A partir del 1 de octubre de 2024, entrarán en vigor en Inglaterra y Gales modificaciones importantes a las Civil Procedure Rules (CPR), la ley procesal civil inglesa, que refuerzan el uso de la Resolución Alternativa de Conflictos (Alternative Dispute Resolution of ADR en Ingles) como una parte esencial del proceso judicial civil.
Estas reformas, impulsadas por el fallo del Tribunal de Apelación en el caso Churchill v Merthyr Tydfil CBC, transforman el enfoque de los tribunales hacia la gestión de los litigios, permitiendo que los jueces ordenen a las partes a participar en procesos de ADR.
El objetivo es claro: aliviar la carga sobre el sistema judicial, acelerar la resolución de disputas y reducir los costes asociados con el litigio.
Las reglar procesales prejudiciales en el sistema británico, conocidas como Pre-Action Conduct and Protocols Practice Direction, siempre han establecido que el litigio debe ser el último recurso.
Antes de llegar a los tribunales, a partir de ahora los tribunales podrán dirigir a las partes hacia la exploración de soluciones alternativas antes de iniciar un juicio de forma obligatoria, debiendo las partes deben considerar si la negociación u otros métodos de ADR pueden resolver su conflicto.
Esto convierte a la ADR, que anteriormente era solo una opción recomendada, en un pilar del sistema judicial civil, promoviendo la resolución de conflictos sin necesidad de llegar a juicio.
Entre los métodos de ADR reconocidos en la legislación inglesa se encuentran:
• Mediación: Un tercero neutral facilita la negociación entre las partes para que puedan alcanzar un acuerdo de manera voluntaria.
• Arbitraje: Un árbitro decide sobre el conflicto, y las partes acuerdan cumplir con la decisión, similar a una sentencia judicial pero en un entorno privado.
• Evaluación Neutral Temprana (ENE): Un evaluador independiente ofrece una opinión sobre los méritos del caso en una etapa temprana, lo que ayuda a las partes a entender sus posiciones.
• Ombudsman: En algunos casos, organismos especializados, como los defensores del pueblo, pueden intervenir en reclamaciones administrativas o de servicios públicos.
Estas enmiendas permiten a los tribunales dirigir a las partes hacia la exploración de soluciones alternativas antes de iniciar un juicio, y las CPR también contemplan las Part 36 offers, que son ofertas de acuerdo antes y durante el litigio.
Si un caso llega a los tribunales, se puede requerir a las partes que demuestren haber considerado la ADR.
La negativa a participar en estos procesos podría considerarse irrazonable y resultar en sanciones de costes adicionales.
El papel de la ADR en el contexto judicial global y en España
A nivel mundial, los sistemas judiciales enfrentan serios retos, y España no es la excepción. Uno de los problemas más graves es la saturación de los tribunales y los prolongados tiempos de espera para la resolución de casos.
En muchos países, incluido España, la justicia sufre verdaderos atascos debido al elevado número de casos, lo que a menudo lleva a retrasos considerables en la resolución de conflictos.
Este fenómeno no solo afecta a la calidad de la justicia, sino que también crea frustración entre los ciudadanos y las empresas que buscan soluciones rápidas y efectivas.
«Si bien en ciertos ámbitos, como el laboral, ya existe la conciliación obligatoria, ampliar este enfoque a otros tipos de procedimientos ayudaría a resolver muchos conflictos de manera más rápida y económica»
La implementación de la ADR como un paso obligatorio antes de litigar, al igual que ya ocurre en algunos procedimientos donde la conciliación es un requisito previo, aliviará significativamente la carga de trabajo de los tribunales en España.
Si bien en ciertos ámbitos, como el laboral, ya existe la conciliación obligatoria, ampliar este enfoque a otros tipos de procedimientos ayudaría a resolver muchos conflictos de manera más rápida y económica.
La ADR ofrece flexibilidad y eficiencia, permitiendo que las partes involucradas elijan el método que mejor se adapte a sus necesidades, tal como ocurre en la legislación inglesa.
La posibilidad de escoger entre mediación, arbitraje o evaluación neutral temprana según el caso permitiría a los litigantes alcanzar acuerdos personalizados, fuera del costoso y lento proceso judicial.
Esta libertad de elección, además de ofrecer mayor control a las partes, contribuiría a una justicia más accesible y ágil, algo que es cada vez más necesario en el contexto español.
España, en la misma dirección
En este sentido, España camina de forma paralela a Inglaterra y Gales. Desde el pasado 22 de marzo se encuentra en el Congreso de los Diptuados el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
En España los ADR reciben el nombre de MASC, o Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Este Proyecto de Ley fue rescatado de la pasada legislatura después de que decayera debido a la convocatoria adelantada de las elecciones generales, el 23 de julio de 2024.
El entendimiento es el mismo: el requisito de procedibilidad, en el orden jurisdiccional civil, para que, con carácter general, ambas partes se sometan a un proceso de mediación en una fase previa obligatoria. A la mediación, a la conciliación o a la opinión neutral de un experto independiente, para ser más precisos.
Esto reduciría notablemente el número de casos que llegan a juicio, permitiendo a los tribunales concentrarse en disputas más complejas y urgentes.
Además, la posibilidad de que las partes elijan el MASC –o ADR– que prefieran garantizará una mayor flexibilidad y satisfacción en el proceso de resolución de conflictos, mejorando la probabilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio sin tener que pasar por todo el proceso judicial.
El enfoque de MASC o ADR es un modelo que no solo hace que la justicia sea más rápida y accesible, sino que también ofrece una vía más asequible para quienes buscan resolver disputas.
Una vez que España adopte este sistema de manera más amplia dará un paso hacia un sistema judicial más eficiente, menos costoso y más adaptable a las necesidades actuales de la sociedad.
Al final, el uso generalizado de los métodos alternativos de solución de conflictos permitirá a España avanzar hacia un modelo de justicia más ágil, en línea con los desafíos y demandas del siglo XXI.
