Por primera vez en Lugo, un juzgado propone llevar a juicio a los responsables de un presunto despacho de abogados ‘low cost’. La titular del Juzgado de Instrucción número 2, Sandra Piñeiro, ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado contra tres personas por un posible delito de intrusismo profesional, tipificado en el artículo 403.1 del Código Penal.
Según el auto judicial, los investigados ofrecían servicios jurídicos sin ser abogados titulados.
Su modelo de negocio consistía en captar clientes con reclamaciones de bajo riesgo y alta probabilidad de éxito —como cláusulas suelo, tarjetas revolving y multas de tráfico—, haciendo creer que estaban en manos de letrados, cuando en realidad los atendían comerciales. Posteriormente, externalizaban los procedimientos a abogados colegiados, pero los beneficios —especialmente las costas procesales— se los repartían entre ellos, lo cuenta muy bien Miguel Olarte en El Progreso.
El origen del procedimiento fue la denuncia de una de las abogadas colaboradoras. Esta profesional, especializada en reclamaciones exprés, detectó irregularidades cuando dejó de recibir documentación de algunos asuntos y los pagos pactados comenzaron a retrasarse.
Tras investigar, comprobó que los juzgados estaban abonando las costas de sus procedimientos sin su autorización ni conocimiento.
La única persona con formación jurídica dentro del entramado era una procuradora con despacho en Pontevedra, también encausada. La jueza ha considerado que su implicación fue clave para cobrar las costas y emitir facturas que daban apariencia de legalidad a la operativa.
Un informe del Colegio de Abogados de Lugo, incorporado a la causa, respalda la tesis de la magistrada.
El documento constata que la empresa se presentaba como un despacho de abogados en redes sociales —Facebook, Instagram— y realizaba actuaciones reservadas a la abogacía, como la reclamación directa de cantidades y la percepción de costas procesales. El Colegio califica esta conducta como “publicidad engañosa” y “contraria a los derechos de los consumidores”.
Aunque en un primer momento se investigaron otros delitos, como apropiación indebida, amenazas o coacciones, la instrucción ha quedado finalmente acotada al presunto intrusismo, que puede suponer multas e inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con la asesoría legal.
Fenómeno en expansión
El caso de Lugo no es aislado. El modelo ‘low cost’ ha proliferado en los últimos años, especialmente tras el auge de las reclamaciones bancarias por cláusulas abusivas. Muchas empresas han encontrado un nicho rentable en estos litigios sencillos, utilizando fórmulas comerciales agresivas y modelos de captación masiva.
El riesgo, según fuentes del sector, no es solo el daño a la profesión, sino la indefensión de los consumidores que creen estar contratando a un abogado cuando, en realidad, firman con una empresa sin personal habilitado para ejercer funciones jurídicas.
Ahora, Fiscalía, acusaciones y defensas deberán presentar sus escritos. Las sanciones, de confirmarse los hechos, marcarían un precedente para este tipo de prácticas.
