El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado esta semana un aviso claro sobre una medida polémica incluida en el Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Se trata de la condena en costas por no haber recurrido previamente a medios alternativos de solución de controversias (MASC) antes de llevar un caso a los tribunales.
“Imponer costas por no acudir a un MASC no solo desincentiva el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, sino que también incrementa la desigualdad procesal y el coste del acceso a la justicia”, afirmó el decano del ICAM, Eugenio Ribón. Estas declaraciones las hizo a las puertas del Senado, donde presentó una serie de enmiendas al proyecto legislativo.
Un cambio que plantea problemas
El actual sistema de costas en España sigue el principio de vencimiento objetivo: quien pierde un litigio asume los gastos del proceso, incluyendo honorarios de abogados y peritos.
Este modelo tiene como fin disuadir demandas sin fundamento.
Sin embargo, el proyecto de ley propone un cambio significativo: vincular la condena en costas al incumplimiento del requisito de acudir primero a un MASC, algo que el ICAM considera innecesario y perjudicial.
Desde el Colegio recuerdan que medidas similares, como la conciliación obligatoria eliminada en 1984, ya demostraron ser ineficaces. “La experiencia nos muestra que estos mecanismos solo funcionan si ambas partes participan de forma voluntaria y genuina”, señaló Ribón.
Impacto económico y desigualdad
El ICAM advierte que obligar a acudir a un MASC antes de litigar puede tener un impacto negativo, especialmente para las personas con menos recursos. Estos mecanismos, aunque bien intencionados, requieren de mediadores o abogados, lo que supone un coste adicional para los ciudadanos.
Para quienes ya enfrentan dificultades económicas, esto podría convertirse en una barrera más que limite su acceso a la justicia.
Además, la obligatoriedad podría abrir la puerta a abusos procesales. Por ejemplo, grandes corporaciones podrían aprovechar estos mecanismos para desgastar a consumidores o pequeños litigantes, usando la mediación como una estrategia para ganar tiempo o forzar acuerdos desventajosos.
Otro de los riesgos señalados por el ICAM es que, en situaciones como incumplimientos contractuales claros, la mediación no tiene sentido práctico. Forzar a las partes a pasar por este trámite no solo supone un gasto innecesario, sino que también retrasa la resolución judicial que los ciudadanos esperan obtener.
Tutela judicial efectiva en peligro
El decano Ribón recordó que la tutela judicial efectiva, garantizada por la Constitución, implica que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los tribunales para resolver sus conflictos sin obstáculos innecesarios. La medida, tal como está planteada, podría comprometer este principio, alejando aún más la justicia de quienes la necesitan.
El ICAM, por tanto, pide que el uso de los MASC sea voluntario y no impuesto bajo amenaza de sanciones procesales. Su objetivo es garantizar un sistema que equilibre la eficiencia con la protección de los derechos fundamentales, sin añadir barreras que perjudiquen a los más vulnerables.
El debate ahora está en manos del Senado, donde el futuro del proyecto de ley y sus implicaciones para la justicia están en juego.
