La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por haber aplicado de forma incorrecta tres directivas europeas sobre contratación pública, que exigen a los Estados miembro que sigan procedimientos imparciales y transparentes.
Se trata, concretamente, de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública general, la Directiva 2014/25/UE sobre contratación en sectores específicos y la Directiva 2014/23/UE sobre concesión de contratos.
Los países de la UE debían transponer estas normas a su legislación nacional antes del 18 de abril de 2016, pero tras la notificación tardía por parte de España de la transposición de las tres directivas, la Comisión decidió abrir expediente a España en diciembre de 2021, seguida de un ultimátum de dos meses en abril de 2024.
Contratación pública
Sin embargo, y pese a estos avisos, hasta la fecha, España aún no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para hacerla compatible con todas las obligaciones derivadas de las normativas europeas sobre contratación pública.
La contratación pública es un componente esencial de la economía europea, representando aproximadamente el 14% del PIB de la UE, unos dos billones de euros al año.
Más de 250.000 autoridades públicas recurren a este sistema para adquirir servicios, obras y suministros, siendo sectores como la energía, el transporte, la gestión de residuos, la protección social y la provisión de servicios de salud o educación los más implicados.
Al respecto, la Comisión ha señalado en un comunicado que «la legislación española se aparta notablemente de las normas de la UE, sobre todo, en lo que respecta a los tipos de autoridades, contratos y modificaciones de contratos que deben seguir las normas de contratación pública».
El Ejecutivo comunitario considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido «insuficientes», por lo que, finalmente, ha decidido llevar a España ante el TJUE.
Consecuencias para España
La remisión de España al TJUE podría derivar en sanciones económicas y presiones adicionales para adaptar su legislación a las directivas europeas. Este caso pone de manifiesto la importancia de la correcta implementación de las normas de la UE para fomentar la competitividad y proteger el interés público en las contrataciones.
El desenlace del procedimiento ante el TJUE será clave para determinar el impacto jurídico y económico que esta situación podría tener tanto para el gobierno español como para las empresas involucradas en procesos de contratación pública.
