Malestar en el Supremo por el artículo del Anteproyecto de Ley que dejaría fuera a Martínez Arrieta y a Lucas Murillo de la Cueva de las presidencias de Sala
Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo de la Cueva son los dos grandes perjudicados por la redacción del artículo 342 del Anteproyecto de Ley Orgánica que ha aprobado el Consejo de Ministros. Fotos: Confilegal.

Malestar en el Supremo por el artículo del Anteproyecto de Ley que dejaría fuera a Martínez Arrieta y a Lucas Murillo de la Cueva de las presidencias de Sala

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22/1/2025 00:45
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Actualizado: 22/1/2025 01:04
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La sensación que existe en el Tribunal Supremo es que el artículo 342 del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, «para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal» –aprobado ayer en el Consejo de Ministros– es un artículo «ad hominem» (contra la persona; en este caso contra dos personas).

Porque parece estar redactado para descarrilar las candidaturas de los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, que aspiran a ocupar, de un modo definitivo, las presidencias de las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que en estos momentos ocupan de modo provisional, por ser los más antiguos.

Martínez Arrieta cumplirá el 13 de abril próximo 70 años, la edad de jubilación de los magistrados. Pero podría prolongar su carrera en la judicatura 2 años, 2 meses y 21 días de servicio activo –a contar desde hoy–, con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este magistrado es el número 1 del escalafón de la carrera judicial a día de hoy.

Pablo Lucas Murillo de la Cueva, por su parte, tiene 70 años. El próximo 13 de julio cumplirá 71. Y le quedaría 1 año, 5 meses y 20 días, también a contar desde hoy. Ocupa el número 4 del escalafón.

TORPEDO EN LA LÍNEA DE FLOTACIÓN

La redacción del artículo 342 supone un torpedo en la línea de flotación de sus aspiraciones. Así el punto 1 dice: «Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo se nombrarán, por un período de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con tres años de servicios en la categoría. No podrán ser nombrados aquellos Magistrados que, por el tiempo que les falte para la jubilación, no puedan cumplir completo el mandato de cinco años».

Ni Martínez Arrieta ni Lucas Murillo de la Cueva, dos prestigiosos magistrados, podrían aspirar a terminar su último periodo en el Supremo ostentando el cargo de presidente de Sala.

Pero la cosa no queda ahí. El punto 2 del mismo artículo reza: «Durante el tiempo en que las presidencias de las Salas del Tribunal Supremo estén vacantes, dichas presidencias serán desempeñadas por el miembro de la Sala que proponga por mayoría de sus miembros la comisión de calificación«.

En la actualidad, cuando el cargo queda vacante el miembro de la Sala más antiguo ocupa ese puesto. Así ha ocurrido recientemente cuando Manuel Marchena llegó al final de su segundo mandato de cinco años en la Sala de lo Penal del Supremo, el 5 de diciembre pasado. Mártínez Arrieta, el miembro más veterano, pasó a asumir la responsabilidad de la Presidencia en funciones.

En el caso de Lucas Murillo de la Cueva, la asunción de esa responsabilidad se remonta al 31 de diciembre de 2022, tras la salida de César Tolosa para formar parte del Tribunal Constitucional.

Las fuentes consultadas consideran «alienígena» la entrada en escena de la Comisión de Calificación del CGPJ. Dicha Comisión está formada por cinco miembros: José Antonio Montero Fernández (presidente), Ángel Ramón Arozamena Laso, María Pilar Esther Rojo Beltrán, Inés María Herreros Hernández y Ricardo Bodas Martín. Son tres progresistas –Arozamena, Herreros y Bodas– y dos conservadores –Montero y Rojo–.

La mayoría, por lo tanto, es ostentada por los primeros.

LA ANOMALÍA DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN EN EL SUPREMO

También estiman que es una anomalía ya que sus competencias son las de analizar y emitir informes sobre los candidatos, valorar los méritos de los jueces y magistrados que opten a promociones, ascensos o concursos de traslado, asesorar en cuestiones organizativas relacionadas con la estructura y funcionamiento del poder judicial y actuar como órgano consultivo en temas relacionados con la carrera judicial o la designación de puestos clave en la judicatura.

La Comisión de Calificación no dispone de la capacidad ejecutiva que ahora parece conferirle el anteproyecto de Ley. Dicha capacidad ejecutiva es propia de la Comisión Permanente y del Pleno del CGPJ.

Este mismo artículo tiene dos párrafos más: «En ningún caso podrá ser propuesto ningún miembro de la Sala que hubiese presentado candidatura a dicho cargo. Si estuviera en el ejercicio del cargo una persona candidata, deberá cesar en el ejercicio del cargo, debiendo efectuar nueva propuesta la comisión de calificación».

Es decir, con esta redacción, tanto Martínez Arrieta como Lucas Murillo de la Cueva, en caso de haber sido más jóvenes, habrían tenido que renunciar a seguir provisionalmente al frente de las presidencias de las respectivas salas.

Los dos bloques, el conservador y el progresista, siguen negociando la renovación de las presidencias de las Salas de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.

Es cierto que hasta que dicho Anteproyecto pase por las fases de la crisálida –proyecto de ley y ley–, no estará vigente. Pero condiciona. La interpretación mayoritaria es que cuando se ha iniciado un proceso como este, la ley no se podría aplicar de forma retroactiva. Es una interpretación. Como se suele decir, «doctores tiene la Iglesia»; lo que parece mayoritario hoy puede convertirse en lo contrario dentro de un rato.

Y cuanto más tiempo se tarde en el CGPJ en llegar a un acuerdo para la elección de las personas que presidirán específicamente las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo, más fácil será que las dos candidatas del bloque progresista –Ana María Ferrer, de 65 años, para la primera Sala; y Pilar Teso, de 64 años, para la Sala Tercera– obtengan el nombramiento al no haber más rivales.

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