Opinión | Una reforma para agilizar los pagos derivados de los pleitos por cláusulas abusivas

Debe tenerse presente que la justicia, en su núcleo, trasciende la mera emisión de una sentencia firme; su verdadera medida radica en la materialización oportuna de los derechos reconocidos, sin demoras que erosionen la confianza en el sistema judicial.

En España, la gestión de los fondos en cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, particularmente en litigios por cláusulas abusivas, enfrenta desafíos que, aunque no derivan de una gestión indebida, requieren soluciones estructurales para garantizar la agilidad en la ejecución de resoluciones.

La propuesta de reforma que aquí se presenta busca abordar estas cuestiones con un enfoque que equilibra la eficiencia operativa con el respeto a la labor de los Letrados de la Administración de Justicia, cuya dedicación queda reflejada en datos objetivos.

Este análisis se articula en tres ejes: el diagnóstico de la situación actual, la propuesta normativa para optimizar la ejecución y la necesidad de un diálogo institucional que evite malentendidos y fomente soluciones integrales.

La gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales

Las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, diseñadas para asegurar el cumplimiento de resoluciones firmes, han sido objeto de críticas que no siempre reflejan la realidad operativa, como se deduce de una proposición presentada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Según el informe “El Letrado de la Administración de Justicia en cifras” de 2023, en un contexto marcado por adversidades como la huelga de Letrados, se gestionaron 6.548 millones de euros en ingresos y 6.665 millones en salidas, alcanzando un nivel de ejecución del 101,8% respecto a lo ingresado.

Estos datos, respaldados por el servicio estadístico del Consejo General del Poder Judicial, demuestran una gestión eficiente, con años como 2017, 2019 y 2023 en los que las salidas superaron los ingresos.

Hablar de “retención injustificada” de fondos, como han sugerido algunas voces, ignora esta evidencia y desconoce el compromiso de los Letrados, quienes operan bajo condiciones de saturación y limitaciones tecnológicas.

Sin embargo, no se puede negar que persisten desafíos. Los 4.800 millones de euros inmovilizados en estas cuentas, correspondientes a diferentes conceptos, reflejan un sistema que, aunque funcional, enfrenta cuellos de botella estructurales.

«La justicia no se completa con una sentencia, sino con la satisfacción efectiva de los derechos reconocidos. Lograr este objetivo requiere un esfuerzo colectivo que trascienda las críticas superficiales y apueste por soluciones estructurales».

La falta de recursos humanos suficientes, la obsolescencia de ciertos sistemas de gestión procesal y la complejidad de algunos procedimientos de ejecución contribuyen a demoras que afectan a los beneficiarios.

Estos problemas no derivan de una actuación negligente, sino de limitaciones sistémicas que requieren una respuesta normativa y tecnológica, no una crítica simplista a la labor de los Letrados.

En el ámbito de las cláusulas abusivas, la necesidad de agilidad es particularmente acuciante. Los consumidores, protegidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, esperan que la declaración de nulidad de una cláusula se traduzca en una restitución inmediata.

Las demoras en la ejecución, aunque no imputables a los Letrados, generan una percepción de ineficacia que puede debilitar la confianza en el sistema judicial. La reforma propuesta se centra en abordar estas limitaciones sin menoscabar el esfuerzo de quienes gestionan las cuentas de consignación.

La propuesta de reforma a fin de dar una solución estructural para pagos ágiles en litigios por cláusulas abusivas

La reforma que propongo, diseñada para fortalecer el sistema judicial, se articula en torno a la modificación del artículo 571 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con un enfoque específico en los casos de cláusulas abusivas.

La propuesta establece lo siguiente:

«Cuando el ejecutado sea un empresario o entidad que deba una cantidad de dinero al consumidor por la declaración de nulidad de cláusulas abusivas, con independencia de la naturaleza judicial o extrajudicial de la misma, el ejecutado tendrá el deber de abonar el dinero de forma directa en la cuenta designada por el ejecutante y, en caso de no realizarse en tal modo, se procederá con arreglo al artículo 709.2 de esta ley, pudiendo imponerse una o varias multas coercitivas sin perjuicio de las costas que correspondan y de la imposición de una multa por abuso del servicio público de justicia con arreglo al artículo 247».

Esta medida persigue simplificar el proceso de ejecución, eliminando pasos intermedios que, aunque necesarios en otros contextos, pueden generar demoras en casos de cláusulas abusivas, pues no hay Letrados de la Administración de Justicia para tantos pagos a hacer por pleitos derivados de conflictos sobre la materia.

Al ordenar el pago directo, se reduce la carga de trabajo sobre los órganos judiciales y se garantiza que los consumidores reciban las cantidades reconocidas en un plazo razonable.

Las sanciones previstas actúan como un mecanismo disuasorio contra prácticas dilatorias por parte de las entidades deudoras, reforzando la protección del consumidor sin imponer cargas desproporcionadas a los Letrados.

Además, la reforma podría ir acompañada de la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar la gestión de los pagos, como la integración de sistemas de inteligencia artificial que ya está impulsando el Ministerio de Justicia.

Estas herramientas, combinadas con un refuerzo de personal, permitirían agilizar los procedimientos sin comprometer la transparencia ni la rendición de cuentas.

Equilibrando innovación y reconocimiento institucional

La propuesta de reforma no puede servir para cuestionar la labor de los Letrados de la Administración de Justicia, cuya eficiencia está avalada por datos objetivos. Por el contrario, es indispensable reconocer su esfuerzo y aboga por dotarlos de los recursos necesarios para enfrentar los desafíos actuales.

La modernización tecnológica, como la integración de sistemas de inteligencia artificial en la gestión de cuentas, es un paso en la dirección correcta, pero debe complementarse con un aumento de personal y una revisión de los procedimientos más complejos.

Estas mejoras estructurales, más que medidas punitivas o críticas infundadas, son la clave para garantizar una justicia ágil y confiable.

La controversia generada por la iniciativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que ha sugerido una retención injustificada de fondos, pone de manifiesto la necesidad de un diálogo institucional.

Las críticas que no consideran los datos objetivos ni las limitaciones operativas de los Letrados de la Administración de Justicia corren el riesgo de generar tensiones innecesarias, cuando lo que se requiere es una colaboración estrecha entre todos los actores del sistema judicial. Mi propuesta, al centrarse en soluciones prácticas y respetuosas con la labor de los Letrados, busca tender puentes hacia un consenso que beneficie a los ciudadanos y fortalezca la confianza en la justicia.

Conclusión en torno al compromiso con una Administración de Justicia operativa

La agilización de los pagos derivados de pleitos por cláusulas abusivas exige reformas que combinen innovación normativa, modernización tecnológica y respeto por la labor de los profesionales judiciales.

La propuesta aquí presentada ofrece un camino para simplificar la ejecución de resoluciones sin imponer cargas indebidas a los Letrados de la Administración de Justicia, cuya eficiencia está probada.

A mayor abundamiento, he de señalar que esta idea la extraje en un desayuno de un brillante comentario de un compañero mío, que, además de gran camarada de trincheras, es uno de los mejores procesalistas y mercantilistas que uno se puede encontrar.

La justicia no se completa con una sentencia, sino con la satisfacción efectiva de los derechos reconocidos. Lograr este objetivo requiere un esfuerzo colectivo que trascienda las críticas superficiales y apueste por soluciones estructurales. La reforma propuesta es un paso hacia ese horizonte, con la convicción de que una justicia ágil es la base de un Estado de Derecho robusto.

Otras Columnas por Diego Fierro Rodríguez:

Opinión | El honor de Juan Carlos I, los MASC y las costas procesales