El TJUE se pronunciará a instancias del Juzgado de Primera Instancia nº8 de San Sebastián sobre 22 cuestiones prejudiciales para esclarecer la posible falta de transparencia y abusividad de este índice IRPH. Foto: Confilegal
El TJUE volverá a pronunciarse sobre el IRPH y su posible abusividad
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12/12/2024 05:35
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Actualizado: 11/12/2024 13:23
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) volverá a pronunciarse sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) y su posible abusividad, una decisión que asociaciones como Asufin consideran que podría ser la «clarificadora» para los consumidores con préstamos referenciados a este índice.
El TJUE se pronunciará a instancias del Juzgado de Primera Instancia nº8 de San Sebastián que, en su análisis de una hipoteca contratada entre un cliente y Kutxabank en 2006, decidió elevar 22 cuestiones prejudiciales para esclarecer la posible falta de transparencia y abusividad de este índice.
En concreto, el consumidor suscribió el 11 de septiembre de 2006 un contrato de préstamo hipotecario por 35 años con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián (posteriormente Kutxabank) con un pago de intereses variable, calculados periódicamente tomando como referencia el IRPH de las cajas de ahorros (IRPH Cajas).
El contrato precisaba en dicha cláusula que ese índice está constituido por la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales de las operaciones de préstamos con garantía hipotecaria otorgados por las cajas de ahorro a plazo igual o superior a tres años para la adquisición de vivienda libre, sin transformación alguna.
Además, se especificaba que el valor de referencia sería el último publicado por el Banco de España en el mes anterior de cada fecha prevista para la revisión del tipo de interés, y subsidiariamente, el último publicado por el Banco de España con antelación al mes anterior citado.
Sin embargo, la cláusula en cuestión no menciona la parte final de la definición del IRPH Cajas, que figura en la propia definición oficial de ese índice, contenida en la Circular de 5/1994 del Banco de España que modificaba la Circular 8/1990. Esta definición precisa que estos tipos de interés medios ponderados eran las tasas anuales equivalentes (TAE) remitidas al Banco de España por las Cajas de Ahorro respecto de las operaciones concernidas.
Así, en marzo de 2022, el consumidor presentó ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de San Sebastián una demanda en la que pedía que se declarara el carácter abusivo de dicha cláusula, si bien el juzgado optó por dirigirse con carácter prejudicial al TJUE.
Cuestión prejudicial ante el TJUE
El juzgado ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aclare aspectos clave sobre el índice IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Según el tribunal, este índice se calcula como una media de las TAE (Tasas Anuales Equivalentes) aplicadas en operaciones similares. Sin embargo, plantea si la omisión por parte de los bancos de un diferencial negativo recomendado podría interpretarse como una práctica generadora de desequilibrio en perjuicio de los consumidores.
La consulta se basa en la citada Circular de 1994 del Banco de España, que advertía que la simple aplicación del IRPH colocaba la TAE de las hipotecas por encima de la media del mercado, recomendando un ajuste para evitar este efecto. El juzgado considera relevante que los bancos hayan ignorado esta advertencia.
Además, señala que las TAE utilizadas para calcular el IRPH incluían componentes derivados de cláusulas contractuales cuya abusividad ya no está en disputa o cuya legalidad es cuestionable, lo que podría añadir un sesgo en detrimento de los consumidores.
La respuesta del TJUE será crucial para determinar si el comportamiento de las entidades bancarias al aplicar el IRPH es compatible con las normativas europeas sobre transparencia y protección al consumidor.
Duda que el consumidor entienda la cláusula del IRPH
Asimismo, el juez de primera instancia duda de que la cláusula del IRPH cumpla el requisito de transparencia porque, en su opinión, no permite al consumidor conocer con exactitud las consecuencias económicas que conlleva en el marco de un contrato de 35 años de duración. Duda, igualmente, de que un consumidor medio pueda comprender por sí mismo las diferencias entre los conceptos de ‘tipos de interés’, de ‘índice de referencia’ o de ‘TAE’ y, por consiguiente, el funcionamiento del método de cálculo de los índices de referencia establecidos sobre la base de TAE.
Seguidamente, el juzgado pregunta que si la exigencia de transparencia relativa a la composición y el cálculo del IRPH se cumple necesariamente porque tanto la Circular 8/1990 y el modo de cálculo del índice están publicados en el Boletín Oficial del Estado, de tal forma que la entidad que use estos índices no tendría la obligación de hacer constar en el contrato de préstamo la definición completa de dicho índice.
Además, el juzgado cree que algunos puntos «no se ajustan a la realidad». En concreto, señala que la Circular 8/1990 del Banco de España «no contiene ninguna mención de los IRPH», puesto que estos se introdujeron en la Circular 5/1994.
Más allá de esta cuestión, la circular 5/1994 no permite conocer el método de cálculo de los IRPH, ya que «no figura en ella», de modo que el consumidor debería deducir de los datos consultables que los IRPH son TAE, que ya incluyen diferenciales, comisiones y gastos.
El TJUE y el Tribunal Supremo
Cuestiona, además, la compatibilidad con una sentencia del TJUE del 3 de marzo de 2020 con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en virtud de la cual las entidades de crédito no están obligadas a incluir en los contratos de crédito la definición completa del IRPH escogido para adaptar el tipo periódico de interés y de informar a los consumidores de la evolución anterior de dicho índice porque este es objeto de una publicación oficial.
Por último, la juez considera que la omisión de elementos importantes de la definición del IRPH Cajas podría constituir una práctica engañosa, que descartaría que hubiera habido buena fe por parte del banco y pide que, en caso de que la cláusula sea declara no transparente, se examine su posible abusividad. Además, rechaza que no pueda incluirse mala fe solo por el hecho de que se un índice oficial.
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