El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del que el titular Félix Bolaños considera que las acusaciones de falso testimonio y la malversación, alegadas por el magistrado Juan Carlos Peinado contra el ministro en su exposición razonada elevada al Tribunal Supremo, «carecen de fundamento sólido, ya que se apoyan en interpretaciones erróneas y en hechos no acreditados ni por la documentación ni por los testimonios recogidos en la causa».
Fuentes de dicha cartera, aseguran que el Gobierno se muestra tranquilo ante la exposición razonada del juez Peinado sobre el ministro Bolaños, aunque reconocen su preocupación por el impacto que este tipo de decisiones pueda tener en la imagen de la Justicia.
Según estas mismas fuentes, “lo único positivo de que se filtrara la declaración en su día es que todo el mundo pudo escucharla y puede cotejar lo que dijo el ministro con lo que recoge la exposición motivada”.
Así, insisten en que la acusación de falso testimonio carece de fundamento: “El escrito acusa al ministro de falso testimonio porque afirma que se le preguntó por la persona que realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo. Sin embargo, la realidad es que el juez preguntó por el responsable (la persona que supervisa) a Cristina Álvarez y esa fue la información que el ministro proporcionó. Esa persona, en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones. Por tanto, la exposición motivada se erige sobre una respuesta que el ministro no dio”.
Respecto a la acusación de malversación, las mismas fuentes ministeriales subrayan que “el escrito afirma que los responsables de la Secretaría General de la Presidencia eran los responsables del nombramiento de Cristina Álvarez y que debían conocer un supuesto uso irregular de recursos públicos en favor de actividades privadas de Begoña Gómez. Sin embargo, tal y como se puede leer en la documentación aportada y la legislación aplicable, y han ratificado los testigos, la Secretaría General no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y Cristina Álvarez no dependía de este departamento. Además, no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos. Es paradójico que el escrito lo califique de ‘público y notorio’ cuando la causa lleva meses instruyéndose y no hay ningún hecho que sustente esta afirmación”.
Y añaden que “estamos ante un caso parecido al de Juan José Güemes, al que se imputó en base a unas declaraciones que el testigo no realizó, y un tribunal superior (la Audiencia Provincial de Madrid) rectificó el error. Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo”.
