Villarejo lo grabó todo. Sus conversaciones, sus reuniones, sus informes. Y luego, en febrero de 2017, ante otros mandos policiales, soltó una frase que el inspector jefe encargado de investigarle reprodujo este martes ante la Audiencia Nacional con una precisión quirúrgica: «El problema que tienen es el poder que me han dejado».
No era una amenaza velada. Era, según el responsable de la investigación, la descripción de un sistema: los «mecanismos de presión» que el comisario jubilado decía poder ejercer sobre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, sobre su número dos, Francisco Martínez, y, en ocasiones, también sobre los alias «El Barbas» y «El Asturiano», sobrenombres con los que la presunta trama se refería al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Eso es lo que se está juzgando en la Audiencia Nacional. Un operativo parapolicial para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. Y, al fondo, la pregunta que este juicio lleva meses intentando responder: hasta dónde llegaba ese poder.
La dación de cuenta y el canal privilegiado con «Chisco»
El testigo precisó ante la Sala que Villarejo documentaba en sus diarios y en grabaciones propias las informaciones que elevaba a su superior jerárquico en el cuerpo, el exdirector adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, también acusado en este procedimiento.
Pero había una excepción significativa. En lo relativo a Kitchen, esa comunicación era «más intensa» con Martínez. No con Pino. Con el número dos del Ministerio.
La distinción no es menor. Sitúa al secretario de Estado en el centro operativo de la presunta trama, no en su periferia.
Y refuerza la tesis acusatoria de que el operativo parapolicial —articulado supuestamente para sustraer documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido— no era una iniciativa aislada de mandos intermedios, sino algo con cobertura política directa. Eso es, precisamente, lo que niegan los acusados.
«Hay que darle al tarro, macho»
La testifical deparó también una conversación hasta ahora poco detallada en el juicio. Octubre de 2013. Villarejo habla con Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que habría sido captado como confidente de la trama.
El objetivo, según el inspector: localizar unas supuestas grabaciones entre el extesorero, Rajoy y el dirigente popular Javier Arenas. «Hay que darle al tarro, macho, para encontrarlas», le habría dicho Villarejo a Ríos.
La frase aparecía recogida en una nota informativa del propio comisario, intervenida posteriormente por la Policía Nacional.
Ríos figura en la causa como el confidente K-2. Según las notas de Villarejo, la red de informadores de Kitchen podría haber alcanzado hasta siete personas, identificadas en esa documentación de la K-1 a la K-7. Solo Ríos fue identificado con certeza.
El inspector jefe fue explícito al respecto: «No se pudo identificar» al resto. Las comprobaciones realizadas en la Dirección Adjunta Operativa para rastrear pagos de fondos reservados no arrojaron resultados concluyentes. «No se localizó una circunstancia análoga», declaró.
El «pitufo» en las calles de Salamanca
La jornada incluyó también el testimonio, prestado por videoconferencia desde Perú, de un agente de la Unidad de Asuntos Internos.
Su relato es breve pero gráfico. Su jefe de sección le ordenó, junto a otro compañero, localizar un vehículo negro en las inmediaciones de las calles Ayala y Hermosilla de Madrid, advirtiéndoles que tuvieran «cuidado, porque por allí vive Bárcenas».
Al llegar a la zona, el agente encontró «mucha presencia policial» y observó cómo varias personas se introducían en un vehículo Peugeot de color azul celeste al que la trama denominaba, según su testimonio, «el pitufo».
El juicio continúa su curso en la Audiencia Nacional. Quedan por declarar más testigos y, en su momento, los propios acusados. Fernández Díaz, Martínez, Villarejo y Pino, entre otros, deberán responder a todo esto. También a aquella frase del 16 de febrero de 2017. Al poder que, según el propio Villarejo, le habían dejado.
