La plataforma de envíos urbanos Stuart ha puesto fin a su actividad de reparto en España debido a la pérdida de competitividad frente a otras empresas que continúan operando con modelos no adaptados a los requisitos de la denominada Ley Rider.
Fundada en 2015, la empresa conecta a negocios de diversos sectores—como restaurantes, supermercados, tiendas minoristas y servicios profesionales—con una flota de repartidores independientes para ofrecer servicios de entrega exprés, en el mismo día o programadas.
Operando en más de 100 ciudades europeas, Stuart ha trabajado con una amplia gama de clientes, incluyendo grandes multinacionales como Carrefour, Franprix, Sainsbury’s, Burger King, The Kooples y Cdiscount.
La compañía ha justificado su salida del mercado español en la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones, lo que llevó a la empresa a ejecutar un despido colectivo que afectó a más de 240 trabajadores en abril del año pasado.
El proceso, que incluyó la extinción de contratos de repartidores y parte del personal de oficina, manteniendo únicamente un centro tecnológico en Barcelona, concluyó sin acuerdo tras semanas de intensas negociaciones con los representantes de los trabajadores. La falta de consenso llevó a la impugnación del despido colectivo, dando lugar a un litigio ante la Audiencia Nacional.
En enero de 2025, el tribunal dictó sentencia y avaló la decisión de Stuart, declarando el despido colectivo ajustado a derecho y validando el procedimiento seguido por la empresa.
Para llevar a cabo este proceso, Stuart contó con el asesoramiento legal de DLA Piper, despacho que ha representado a la compañía en distintos litigios laborales, inspecciones de trabajo y asuntos estratégicos. El equipo de derecho laboral de DLA Piper estuvo liderado por Paz de la Iglesia, socia responsable en España, y Raúl Torres, Legal Director.
