El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado hoy que la futura Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial incluirá el proceso extraordinario para integrar a más de 1.000 jueces y fiscales interinos en la carrera judicial y fiscal.
El titular de esta cartera triple explicó que la iniciativa busca dar respuesta a los requerimientos de Bruselas: “La Comisión Europea nos ha requerido en dos cartas para que resolvamos el problema de la justicia en la función jurisdiccional interina en nuestro país”.
Bolaños ha hecho estas declaraciones minutos antes de reunirse con la Plataforma de la Judicatura Interina a la que les explicaría los pormenores de esta regularización.
El procedimiento consistirá en un concurso-oposición extraordinario con 1.004 plazas, que estará presidido por un magistrado o fiscal del Tribunal Supremo, como se suele hacer con normalidad, ha explicado. “Vamos a llevarlo a cabo a través de un procedimiento que va a garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad”, subrayó.
E incidió en que esa regularización «extraordinaria», actualmente en tramitación parlamentaria, implica a un sector «muy feminizado», ya que «en torno al 80% son mujeres», que «ya están ejerciendo como fiscales y como jueces y como magistrados suplentes, ya están dictando autos y sentencias».
Bolaños ha defendido la legitimidad del proceso, recordando que quienes ya ejercen lo hacen con aval institucional: “No es que alguien entre por ningún sitio. No, es que ya están. Es que ya están dictando autos, ya están dictando sentencias, ya están ejerciendo la función jurisdiccional”, ha declarado.
En caso de no superar la prueba, los candidatos recibirán compensaciones: “Por tanto, puerta de atrás, ninguna. Concurso-oposición, cuarto turno extraordinario, quien no dé el nivel no se incorporará a la carrera fiscal y judicial, y tribunales presididos por un magistrado y un fiscal de sala del Supremo. Quien no dé el nivel será indemnizado por el tiempo de prestación de servicios, tal y como nos pide la Comisión Europea, en línea con la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional español como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», ha remachado.
La reforma judicial contempla además la incorporación de 2.500 jueces y fiscales en tres años, lo que supondrá la mayor convocatoria de la historia. “Se acabaron las críticas habituales del número de jueces y fiscales en nuestro país. Con la aprobación de la ley habrá 2.500 nuevos jueces y fiscales en tres años”, afirmó el ministro.
Bolaños anunció, el pasado mes de junio, que el Ministerio iba a convocar 1.440 nuevas plazas para jueces y fiscales durante los próximos tres años, hasta 2027.
Son 360 plazas por oposición y 120 por el conocido como cuarto turno (concurso oposición, para juristas de reconocida competencia).
A esos 1.440 se les sumarían las 1.004 plazas de jueces y fiscales interinos, con lo que la cifra final se asemejaría a los 2.500 a los que se ha referido hoy.
Con este proceso, el Ejecutivo asegura que pondrá fin a la temporalidad en la justicia y reforzará un sistema con carencias históricas. “Daremos cumplimiento a la Comisión Europea, daremos cumplimiento a Europa y haremos algo de justicia, que es acabar con un problema que es la temporalidad en la justicia en nuestro país”, ha concluido.
Un proceso que se ha encontrado con la oposición firme de las cuatro asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, que suele estar en sintonía con el Ministerio –pero no en este frente– y Foro Judicial Independiente.
