La asociación de la que Edmundo Rodríguez Achútegui es portavoz es la tercera por número de afiliados. Foto: EP.
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia anuncia que el 76 % de sus asociados rechazan sumarse a la huelga
Rechaza que el proyecto de Ley del Gobierno menoscabe la independnecia judicial o el estado de derecho
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21/6/2025 11:02
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Actualizado: 21/6/2025 19:37
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Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha anunciado que el 76 % de sus asociados han rechazado sumarse a la huelga que han convocado las tres asociaciones judiciales restantes –y dos de las tres asociaciones de fiscales– porque las razones que se presentan para justificar la huelga no concurren, ya que «un proyecto de ley como el de impulso a las carrera judicial y fiscal no menoscaba el Estado de Derecho ni afecta a la independencia judicial”.
La carrera judicial está formada por 5.416 jueces y magistrados en activo. El 58 %, es decir, 3.139, están afiliados a una de las cuatro asociaciones de jueces existentes.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cuenta con 1.412 afiliados; la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), tiene 933; Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), 436; y Foro Judicial Independiente (FJI), 342, según datos del Consejo General del Poder Judicial de 2024.
El 76 % de 436 es 331. JJpD no ha facilitado datos sobre el número de noes o pronunciamientos en blanco.
La APM, la AJFV y FJI –junto con la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (fuera se ha quedado también la Unión Progresista de Fiscales)– han convocado una concentración simbólica frente al Tribunal Supremo el sábado 28 de junio a las 12:30 de la mañana.
Le seguirá una huelga de tres días el 1, 2 y 3 de julio, a menos que el Gobierno retire las reformas planteadas que afectan al acceso a la carrera judicial/fiscal y al estatuto del Ministerio Fiscal
Rodríguez Achútegui muestra respeto por cuantas personas decidan sumarse a la huelga, pero sostiene que “el proyecto de ley, que tiene aspectos positivos, negativos y mejorables, no atenta contra nuestro Estado de Derecho ni pone en cuestión la independencia judicial”.
Y afirma que “como en todo proyecto de ley, contempla previsiones que merecen crítica, como es el modo en que está prevista la estabilización de jueces y fiscales sustitutos”.
Al respecto sostiene que “deberían excluirse a los juristas que no tienen tal condición, pues se trata de atajar un problema de abuso de temporalidad”.
También entiende que “ha de ampliarse la antigüedad exigible para participar, promocionarse la incorporación de estos profesionales por el cuarto turno, garantizar que el tribunal seleccione con rigor y, sobre todo, que en ningún caso se vean lesionados los derechos de quienes ya forman parte de la carrera judicial”.
NO SE QUIEBRA EL ESTADO DE DERECHO
Pero esos aspectos criticables “no quiebran el Estado de Derecho, ni disminuyen la independencia judicial”, según Rodríguez Achútegui, que insiste en que “se podrá estar a favor, en contra o defender cambios en la regulación, pero no puede afirmarse que el proyecto de ley propicie los riesgos que algunos están denunciando”.
El portavoz de JJpD recuerda que “el proyecto también contempla previsiones razonables, como los intentos de garantizar igualdad de oportunidades en el proceso de selección de quienes opositan a judicatura o fiscalía, facilitando mediante becas suficientes y de amplia duración la superación de barreras económicas que padecen las familias con menos recursos”.
De la misma forma, pone en valor la transparencia que supone “la grabación de los exámenes orales o la recuperación de una prueba práctica que se suprimió años atrás y que sigue exigiéndose para alcanzar la especialización en materia contenciosa, laboral o mercantil en la carrea judicial, prueba que hay en toda Europa y se mantiene en los altos cuerpos de la administración pública, como Abogacía del Estado, Registradores o Notarías”.
Según el portavoz de JJpD, “también es un paso adelante que el Centro de Estudios Jurídicos, que actualmente se ocupa de la formación continua de la fiscalía, forenses o al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, pueda preparar gratuitamente a quienes quieran opositar a la carrera judicial o fiscal, incorporando la enseñanza pública a los actuales sistemas de preparación”.
Y entiende que “esos cambios, sobre los que cabe debatir en el proceso de elaboración legislativa, a nuestro juicio no afectan en absoluto el Estado de Derecho ni a la independencia de los tribunales”.
Por último, Rodríguez Achútegui subraya que “en el proyecto se dan pasos democratizadores, como reconocer la posibilidad de voto telemático con supresión del voto delegado o incorporar representantes de la sociedad civil a la Comisión de Ética Judicial”.
Y «mejora el proceso de selección por el cuarto turno, suprime la previsión inicial de traslado forzoso y dispone la desaparición de la fase de sustitución y refuerzo en la Escuela Judicial”. En su opinión “se trata de una propuesta que contiene previsiones razonables, otras criticables y algunas negativas, pero que no ponen en riesgo de quiebra nuestro Estado de Derecho ni comprometen la independencia judicial, razones por las que como asociación no participaremos en la huelga convocada”.
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