El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado al Congreso de los Diputados la suspensión inmediata de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 en los procedimientos de familia que afecten a menores de edad.
A través de una proposición no de ley registrada este martes por el decano Eugenio Ribón y la vicedecana Isabel Winkels, el ICAM denuncia los efectos “lesivos” que la norma está generando en los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
La institución madrileña advierte de que la imposición obligatoria de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), prevista en la nueva ley, está provocando retrasos injustificados, un aumento de la litigiosidad, disparidad de criterios entre juzgados y una alarmante inseguridad jurídica.
Lo que según ellos, está derivando en una “situación de desprotección flagrante” para los menores implicados en procesos de especial sensibilidad como la custodia, el régimen de visitas o las pensiones de alimentos.
Honda preocupación por los menores
La iniciativa parlamentaria va acompañada de una carta remitida a los portavoces de los grupos parlamentarios en la que la Junta de Gobierno del ICAM expresa su “honda preocupación por las consecuencias que ya está generando la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025” y les solicita que asuman y promuevan la proposición. El objetivo es abrir una vía de reforma que permita “garantizar la protección efectiva de los más vulnerables”, subraya el documento.
“Los procedimientos de familia son absolutamente específicos, tienen una tramitación radicalmente distinta a cualquier procedimiento ordinario”, ha explicado Isabel Winkels a las puertas del Congreso. “Son procedimientos especiales que no se pueden trocear. Tienen que tener una continuidad y una atención específica”.
Winkels ha insistido en que debe ser un mismo juez quien conozca tanto de las medidas provisionales como del fondo del asunto, “con pruebas psicosociales y forenses que requieren continuidad”.
La vicedecana también ha advertido que la actual configuración del procedimiento ignora “la realidad dinámica y cambiante de las crisis familiares”, y que, en consecuencia, “la eficiencia tal y como está proyectada no es aplicable a procedimientos con esta movilidad”.
Interés superior del menor
En ese sentido, ha reclamado que se suspenda la aplicación de la ley en estos casos y que se “replantee el procedimiento, de manera que se proteja de verdad el interés superior del menor. Un interés que se nos llena la boca al proclamar, pero que en la práctica está siendo claramente vulnerado”.
La proposición no de ley apunta además a diversas deficiencias técnicas y omisiones normativas, como la falta de adecuación entre la nueva norma y los procesos especiales recogidos en el Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o los problemas derivados de la aplicación del sistema MASC cuando una de las partes reside en el extranjero, lo que puede comprometer la competencia de los tribunales españoles.
Por todo ello, el ICAM no solo pide la paralización de la norma en el ámbito de familia con menores, sino también una revisión integral que permita corregir las disfunciones detectadas y dotar al sistema de justicia de mecanismos realmente eficaces y sensibles a la urgencia de estos procesos.
“La gravedad y urgencia de la situación exige una respuesta institucional inmediata, orientada a garantizar la protección efectiva de los más vulnerables y a dotar a la Administración de Justicia de los mecanismos adecuados en un ámbito tan sensible como este”, ha concluido el decano Eugenio Ribón.
