La Ley de Amnistía cumple su primer aniversario con más de 300 personas beneficiadas por su aplicación, pero sin que los principales líderes del ‘procés’ hayan logrado borrar sus cuentas con la justicia.
Un año después, Carles Puigdemont sigue prófugo en Bélgica; Oriol Junqueras, inhabilitado hasta 2031.
Ambos, a la espera de que se resuelva el pulso judicial entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en una contienda con derivadas también en Europa.
La posibilidad de amnistiar el ‘procés’ cobró fuerza tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y cristalizó, por primera vez, en el acuerdo entre Junts y el PSOE dado a conocer el 9 de noviembre de 2023, donde ya figuraba una ley de amnistía.
El texto trascendió poco después, el 13 de noviembre, pero fue enmendado y remendado una y otra vez en el trámite parlamentario hasta su aprobación definitiva el 30 de mayo de 2024.
Entró en vigor el 11 de junio, tras las elecciones europeas.
El primer beneficiado fue el exconsejero Miquel Buch, indultado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) apenas dos semanas después.
Golpe de realidad del Supremo
Sin embargo, el golpe de realidad llegó el 1 de julio. Tanto el tribunal del ‘procés’, presidido por Manuel Marchena, como el instructor Pablo Llarena, rechazaron aplicar la amnistía a los casos de malversación vinculados al referéndum del 1-O.
Argumentaron que hubo beneficio personal —uso de fondos públicos sin propósito general— y afectación a los intereses financieros de la UE.
Entonces, la magistrada Ana Ferrer discrepó con un voto particular que ahora sustenta parte de los recursos ante el Tribunal Constitucional.
Precisamente, el foco está ahora en el TC, que se prepara para dictar la primera sentencia sobre la ley en respuesta al recurso del PP.
La ponencia, firmada por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, comenzará a debatirse a partir del 24 de junio.
La mayoría progresista rechaza las maniobras impulsadas por la minoría conservadora para aplazar la decisión hasta que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas por varios tribunales.
La situación de Puigdemont y Junqueras no cambiaría automáticamente
Una eventual validación por parte del TC no cambiaría automáticamente la situación de Puigdemont ni la de Junqueras.
El Supremo considera que su exclusión de la amnistía deriva de la propia ley, no de su constitucionalidad. Por tanto, previsiblemente mantendrán tanto las órdenes de detención internacionales como las penas de inhabilitación.
Aun así, tampoco se descarta que el Supremo, llegado el momento, recurra al TJUE para blindar su interpretación frente a una eventual sentencia del TC favorable a los líderes del ‘procés’.
Un camino que ya han iniciado otros tribunales españoles, como el TSJM y, en perspectiva, la Audiencia de Sevilla.
Un año después, la ley de amnistía sigue siendo un campo de batalla jurídica y política abierto, con un desenlace que todavía se juega en los altos tribunales nacionales y europeos.
