La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Algeciras, Miriam Solano Martín, ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 39.329 euros a un paciente por una negligencia médica.
Ha perdido movilidad en el brazo y ello le impide realizar actividades específicas como nadar o ir al gimnasio.
El paciente detectó en 2014, con 25 años un bulto cerca de las cervicales. Viendo que aumentaba decidió acudir al médico para ver qué era y le diagnosticaron un lipoma subcutáneo. El 13 de marzo de 2018, tras una larga lista de espera, ingresó en el Hospital San Juan Grande de Jerez para extirparlo.
Pero no le dieron el Consentimiento Informado para esta intervención, sino que le dieron uno para la extirpación de tumores cutáneos que no se correspondía con la cirugía realizada al paciente. Esta operación tenía más riesgo. Además, ese consentimiento se lo entregaron el mismo día de la cirugía.
Tras la operación, el joven comentó en una de las revisiones que notaba falta de movilidad en el brazo derecho. Sin embargo, lo achacó a que sería un efecto de la anestesia local que le aplicaron. Le pautaron diazepam y ácido fólico. Sin embargo, no mejoraba y la situación se volvía permanente.
Junto con la demanda , presentada por el abogado José Luis Ortiz Miranda, se aportó un informe pericial que concluía que la causa de las complicaciones del brazo era por una indicación incorrecta de la operación.
Tampoco le hicieron una radiografía antes de la operación
Y es que, además de la falta de consentimiento, se detectó que no le habían hecho ni una radiografía o una resonancia previa a la operación para ver el estado del lipoma. La última imagen que tenían era de hacía dos años.
La demanda se ha resuelto en la sentencia 112/2024 de 14 de octubre.
Para la jueza, no había controversia en que la lesión del nervio espinal que sufrió el hombre era consecuencia directa de la operación para la extirpación del lipoma. Y sentenció que sí hubo mala praxis porque el paciente no fue informado correctamente de los riesgos inherentes a la operación a la que se le iba a someter.
Ni le dieron el correspondiente a su operación, que implicaba muchos más riesgos, ni tampoco con la antelación suficiente para que pudiese informarse de los riesgos. No le hicieron pruebas para verificar el tamaño en los días previos a la intervención. Por lo que ha condenado al SAS.
