El Gobierno de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García Page ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno interponer un recurso de inconstitucionalidad al real decreto-ley del Gobierno que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, y que supone la llegada de 500 niños a Castilla-La Mancha, por falta de financiación.
Así lo ha anunciado la consejera portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de que se ha dado luz verde a este recurso tras haber recibido el informe del Consejo Consultivo sobre este real decreto-ley, que «se ha aprobado sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno» y que «viene además sin compensación económica, sin financiación y, por lo tanto, pone en grave riesgo la garantía del interés superior del menor».
El pasado 14 de abril, Page ya anunció la intención de su Gobierno de recurrir. En ese momento, calificó el decreto de reparto de menores no acompañados de «barbaridad» y «atropello lamentable».
Padilla ha argumentado que «No recurrimos para no atender. Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios», y ha reclamado 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades para atender a los menores migrantes no acompañados.
El recurso de inconstitucionalidad no es el primero que presenta su Ejecutivo de Castilla-La Mancha contra leyes del Gobierno nacional. La Junta de Comunidades ya interpuso en marzo otro contra el impuesto a la banca, considerando que hace a España «más desigual».
