Opinión | 2024: un año histórico para la Justicia madrileña

Se acerca el final de año y entre comidas navideñas y cartas a los Reyes Magos hay un pequeño espacio para los balances. La Justicia está sumida en una transformación en la que la Administración debe aportar todos los recursos materiales y humanos necesarios para afrontarla con garantías.

Me gustaría agradecer el trabajo al equipo del área de Justicia que rema cada día con el objetivo de lograr una Administración de Justicia más digitalizada, accesible y moderna para el ciudadano, así como para mejorar las condiciones de todos los profesionales que trabajan en ella.

2024 comenzó con un acuerdo único en España. Firmamos con todos los sindicatos del sector una mejora en las condiciones económicas y laborales de los más de 7.200 funcionarios de la Administración de Justicia durante esta legislatura, con un desembolso global de 14,5 millones de euros.

Aquí quiero destacar que el pacto se alcanzó por unanimidad de todos los sindicatos, cuyos asociados respaldaron el documento final con una aprobación de hasta el 90%. Ninguna Administración pública (Ministerio incluido) ha logrado este apoyo hasta el momento.

Fruto de este acuerdo, en julio se abrió la convocatoria de las ayudas a la natalidad dirigidas a los funcionarios de la Administración de Justicia. Otorgaremos 1.000 euros por nacimiento de un hijo y adopción o acogimiento (temporal o permanente) de un menor a lo largo de 2023, y 1.500 euros en el caso de familias monoparentales y nacimientos o adopciones múltiples.

Además, se crearán cuatro puestos adscritos a la Oficina de Fiscalía, diez al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y 88 en distintos órganos judiciales de la región.

Ciudad de la Justicia de Madrid

En febrero, el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid vivió su despegue definitivo tras meses de trabajo de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales. Gestión directa, división en dos lotes y una inversión pública total de 653 millones de euros.

Al concurso se presentaron 13 empresas de reconocido prestigio internacional repartidas en cinco UTE, una muestra más de la solidez de la propuesta y el imán inversor en el que se ha convertido la región. Recientemente, hemos aprobado 88,5 millones de euros en 2025 para que en la primavera del próximo año comiencen las obras.

Este complejo judicial unificará en una sola parcela ubicada en Valdebebas 26 sedes judiciales repartidas actualmente por la capital. Será el más grande, accesible y eficiente del mundo. 434.000 metros cuadrados de superficie construida que albergarán 378 órganos jurisdiccionales, un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada en estos momentos.

Además, se crearán zonas de reserva con un espacio adicional del 28% sobre el total para absorber el crecimiento de la planta judicial durante, aproximadamente, los próximos 40 años.

El trabajo en las infraestructuras judiciales de la región no queda ahí. A lo largo de esta legislatura se va a actuar en el 90% de los 571 organismos que hay para su mejora, parcial o total, con una inversión superior a 830 millones de euros.

Este año hemos inaugurado el nuevo palacio de justicia de Valdemoro, finalizado el de Getafe y avanzado en los futuros de Móstoles, Collado Villalba, Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz.

No solo construimos nuevos juzgados. También creamos unidades funcionales específicas. En concreto, en abril pusimos en marcha un juzgado específico sobre casos financieros totalmente digitalizado. Ha registrado más de 18.000 procedimientos en cinco meses y se une la unidad especializada en cláusulas hipotecarias y a la que atiende las incidencias en el tráfico aéreo, como retrasos y pérdidas de equipajes.

Los procesos judiciales que se resuelven en estas tres unidades funcionales representan, en total, el 30% de todos los litigios interpuestos en los juzgados civiles de Madrid.

Facilitadores judiciales

Otro hito para la Justicia en la Comunidad de Madrid y en España en 2024. En mayo nos convertimos en la primera región del país en regular la figura del experto facilitador. Prestará apoyo a personas con discapacidad en sus sedes judiciales -juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales existentes, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia-.

La normativa establece requisitos, principios de actuación y modo de designación de estos profesionales. A finales de septiembre tuve el honor de presentar a los primeros 152 facilitadores judiciales acreditados, un cambio trascendental para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos con todas las garantías.

Otro avance crucial en este ámbito ha sido la firma del acuerdo de legislatura con los tres colegios de abogados y procuradores de la región para reforzar la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio. Este texto supone a lo largo de estos tres años un aumento del 29% en la inversión para este servicio público. Así, se pasará de 51,6 millones de euros destinados en 2023 a los 66,6 millones de los euros previstos en 2027.

Se trata del primer pacto a largo plazo adoptado en España entre una Administración Pública en una comunidad con las competencias en Justicia transferidas y la totalidad de los colegios profesionales de este ámbito.

La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, además del mencionado acuerdo con los sindicatos, ha gestionado la negociación con procuradores y abogados.

Desde este espacio que me brinda Confilegal, mi total reconocimiento. El texto recoge numerosas iniciativas para seguir mejorando este servicio público. Entre ellas, un incremento lineal de todos los baremos, siendo de un 4% en 2024 y una subida anual del 3% en 2025, 2026 y 2027, así como crear once nuevos por actuaciones profesionales.

Además de estos importantísimos hechos que han marcado el calendario de este año, el Gobierno regional ha trabajado los 365 días para lograr una Justicia plenamente digitalizada en 2026. Proyectos como el Buscador 360, la digitalización del Archivo Judicial Territorial, el expediente judicial electrónico, las plataformas de comunicaciones telemáticas, automatización de procesos y un largo etcétera siguen implementándose y asentándose en la justicia madrileña.

También es un ejemplo de éxito la labor que desarrollan los profesionales de la ARRMI. Nueve de cada diez menores que cumplen medidas judiciales de internamiento en alguno de nuestros centros no vuelven a delinquir.

La intervención psicológica, terapéutica y formativa personalizada que se realiza favorece una segunda oportunidad entre estos jóvenes que la mayoría de ellos aprovecha.

No puedo ni quiero cerrar este artículo con una mención a las víctimas del terrorismo. En marzo abrimos una nueva convocatoria para que todas aquellas que no pudieron presentar su documentación en tiempo y forma pudieran hacerlo y seguir, por tanto, recibiendo esas indemnizaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, las más generosas del país.

Hemos concedido 80 millones de euros a 2.090 víctimas del terrorismo desde la entrada en vigor en 2018 de la Ley autonómica para la Protección, Reconocimiento y Memoria de este colectivo.

El año que viene lo afrontamos con la misma energía y compromiso por la mejora de la Administración de Justicia. Proyectos que no quedan en un cajón, sino que salen adelante con el imprescindible impulso del Gobierno regional. El servicio público es trabajar por los demás en un legado a largo plazo sin firma.

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