En la mañana del 19 de junio, Ricardo Calderón, un hondureño de 31 años residente en Ann Arbor, Michigan, salió rumbo a su trabajo como techador. No llegó muy lejos: vehículos lo interceptaron, hombres lo obligaron a bajar de su auto y lo trasladaron a un centro de detención. Calderón tenía pendiente una audiencia final de asilo, pero su arresto lo enfrentó a un problema aún mayor: encontrar un abogado dispuesto a representarlo.
No pudo.
Su familia tocó puertas de despachos privados y de organizaciones sin fines de lucro. Dos firmas rechazaron el caso alegando falta de recursos. Una tercera aceptaba solo si se pagaban 12.000 dólares (10.216 euros) de inmediato, algo imposible para una familia trabajadora. Calderón compareció solo ante el juez y, semanas más tarde, fue deportado a Honduras encadenado.
Su historia ilustra una tendencia nacional: para muchos inmigrantes, contratar un abogado de inmigración se ha vuelto casi imposible en la era Trump, cuenta Daniel Connolly en Law360.
Escasez crítica de abogados
A diferencia de los procesos penales, los inmigrantes no tienen derecho a un abogado gratuito en tribunales de inmigración. Deben costearlo por su cuenta o confiar en que una organización sin fines de lucro los represente.
Pero esas organizaciones están al límite. El Michigan Immigrant Rights Center perdió más de la mitad de sus abogados en 2025 tras recortes federales. “Cinco o diez detenidos nos llaman cada día, pero ya no tenemos capacidad para aceptar casos”, reconoció su directora, Susan Reed.
En paralelo, abogados privados como Farah Al-khersan, en Ann Arbor, rechazan sistemáticamente a clientes detenidos porque preparar sus defensas requiere meses de trabajo bajo enormes presiones. “Si pudiera tomar cada caso, lo haría, pero debo priorizar mis recursos para no desgastarme emocionalmente”, explicó.
Una balanza desequilibrada
Las consecuencias son devastadoras. Según la Universidad de Syracuse (TRAC), menos del 25% de los inmigrantes en proceso de deportación cuenta hoy con representación legal, frente al 65% de hace apenas cinco años.
Esto significa que la gran mayoría se enfrenta solo a fiscales del gobierno en audiencias complejas, sin hablar inglés ni conocer la ley. Incluso menores de edad comparecen sin abogado.
Y casi todos pierden.
“Es una tormenta perfecta: más demanda, menos abogados disponibles y costos de defensa que se han triplicado”, señaló Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
Más detenciones, menos garantías
La política migratoria de Trump ha multiplicado los arrestos en el interior del país y restringido la libertad bajo fianza. Las audiencias se retrasan durante meses, lo que obliga a muchos inmigrantes detenidos a desistir y aceptar la deportación.
El caso de Calderón es revelador: jamás pudo presentar las pruebas de las amenazas de pandillas en Honduras, que incluían fotografías y certificados oficiales. “Con un abogado hubiera podido ganar mi caso”, aseguró tras su deportación.
Un riesgo para todos
Especialistas advierten que esta erosión del acceso a la defensa no solo afecta a los inmigrantes. El historiador Timothy Snyder lo resume así: “Si los inmigrantes no tienen debido proceso, nadie está a salvo. El gobierno podría desaparecer a cualquiera alegando que es extranjero”.
En tanto, decenas de miles de familias como la de Calderón se enfrentan a un futuro incierto: separación, deportación y, en muchos casos, el retorno al peligro del que huyeron.
