Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla constata irregularidades en la contratación de 84 personas en la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE), entre ellas la esposa del portavoz socialista en el Senado y ex secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas.
El citado informe de la UCO recoge contrataciones «arbitrarias» en el seno de la FAFFE, sin la convocatoria de procesos de selección donde se hubieran tenido en cuenta los principios generales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad recogidos en la normativa estatal y autonómica relativa a fundaciones públicas, así como en el convenio colectivo.
Entre las contrataciones analizadas se encuentra la de Carmen Ibanco, esposa de Juan Espadas, ahora portavoz socialista en el Senado y exsecretario general de su partido en Andalucía, quien habría promocionado «de manera arbitraria» en la FAFFE, según indica el atestado adelantado por ‘Diario de Sevilla’.
Además indica que la investigada poseía una «privilegiada posición de partida» frente al resto de los interesados en diferentes ofertas de trabajo.
En el caso de Ibanco, quien se acogió a su derecho a no declarar al ser citada por los agentes de la Guardia Civil, se habría además producido -añade- una promoción profesional interna de la que no existe constancia documental, ni de la convocatoria ni de un nuevo proceso de selección.
La denuncia por estos contratos llegó de la mano del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), organización especialmente combativa en este caso que ha conseguido ahora, años después, que la Guardia Civil confirme lo que ellos ya sospechaban: casi un centenar de enchufados en los que entonces se conoció como la «administración paralela» de la Junta.
Cabe recordar, que tanto estos 84 enchufados según el informe de la UCO como el resto de empleados de la FAFFE-llegaron a ser casi 1.700 personas- se acabaron integrando dentro del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuando el Gobierno del también socialista José Antonio Griñán -señalado por el caso de los ERE- disolvió la entidad.
Un amplio atestado
La UCO ha entregado al juzgado instructor un extenso atestado en el que analiza al detalle múltiples expedientes de contratación de la extinta FAFFE. El documento, remitido hace dos semanas, es tan voluminoso que el juzgado advierte de posibles problemas de capacidad en su notificación electrónica.
Esta fundación pública ya estuvo en el centro de otra causa que concluyó con la condena de su exdirector, Fernando Villén, por pagos en prostíbulos con tarjetas de la entidad. Villén ha sumado recientemente una nueva condena por la contratación irregular del exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres.
