La Universidad de Harvard ha demandado al Gobierno de Donald Trump por congelar 2.200 millones de dólares en financiación federal, alegando presuntas conductas antisemitas. En su escrito, presentado ante un tribunal federal, la institución sostiene que la medida vulnera la Primera Enmienda, al atentar contra la libertad de expresión y la autonomía académica.
El litigio señala directamente a varios altos cargos del Gobierno, incluidos el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Educación, Linda McMahon, a quienes acusa de instrumentalizar el antisemitismo como pretexto para ejecutar una «acción ilegal» de carácter político e ideológico.
«El intento del Gobierno de coaccionar y controlar a Harvard ignora los principios fundamentales de la Primera Enmienda», señala el escrito judicial.
«Las consecuencias de esta extralimitación serán graves y duraderas», advirtió el presidente de la universidad, Alan Garber, quien subrayó que la suspensión de fondos afectará directamente a proyectos clave de investigación sobre el cáncer, el alzhéimer, el párkinson o la esclerosis múltiple.
Garber, quien se identifica como judío, reconoció la preocupación legítima por el auge del antisemitismo, pero sostuvo que «abordarlo eficazmente requiere comprensión, intención y vigilancia, no represión ni censura».
Exigencias ideológicas y amenaza fiscal
La tensión entre Harvard y la Casa Blanca se intensificó tras la negativa de la universidad, el pasado 14 de abril, a acatar una serie de condiciones impuestas por la Administración para evitar el recorte de fondos.
Entre esas exigencias figuraban el desmantelamiento de programas de diversidad, la vigilancia ideológica de estudiantes extranjeros y la revisión de actividades académicas consideradas por el Gobierno como contrarias a la «diversidad de ideas».
En respuesta, el presidente Trump no solo ordenó congelar los fondos existentes, sino que amenazó con eliminar la exención fiscal de Harvard.
A esta medida se ha sumado la cancelación, el pasado viernes, de 2.700 millones en ayudas adicionales por parte del Departamento de Seguridad Nacional, que también ha exigido un registro de «actividades ilegales y violentas» cometidas por estudiantes internacionales.
Según el Wall Street Journal, el Gobierno contempla recortar otros 1.000 millones de dólares adicionales, esta vez destinados a investigación en salud.
Un frente común universitario
Harvard no está sola en esta disputa. Columbia y Princeton, también bajo el escrutinio del llamado Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo creado por Trump, han visto igualmente amenazada su financiación por aplicar políticas de discriminación positiva, aunque Columbia accedió a las condiciones para preservar 400 millones en fondos.
Por ello, en respuesta a esta escalada de la Administración Trump, más de un centenar de rectores y responsables de universidades y sociedades académicas —entre ellas Harvard, Yale, Princeton, American University, el Vassar College y la Universidad de Boston, entre otros, — han firmado este martes una declaración conjunta, en la que acusan al Gobierno de ejercer una “interferencia política sin precedentes” en la autonomía universitaria.
«Nos pronunciamos al unísono contra la extralimitación gubernamental», dice el texto, respaldado por la Asociación Americana de Colegios y Universidades.
«Estamos abiertos a reformas constructivas y no nos oponemos a la supervisión legítima, pero debemos resistir la intromisión indebida del Gobierno en la vida de quienes estudian, viven y trabajan en nuestros campus».
