El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el magistrado, Edmundo Rodríguez Achútegui, insta al Gobierno a impulsar sin dilaciones las medidas anticorrupción anunciadas esta semana por el presidente del Ejecutivo.
En particular, defiende la necesidad de excluir a las empresas condenadas por prácticas corruptas de futuros contratos públicos: “Debe salir muy caro adjudicarse una obra a golpe de comisión o mordida”, afirma.
Rodríguez Achútegui considera que el foco debe ponerse sobre las empresas corruptoras, más que en endurecer las penas: “No hace falta agravar las sanciones, que ya son elevadas. Medidas disuasorias a adoptar serían que no sólo se reintegrara el importe de las mordidas sino el de toda la obra, incluso si se ha realizado, de manera que se sancionara con la pérdida de todo beneficio, así como disponer penas accesorias de prohibición de contratación de obra pública o de obtener subvenciones».
JJpD también respalda la propuesta de ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción.
HAY QUE PROLONGAR LOS PLAZOS MÁXIMOS DE INSTRUCCIÓN
No obstante, el magistrado reclama un ajuste paralelo: prolongar los plazos máximos de instrucción actualmente limitados por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Sin tiempo suficiente para investigar, de poco sirve alargar la prescripción”, advierte.
En esa línea, Rodríguez Achútegui defiende un modelo de investigación liderado por fiscales apoyados en equipos multidisciplinares: expertos en economía, administración pública, inspección tributaria y policía judicial especializada.
A su juicio, “más eficaz que especializar los juzgados es dotar de especialistas a la fase investigadora”.
El portavoz de JJpD propone también que los procesos de licitación pública en España incorporen los estándares de control exigidos por la Unión Europea para la gestión de los fondos Next Generation.
En cuanto a la protección de los denunciantes, Rodríguez Achútegui explica que «las garantías de confidencialidad de los denunciantes deben plantearse como se sugiere, es decir, garantizando que sea la fiscalía quien compruebe su verosimilitud, como ha hecho la Ley 2/2023, conocida por whistleblowing, para evitar que puedan prosperar denuncias falsas».
Sugiere además el uso de herramientas de Inteligencia Artificial, como ya hace la Agencia Tributaria, para reforzar los sistemas de alerta temprana.
CONTROL DE LOS ASESORES
El magistrado señala también una carencia relevante en las medidas gubernamentales: la ausencia de un marco más estricto para el nombramiento de asesores.
Según explica, los tribunales ya han detectado casos de asesores que en realidad trabajan directamente para partidos políticos.
Eso supone “confundir un cargo público en la administración pública con una responsabilidad privada, dentro del partido”, que debe “desterrarse” para garantizar la distinción entre financiación pública y privada.
Finalmente, JJpD pide un “gran debate público y parlamentario” que desemboque en reformas preventivas y procesales: por un lado, para cortar el arraigo de la corrupción en la contratación pública; por otro, para dotar a la Justicia de los medios necesarios para combatirla con eficacia.
