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Opinión | Falta de recursos y especialización en violencia de género: un desafío estructural
Emilia Zaballos es presidenta de la Fundación Zaballos y socia directora de la conocida firma Zaballos Abogados. En su columna señala las deficiencias estructurales del sistema de protección de violencia de género. Foto: Confilegal.
11/10/2024 05:36
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Actualizado: 11/10/2024 00:29
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La violencia de género (conocida por su acrónimo Viogen) es una lacra social que sigue afectando a millones de mujeres en todo el mundo. La capacidad de los sistemas judiciales y policiales para atender este problema está gravemente comprometida por la falta de recursos y la carencia de especialización.
A pesar de las constantes reformas legislativas, la saturación de los juzgados, la insuficiencia de los medios materiales y humanos, y la falta de formación adecuada entre los profesionales, han generado un sistema ineficaz que no puede brindar la protección necesaria a las víctimas.
Falta de recursos humanos y materiales: un obstáculo crítico
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sistema judicial en el tratamiento de los casos de violencia de género es la falta de personal especializado y recursos adecuados.
La saturación de los juzgados es un fenómeno bien documentado: los funcionarios y jueces se ven abrumados por una carga de trabajo que imposibilita una atención detallada y personalizada a cada caso.
La Administración pública no ha proporcionado los incentivos económicos o el reconocimiento profesional que atraiga a más personal, lo que agrava aún más la situación.
La falta de especialización es otro punto crítico. El tratamiento de los casos de violencia de género no puede abordarse con la misma metodología que otros asuntos civiles o penales menos graves.
Aquí, la vida y la seguridad de las víctimas están en juego, y es imprescindible que los profesionales sean conscientes de la gravedad de las situaciones que manejan a diario.
A menudo, los funcionarios que se ocupan de estos casos no cuentan con la formación adecuada para identificar señales de riesgo, lo que puede tener consecuencias fatales para las víctimas.
El problema del cuestionario predeterminado: una herramienta insuficiente
Uno de los elementos más criticados por las víctimas es el cuestionario predeterminado que se utiliza para evaluar el riesgo de las denuncias de violencia de género.
Este instrumento, aunque diseñado para facilitar el trabajo de los profesionales, puede dar lugar a errores graves en la calificación del riesgo.
Las víctimas, que a menudo se encuentran en estado de shock, no tienen la capacidad de completar correctamente un documento que no siempre refleja la realidad de su situación.
Además, la naturaleza estandarizada de las preguntas puede omitir detalles cruciales que son esenciales para evaluar el riesgo real.
Es imperativo que las personas encargadas de manejar estos cuestionarios estén no solo formadas, sino también sensibilizadas sobre las complejidades psicológicas y emocionales que acompañan a las denuncias de violencia de género.
La responsabilidad de calificar correctamente el riesgo es inmensa, ya que un error en esta etapa puede derivar en consecuencias catastróficas.
La falta de transparencia y la necesidad de auditorías externas
Uno de los aspectos más alarmantes del sistema actual es la falta de transparencia en la gestión de los recursos destinados a la violencia de género.
El Ministerio del Interior realiza auditorías internas, pero estas suelen estar contaminadas por conflictos de interés, ya que los mismos responsables del sistema son quienes evalúan su propio trabajo.
No es posible esperar un análisis objetivo bajo estas circunstancias.
Es fundamental que se lleven a cabo auditorías externas, independientes y objetivas, preferiblemente a cargo de organizaciones no gubernamentales o fundaciones especializadas.
Solo así se podrá detectar y corregir las deficiencias del sistema. La transparencia en este tipo de auditorías no solo restaurará la confianza de las víctimas, sino que también permitirá optimizar los recursos y asegurar que las políticas implementadas sean efectivas en la protección de las mujeres.
El papel de las ONG y el problema de los fondos mal gestionados
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) juegan un papel crucial en la asistencia a las víctimas de violencia de género, especialmente en un contexto en el que el gobierno no puede asumir todas las responsabilidades.
Sin embargo, el recorte de fondos y la dotación de recursos a entidades de nueva creación, sin la experiencia necesaria, pone en riesgo la eficacia de la ayuda.
Esto, sumado a la falta de control y seguimiento en la gestión de los fondos, crea un sistema en el que los recursos no se utilizan de manera óptima, lo que termina perjudicando a las víctimas.
Es necesario que los fondos destinados a combatir la violencia de género sean gestionados de manera transparente, con un seguimiento riguroso que garantice que se destinan correctamente y se usan de manera eficiente.
Las ONG que han demostrado su capacidad deben ser priorizadas frente a entidades nuevas con vínculos políticos que no garantizan la misma calidad de gestión.
Hacia un compromiso político y judicial efectivo
Es evidente que la solución a este problema no pasa únicamente por la sobre-regulación, sino por un compromiso real tanto del poder ejecutivo como del judicial.
No se trata de crear más leyes, sino de desarrollar las ya existentes, dotar a los sistemas de protección de los recursos necesarios y garantizar que los profesionales que se ocupan de estos casos estén bien formados y sean plenamente conscientes de la importancia de su labor.
La violencia de género es un asunto de máxima gravedad que requiere una respuesta contundente y eficaz por parte del Estado.
No se puede permitir que la vida de las víctimas dependa de un sistema ineficaz, saturado y sin la especialización necesaria.
La responsabilidad de proteger a estas mujeres recae en toda la sociedad, pero especialmente en las instituciones que deben asegurar su bienestar y seguridad.
Sin transparencia, formación y recursos adecuados, el sistema continuará fallando, y las víctimas seguirán sufriendo las consecuencias de esta falta de compromiso.
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