales en países como Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania. Esto requerirá la utilización frecuente de mecanismos de cooperación jurídica internacional.
El objetivo, según el juez, es «determinar la naturaleza de los hechos, las personas involucradas y localizar los activos financieros».
Las cifras de los afectados
Zaballos Abogados, que representa a la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas y a 600 afectados, calcula que más de 2.700 personas han sido víctimas, y el fraude asciende a 600 millones de euros.
«Los afectados ingresaban en un supuesto club financiero de inversores. Entrar en dicho club no era barato, tenían que desembolsar la cantidad de 2000 euros al año. Éste era el gancho para ofrecerle todo tipo de publicidad agresiva y marketing falso, con el objeto de atraparlos en inversiones de una media de 100.000 euros», sostiene el despacho.
Aránguez Abogados, que representa a la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y defiende los intereses de más de 500 afectados, estima que el fraude en una cifra menor, 300 millones de euros.
En su denuncia, el despacho sostiene que Romillo, conocido como CryptoSpain, presumía de ser un experto en elusión fiscal y criptomonedas.
En la ampliación de la denuncia, se alegaba que Romillo había vinculado públicamente esta trama con el eurodiputado, justificando así la paralización de la plataforma y la falta de devolución de los fondos a los afectados.
