El exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, ha negado cualquier vinculación con el bufete Equipo Económico desde 2008 y denuncia una investigación «anómala» de siete años.
Además, no se arruga. Montoro ha salido al paso de su imputación con un comunicado que rezuma indignación y estrategia procesal a partes iguales. Su mensaje es claro: esto es una persecución política disfrazada de investigación judicial.
La acusación que pesa sobre Montoro no es menor. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, le investiga por presuntamente haber aprovechado su cargo ministerial para aprobar leyes que beneficiaban a empresas gasísticas.
Estas compañías eran clientes de Equipo Económico (EE), el despacho de abogados que él mismo fundó antes de aterrizar en el Gobierno de Mariano Rajoy.
Sin pruebas, según el exministro
«Se realiza sin ningún elemento probatorio y sin otra motivación, a la postre, que haber ocupado el cargo de Ministro», aseguró Montoro en un comunicado. Una defensa que busca trasladar el foco: de los hechos investigados a la supuesta arbitrariedad del procedimiento.
El «timing» tampoco le gusta. Montoro subraya que el levantamiento del secreto de sumario coincide con «los verdaderos escándalos del Gobierno» actual.
Una jugada retórica que pretende diluir su caso en el ruido mediático que rodea al Ejecutivo de Sánchez.
Siete años de investigación secreta
Sin embargo, hay un dato que incomoda al exministro: la investigación ha durado 7 años bajo secreto de sumario. Comenzó después de que abandonara Hacienda en 2018, un extremo que califica como «absolutamente anómalo».
La cronología importa. Si Montoro cortó sus lazos con Equipo Económico en 2008, como él mismo reitera, ¿por qué se ha tardado tanto en investigar?
El exministro ha tenido que explicar esta relación en «múltiples comparecencias públicas» durante su etapa ministerial, señal de que el asunto no era desconocido.
La estrategia de defensa
Montoro no se ha limitado a negar. Ha anunciado que «ejercitará todos los recursos y acciones judiciales» para defender su honor. Es decir, contraataque legal en toda regla. Una estrategia que incluye probable querella por injurias y calumnias, además de los recursos procesales correspondientes.
El comunicado del exministro, que ha pedido su baja del PP, refleja una defensa en dos frentes: procesal y mediática.
En lo judicial, negará cualquier elemento probatorio. En lo comunicativo, presentará el caso como parte de una campaña más amplia de «insidias» que ha sufrido desde que ocupó el cargo.
La investigación judicial dirá si Montoro tiene razón o si, por el contrario, existen indicios suficientes para sostener la acusación. Mientras tanto, el exministro ha decidido no quedarse callado.
