Opinión | Maniatar la Justicia y así intentar garantizar la impunidad política

Poca gente recordará que, en 2015, cuando el Partido Popular estaba siendo investigado por casos de corrupción tan graves como la Gürtel o la Operación Púnica, el Gobierno liderado por Mariano Rajoy maniobró para maniatar a la Justicia y así intentar garantizar su impunidad.

Lo primero que hizo el Gobierno popular fue iniciar una intensa campaña de desprestigio hacía aquellos magistrados que instruyeron los distintos casos de corrupción y hacia los jueces en general. Así, se sucedieron los ataques hacía jueces como Santiago Pedraz, Pablo Ruz o Eloy Velasco a quienes correspondió la investigación de los supuestos delitos de corrupción política que afectaban al Gobierno y a su partido.

La consiga era clara. Desde el Gobierno del señor Rajoy se sucedieron acusaciones gravísimas hacía el trabajo de los jueces y hacia los magistrados, desoyendo a la Comisión Europea que instaba al Gobierno a no mermar la confianza de la ciudadanía en la actuación de los jueces.

Muchos aún recordamos cómo la Ministra de Transportes del Gobierno del Partido Popular lanzaba acusaciones e insultos hacia los jueces a través de redes sociales; cómo el Ministro de Justicia hacía declaraciones cuestionando las resoluciones de los jueces que intervenían en casos que afectaban al propio Gobierno e insinuando que prevaricaron.

Todo ello con la colaboración de medios afines y subvencionados por el Partido Popular, que incluso difundieron datos personales de los magistrados y lanzaron la falsa idea de que los jueces eran afines al Partido Socialista. 

Todo aquel que se considere demócrata recordará esas actuaciones como uno de los episodios más negros de la historia reciente de nuestro país; cómo el Gobierno liderado por el Partido Popular atacó a los jueces para que la ciudadanía creyese que existía una campaña organizada por los jueces de izquierdas para derrocar el Gobierno.

La situación empeoraría cuando familiares directos de Mariano Rajoy, entre ellos su hermano y su esposa, fueron imputados por diversos delitos, al igual que varios miembros del propio Gobierno y cargos del Partido Popular.

Ya no bastaba con desprestigiar a los jueces, que se mantenían independientes; ahora era necesario controlar al Poder Judicial.

La segunda fase de la campaña orquestada por el señor Rajoy fue promulgar una ley para introducir como jueces a cientos de personas en un proceso sin transparencia alguna. Dicha Ley fue promulgada por la vía de urgencia (reservada para situaciones excepcionales de urgencia) para evitar informes previos de órganos consultivos y eliminando debates sobre el contenido de la Ley.

Los díscolos jueces que habían entrado por oposición no debían nada a nadie, pero si lograban colocar jueces afines con la estabilización…

La oposición, y en general cualquiera que defendiese que las leyes no se usasen para el beneficio del Gobierno, criticaron estas actuaciones del Partido Popular que, como argumento, difundió falsamente que dicha introducción de jueces por la puerta de atrás eludiendo los principios de mérito y de capacidad, era una exigencia de Europa y que era necesario “democratizar” la Justicia.

Era falso, claro. 

La tercera fase del plan consistió en garantizar que la instrucción de los delitos no la llevasen los jueces sino los fiscales. Así, en lugar de jueces incómodos como Ruz, Pedraz, Velasco y todos aquellos que investigaban la financiación irregular y la corrupción del Partido Popular, la investigación de los delitos la harían los miembros del Ministerio Fiscal.

El argumento que dieron, nuevamente falso, era que lo exigía Europa. 

Pero el señor Rajoy se guardaba un as bajo la manga. El Fiscal General del Estado había sido designado por él, siendo una persona de su confianza. Y el Fiscal General podía impartir órdenes e instrucciones a los fiscales en cualquier procedimiento que estos llevasen.

Incluso la UCO, que había destapado la Gürtel y la Púnica, así como informado de “mordidas” de altos cargos del Partido Popular, dependería de la Fiscalía y, por tanto, del Gobierno. 

Muchos jueces, fiscales, políticos y periodistas alertaron que eso supondría, de facto, que aquellos casos de corrupción que afectaban al Partido Popular iban a ser investigados por una fiscalía que dependía del propio Gobierno del Partido Popular. La situación era dramática e indignante. Con razón.

¿Recuerda usted, estimado lector, algún intento tan evidente de intentar controlar a los jueces para que no investigasen casos de corrupción del propio Gobierno? ¿Cómo podían algunos ciudadanos justificar una actuación semejante sólo porque la hacían “los suyos”, el Partido Popular?

Pocos lectores recordarán todo esto porque nunca sucedió. Todo lo anterior es lo que está haciendo el actual Gobierno.

Así, se han sucedido los ataques hacía los jueces por parte de Ministros como Óscar Puente, Pilar Alegría y otros miembros del Ejecutivo y Legislativo, en una campaña de desprestigio del Poder Judicial nunca antes vista y que avergonzaría a cualquier demócrata. Menos a ellos, claro.

En una situación donde se suceden casos de corrupción que afectan al Gobierno dirigido por el señor Sánchez, cuya esposa y hermano están siendo investigados por supuestos delitos relacionados con tráfico de influencias; que se han publicado informes de la UCO sobre corrupción de varios miembros de la cúpula socialista como Santos Cerdán y Ministros como José Luis Ábalos.

En ese contexto, como decía, con un Congreso dividido, se está intentado aprobar, “prostituyendo” la vía de urgencia legislativa para evitar debates e informes que puedan alertar del peligro, dos reformas de la Carrera Judicial y Fiscal.

Quizá las dos más importantes de las últimas décadas. 

En la primera se pretende introducir como jueces, por la puerta de atrás, a cientos de personas con los únicos requisitos de tener el grado en derecho, 5 años de ejercicio profesional y superar un simple caso práctico en un proceso opaco y carente de garantías.

En la segunda, la idea es que la instrucción de los delitos y la dirección de la UCO la lleve una Fiscalía que depende de las órdenes dadas por Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, designado por el Gobierno y actualmente investigado por usar su posición por intereses políticos, a diferencia de los jueces que somos independientes y no recibimos órdenes ni instrucciones de nadie.

El Ministro de Justicia, Félix Bolaños, engaña a la ciudadanía diciendo que esto es lo que exige Europa. Pasará a la historia con el dudoso honor de ser, y mira que el título estaba disputado, el peor Ministro de Justicia de la Democracia.

Estas reformas, de salir, garantizarían la impunidad de aquellos delitos de corrupción política que hoy se están investigando.

Queridos lectores, así es como empiezan las dictaduras. No digan que no se lo advertimos. 

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