La comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, de hoy, 14 de julio, pretende acordar una financiación singular para esa comunidad autónoma, que implicaría la cesión de la gestión, liquidación y recaudación de todos los impuestos, lo que sería en la práctica un concierto económico catalán propio, como los actuales vasco y navarro.
La diferencia es que estos últimos están previstos constitucionalmente, pues responden a una trayectoria histórica que no es momento de examinar ahora.
El concierto catalán implicaría, a cambio, el pago de un cupo al Estado, por sus servicios y por una pretendida solidaridad interterritorial.
Esa financiación singular fue acordada hace un año entre el PSC y ERC para hacer presidente de la Generalitat al socialista catalán Salvador Illa.
«El acuerdo, para ser efectivo, requiere varios cambios legales, que por supuesto estarán en las Cortes Generales, en manos de ser parados por la izquierda económica estatal, Podemos y Sumar, si realmente son tal izquierda y no se pliegan a la burguesía económica catalana».
También es exigencia de Junts, el partido de Carles Puigdemont, para apoyar a Pedro Sánchez; partido representante de la derecha económica, heredero político de la burguesa Convergència de Jordi Pujol, desaparecida por la corrupción del 3 %.
El pacto supone el traspaso efectivo de los impuestos a la Agencia Tributaria Catalana.
El acuerdo, para ser efectivo, requiere varios cambios legales, que por supuesto estarán en las Cortes Generales, en manos de ser parados por la izquierda económica estatal, Podemos y Sumar, si realmente son tal izquierda y no se pliegan a la burguesía económica catalana.
ERC, pese a su nombre, lo hace a los intereses económicos de la derecha económica catalana y, además, es insolidario a nivel territorial.
Además, dirigentes socialistas independientes, disconformes con el servil plegamiento de Sánchez a la derecha económica catalana que representa Junts, como Emiliano García-Page, han denunciado el «saqueo» de las arcas públicas por ERC y Junts, a cuenta de la debilidad de Sánchez, y resaltó algo muy importante en relación con lo dicho anteriormente: «lamentar que importantes responsables políticos que se llaman de izquierdas estén defendiendo todo el día lo indefendible».
También Guillermo Peláez, portavoz del Gobierno socialista de Asturias, de Adrián Barbón, ha manifestado que «no admitirán ningún privilegio y, sobre todo, de ninguna manera, ningún perjuicio al Principado de Asturias».
Asimismo, y por lógica, las comunidades autónomas del PP advierten que ejercerán, en su caso, todas las acciones judiciales procedentes.
Hay que tener en cuenta que esa transferencia a Cataluña es inconstitucional, como ya declaró el Tribunal Constitucional en 2010, en la sentencia que derogó puntualmente algunas disposiciones del Estatuto de 2006, entre ellas la del entonces ya pretendido concierto catalán.
