El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respondió con contundencia al plantón de los consejeros de Justicia del Partido Popular en la Conferencia Sectorial celebrada este viernes en Barcelona.
Según afirmó, «no hay ninguna base» para su protesta, ya que el Gobierno ha transferido 325 millones de euros a las Comunidades Autónomas que tienen la competencia de Justicia plenamente transferida.
Además especificó después, a través de su cuenta en la red social X, que se habían distribuido de la siguiente forma: Andalucía 65,5 millones de euros, Aragón 14,7 millones, Cantabria 8 millones, Madrid 50,6 millones, Valencia 42,2 millones, Galicia 18,9 milllones y La Rioja 3,7 millones.
Durante su intervención pública, Bolaños calificó de «muy pobres, muy baratas» las excusas esgrimidas por los responsables autonómicos del PP para justificar su inasistencia.
En su opinión, resulta injustificable que utilicen la financiación como argumento para ausentarse de una reunión clave.
La sesión, recordó, tenía como objetivo abordar la implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, una norma que busca modernizar y agilizar la administración de justicia en todo el territorio.
«El Partido Popular abandona a los ciudadanos, abandona la institucionalidad y se convierte en lo que es: un partido absolutamente ajeno a las instituciones, con comportamientos ultras como el de hoy», ha declarado con severidad.
Bolaños elevó aún más el tono al afirmar que el PP está instalado en lo que ha llamado «gamberrismo institucional absoluto» y trazó un paralelismo directo con Vox. «Se parecen como dos gotas de agua», sentenció, lamentando lo que considera una deriva del principal partido de la oposición hacia posiciones radicales que, a su juicio, deterioran la política institucional y perjudican a los ciudadanos.
El ministro ha reprochado al PP que utilice las instituciones como herramienta de confrontación partidista y les ha exigido que regresen a la senda del diálogo y del compromiso con el interés general. «Hoy hemos perdido una oportunidad de trabajar por una justicia más eficiente, más cercana y más útil para los ciudadanos», concluyó.
EL CONSEJERO ANDALUZ LE RECUERDA QUE LOS 325 MILLONES DE EUROS FUERON PARA LA DIGITALIZACIÓN NO PARA LA LEY DE EFICIENCIA
El consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, desmontó uno de los principales argumentos del ministro Félix Bolaños para justificar la ausencia de financiación específica para la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Según denunció, los 325 millones de euros a los que se refiere el Ministerio no tienen nada que ver con esta reforma estructural, sino que proceden de fondos europeos asignados en 2021 para proyectos de digitalización judicial.
“Es falso que se haya financiado esta ley. Esos fondos se repartieron obligatoriamente a todas las comunidades autónomas y están destinados a cuestiones como la implantación del sistema DICIREG en los registros civiles. No sirven para cubrir los costes de esta transformación”, subrayó Nieto desde Barcelona, tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Justicia a la que Andalucía y otras comunidades gobernadas por el PP han decidido no asistir en señal de protesta.
El consejero andaluz insistió en que la reforma impuesta por el Ministerio carece de memoria económica y que las comunidades están asumiendo en solitario su implementación.
Solo en Andalucía, subrayó, la primera fase supondrá 60 millones de euros, entre obras en sedes judiciales, creación de plazas de funcionarios y reestructuración de plantillas.
A eso se añade el nuevo coste derivado de la obligatoriedad de la mediación previa a los procesos civiles y mercantiles, que también asume la Junta desde enero de 2024.
“La mayor transformación del sistema judicial en décadas no puede financiarse con partidas que ya estaban comprometidas para otros fines. Es una manipulación hablar de los 325 millones como si fueran nuevos recursos para esta ley”, recalcó Nieto. Y pidió al Ministerio que deje de ocultarse tras cifras que, asegura, “no se corresponden con la realidad”.
En este contexto, reclamó una verdadera cogobernanza y una financiación adecuada para una reforma que, en palabras del consejero, “es necesaria, pero no puede salir gratis a costa de los recursos autonómicos”.
