El Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. Una norma que aún no ha visto la luz, pero que ya cuenta con importantes críticos y detractores. Entre ellos, las propias asociaciones de jueces y fiscales, que han mostrado su desacuerdo con el proyecto Ley.
Así pues, la mayoría de las asociaciones han asegurado, entre otros, que esta normativa supondría una vulneración de la separación de poderes y del Estado de Derecho.
Valoración que hacen ante la regularización extraordinaria de los jueces sustitutos a la carrera Judicial. Y también ante la decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de convertir al Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en un espacio público para que los preparadores ayuden a los futuros opositores.
Críticas que fuentes del Gobierno señalan que no son nuevas. Y es que se deben, tanto al inmovilismo histórico del sector judicial, como a la falta de información sobre la reforma propuesta desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En concreto, destacando un decálogo de «bulos» que, según fuentes gubernamentales han asegurado, rodean a la aprobación de la Ley Orgánica sobre la Carrera Judicial y Fiscal.
El «decálogo de bulos» de la carrera judicial y fiscal, según el Gobierno
PRIMERO: La nueva norma tiene por finalidad incluir a jueces afines al Gobierno. Falso, según fuentes del Gobierno. Lo niegan en rotundo. Aseguran que esta medida viene dictada por las obligaciones europeas de acabar con la precariedad de los jueces sustitutos. Ello, bajo amenaza de sanción. Jueces que actualmente han sido seleccionados por TSJ y CGPJ.
SEGUNDO: Va a desaparecer el actual proceso de oposición. Falso. El Ejecutivo niega que desaparezca el proceso de oposición. Al contrario, destaca que se hace aún más exigente. Ello, a través de la aparición, además del examen oral, de un examen escrito. anónimo e igual para todos los candidatos.
TERCERO: El tercer examen, la elaboración de un informe, no supone un proceso más subjetivo que la oposición. Falso. El Gobierno destaca que lo subjetivo es, en su lugar, el sistema actual, de cantar los temas, y que sean elegidos por sorteo.
CUARTO: Esta nueva ley que modifica la carrera judicial y fiscal perjudica a los opositores. Falso, según estas mismas fuentes. Al contrario. No los perjudica en absoluto. Y es que el proceso de regularización extraordinaria tiene sus propias plazas, no afecta, por lo tanto, a los opositores
QUINTO: El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) va a politizar a los preparadores. El Ejecutivo asegura que no habrá «cuerpo de preparadores». Así pues, el plan de un CEJ público pasa por otorgar espacios a los preparadores que ya hacen este trabajo. Sin control ideológico, pero sí con regulación tributaria.
SEXTO: La norma perjudica a las últimas promociones. No es así. Según aseguran fuentes gubernamentales, los que entren a través del proceso de estabilización exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entrarán por detrás de los opositores. Nadie se verá perjudicado. Los años de antigüedad únicamente se les reconocerá para poder formar parte de procesos de selección del CGPJ.
SÉPTIMO: Las asociaciones de jueces y fiscales, por lo que se refiere a su financiación privada, no se van a ver afectadas. De acuerdo con el Ejecutivo, no se pretende atacar su operatividad. Por el contrario, aseguran y garantizan su apariencia y prestigio a través de la financiación pública y de sus afiliados. Con ello se evitará que los jueces financiados por entidades privadas luego emitan sentencias contra estas mismas empresas.
OCTAVO: La reforma de la Comisión de Ética del CGPJ será una injerencia del Poder Legislativo. El gobierno niega la mayor y asegura que solo será una ampliación de dicha comisión, con más conocimiento, a través de cuatro catedráticos de ética y filosofía de Derecho.
NOVENO: La reforma «afecta al Estado de Derecho». No es así, e instan a leer la norma con atención.
DÉCIMO: Con el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se pretende «colocar» al Álvaro García Ortiz. No es así. Las mismas fuentes recuerda que la norma no entraría en vigor hasta 2028. En esa fecha no será posible hacerlo ya que García Ortiz habría cumplido dos mandatos. Y, además, sería un año después de la nueva convocatoria española a las urnas.
