La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial que aprueba el modelo de declaración del IRPF para el ejercicio 2024.
Lo hace con un objetivo claro: que se plantee ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad por el tratamiento singular —y, a su juicio, discriminatorio— que el Gobierno ha impuesto a los mutualistas en el proceso de devolución del IRPF indebidamente ingresado.
El conflicto arranca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en 2023 reconoció el derecho de miles de jubilados a recuperar parte del IRPF pagado por aportaciones a antiguas mutualidades.
Pero, en lugar de establecer un procedimiento ágil y general para materializar esa devolución, el Ejecutivo optó por un sistema excepcional, con reglas específicas para este colectivo, un calendario de pagos diferido hasta 2029 y una tramitación individualizada ejercicio por ejercicio.
CARECE DE JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
Para AEDAF, esta vía extraordinaria carece de justificación normativa, restringe los mecanismos ordinarios de devolución previstos en la Ley General Tributaria y vulnera principios constitucionales como la igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución), la interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 CE), la seguridad jurídica o la confianza legítima.
“Nos encontramos ante una normativa que impone un trato discriminatorio y arbitrario a un colectivo concreto de contribuyentes, sin base legal ni causa que lo justifique”, afirman desde la Asociación.
La Orden Ministerial impugnada —dicen— no solo ignora resoluciones judiciales firmes que declararon exentas las cantidades afectadas, sino que añade incertidumbre.
Y recuerdan que las declaraciones públicas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que prometían una reforma legal para eliminar este trato singular, no se han traducido en ninguna medida concreta.
Por ello, AEDAF pide a la Audiencia Nacional que examine si este régimen especial vulnera el bloque de constitucionalidad y, en su caso, eleve la cuestión al Tribunal Constitucional.
Reivindican así el respeto a la legalidad, a la equidad y a la seguridad jurídica como pilares esenciales del Estado de Derecho en materia tributaria.
