La propuesta de ley que el pasado viernes el PSOE registró en Congreso de los Diputados para prohibir el ejercicio de la acusación popular a partidos políticos, asociaciones o fundaciones sigue dando de qué hablar.
Una norma que, además, limitaría los pronunciamientos de jueces y fiscales sobre asuntos judicializados y suprimiría el artículo 525 del Código Penal, que hace referencia a los delitos de ofensas contra sentimientos religiosos.
Esta posible situación, que reduce el alcance de la acción popular plasmado en el artículo 125 de la Carta Magna, también preocupa al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón al «alterar su esencia constitucional». Explica que establece limitaciones excesivas e impone restricciones procesales «que vacían de contenido su esencia como herramienta de control democrático».
Además, en caso de aprobarse, tendrá carácter retroactivo, por lo que, al afectar a procedimientos judiciales ya iniciados, «podría generar interferencias en la justicia» dando sensación de que responde a intereses coyunturales.
El decano de ICAM recuerda que la figura de la acusación popular es un mecanismo esencial para que los ciudadanos puedan participar en la administración de justicia donde «su función ha sido clave en la defensa de la legalidad y en el control del poder, especialmente en contextos donde no existe autonomía del Ministerio Fiscal». De modo que califica de «fundamental» que, tal y como prevé la Constitución, «existan contrapesos y que el monopolio de la acusación no quede sólo en manos de la Fiscalía».
Una profunda inquietud en el ICAM
Por otro lado, el decano no ha querido pasar por alto que esto ha sido rechazado por todas las asociaciones de jueces, lo que refleja la «falta de consenso la deficiente calidad técnica del texto» ya que presentarla como proposición de ley, «sin los informes y análisis preceptivos, reduce la calidad del debate legislativo y limita la transparencia en el proceso normativo».
Asimismo, el decano de ICAM ve clave recordar que, mientras Europa refuerza los derechos de los ciudadanos frente a abusos judiciales, la propuesta española «parece limitar la capacidad de los ciudadanos para actuar frente a posibles irregularidades del poder público». En concreto, esta iniciativa «difiere radicalmente» de lo que se conoce como Directiva Anti-SLAPP, que busca proteger a ciudadanos, periodistas y ONGs de litigios abusivos en procesos civiles.
Por último, desde el ICAM insisten en que cualquier reforma debe basarse en un debate abierto y plural sin responder a intereses particulares o coyunturales.
«Las garantías institucionales y la imparcialidad judicial son pilares que no deben ser sacrificados». Por lo que hacen un llamado al legislador para que reconsidere la propuesta y otro al Gobierno para que promueva un debate riguroso que fortalezca la democracia y respete los principios constitucionales de participación y control ciudadano.
