La Audiencia Nacional abre hoy una nueva ventana al universo Villarejo. Esta vez, el comisario jubilado se sienta en el banquillo por el ‘Proyecto Saving’, un encargo de espionaje empresarial que le reportó más de medio millón de euros y que podría costarle 23 años y medio de cárcel. Es la pieza 25 de la causa Tandem.
El caso tiene su origen, según la Fiscalía Anticorrupción, en julio de 2011, cuando José Moya, apoderado de Persán S.A., una empresa familiar de productos de limpieza, se vio con un problema de 100 millones de euros.
Había invertido esa cifra en acciones de la constructora Martinsa-Fadesa —el 5% de la compañía— con un contrato de opción de venta que debía proteger su inversión. Sobre el papel, si las cosas salían mal, podría recuperar su dinero vendiendo las acciones de vuelta a la empresa y a su presidente, Fernando Martín.
Pero los papeles no siempre reflejan la realidad.
En julio de 2008, Martinsa-Fadesa se declaró en concurso de acreedores y la opción de venta de Moya se convirtió en papel mojado. Peor aún: la administración concursal ni siquiera conocía la existencia de aquel contrato.
El comisario al rescate
Fue entonces cuando Moya, a través de terceros, contactó con Villarejo. El comisario estaba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, un detalle que la Fiscalía Anticorrupción subraya en su escrito de acusación.
El encargo era claro: investigar «posibles irregularidades» en el concurso de Martinsa-Fadesa que pudieran servir como moneda de cambio para recuperar la inversión perdida.
Villarejo aceptó el trabajo a través de su entramado empresarial, el Grupo CENYT, con la colaboración de su socio Rafael Redondo como asesor jurídico. No era su primer encargo de este tipo ni sería el último.
Tráficos telefónicos y facturas falsas
El ‘Proyecto Saving’ fue minucioso y sin escrúpulos. Villarejo y su equipo se hicieron con los tráficos telefónicos —llamadas entrantes y salientes— de varias personas clave entre el 1 y el 18 de noviembre de 2011.
Entre los espiados estaba el presidente de Ahorro Corporación, el banco de inversión que había ofrecido a Moya la oportunidad de invertir en Martinsa-Fadesa. También pincharon al director general de esa entidad y al abogado que había representado a Moya en los procedimientos judiciales posteriores.
La elección de este último no fue casual: su pareja formaba parte de la administración concursal de Martinsa-Fadesa, convirtiendo el espionaje en una red de conexiones familiares y profesionales.
Por estos servicios, Moya pagó 501.500 euros a través de su empresa de detergentes, Persán SA. Las facturas, según la Fiscalía, manipularon deliberadamente los conceptos para «ocultar la naturaleza de la relación comercial».
Las consecuencias legales
La Fiscalía Anticorrupción no se anda con medias tintas. Pide 23 años y 6 meses de prisión para Villarejo y 18 años y 9 meses para Redondo por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad documental.
Además, solicita que ambos indemnicen con 5.000 euros a cada persona espiada y que se decomisen los 501.500 euros que cobró el Grupo CENYT.
Como guinda, considera que el Estado debe responder subsidiariamente de las indemnizaciones, un recordatorio de que Villarejo cometió estos hechos mientras ejercía como funcionario público.
José Moya no verá el desenlace de este juicio. Falleció el 18 de enero de 2021, extinguiendo su responsabilidad penal. Francisco Rodríguez Martín, exsenador socialista que también estaba investigado, ha visto archivada su causa.
