Un agente de la Guardia Civil finalmente ha sido indemnizado con los 111.845,58 euros que le adjudicó la justicia por las lesiones sufridas durante una intervención en La Mojonera (Almería), en noviembre de 2020, cuando impidió un robo en una vivienda.
La compensación ha sido abonada por la Administración General del Estado, tras probarse y verificarse la insolvencia del condenado.
Aunque el reconocimiento judicial de la indemnización se alcanzase en septiembre de 2023 gracias a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Almería, el agente no había podido recibir la compensación económica que allí se declaraba hasta fechas recientes debido a que el condenado se declaró insolvente.
«El hecho de que el agresor demostrase su incapacidad para cumplir con sus obligaciones financieras provocó que tuviésemos que reclamar la cuantía indemnizatoria a la Administración General del Estado en base a la normativa específica de cobertura a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», explica Fran Peláez, abogado de PenalTech y responsable de la asesoría jurídica de Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), a la que pertenece el agente.
Los graves incidentes ocurrieron el 21 de noviembre de 2020, en plena pandemia, cuando el acusado, en compañía de otra persona que no fue identificada, entró en dos viviendas de la localidad almeriense de La Mojonera con el ánimo de sustraer los objetos de valor que allí encontrase.
EL DELINCUENTE INTENTÓ HUIR PERO EL GUARDIA CIVIL LE FRENÓ
Alertado por la rápida actuación de una patrulla de la Guardia Civil, el acusado intentó huir del lugar de los hechos, pero el agente frenó su huida, no sin recibir por parte del agresor un fuerte empujón, haciéndole caer al suelo y ocasionándole unas lesiones que requirieron de 437 días de tiempo de estabilización.
El Juzgado de lo Penal n.º 2 de Almería dictó sentencia en septiembre de 2023, condenando al autor por tres delitos: robo con fuerza en grado de tentativa (1 año y 8 meses de prisión), atentado contra agente de la autoridad (6 meses de prisión) y lesiones (multa de 720 euros). Además, se le impuso el pago de la citada indemnización, que nunca llegó a abonar por carecer de recursos.
Ante esta situación, el abogado de PenalTech y responsable de la asesoría jurídica de APROGC, Fran Peláez, activó el mecanismo previsto en la normativa de protección de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reclamando la indemnización al Estado.
«Desde el inicio, este asunto nos ha exigido mucha dedicación y esfuerzo en el despacho», comenta el abogado de APROGC. «El caso se archivó en instrucción y, tras lograr la sentencia favorable a los intereses de nuestro cliente, nos tuvimos que enfrentar al obstáculo de la declaración de insolvencia del condenado», añade Peláez.
«Sin embargo, la Administración ya ha abonado la cuantía íntegra al agente y, ahora sí, junto al incansable apoyo de la Asociación, podemos evidenciar nuestra satisfacción total al confirmar que el asociado ya ha sido resarcido conforme a la resolución judicial dictada en 2023″, concluye el letrado.
