La Universidad de Arkansas en Little Rock (UALR) ha suspendido a la profesora de derecho Felicia Branch, integrante de la Facultad de Derecho William H. Bowen, después de que publicara en Facebook comentarios sobre la muerte del activista de extrema derecha Charlie Kirk.
Sus palabras, en las que cuestionaba la postura de Kirk frente a la violencia armada, han desatado una fuerte reacción política en el estado.
La gobernadora Sarah Huckabee Sanders calificó la publicación, ya eliminada, como “vil”. En la misma línea, la vicegobernadora Leslie Rutledge afirmó que, aunque los docentes tienen derecho a expresar sus opiniones, “celebrar abiertamente el asesinato de un compatriota cruza una línea”.
El fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, fue aún más contundente y pidió su despido inmediato: “La Primera Enmienda (derecho a la libertad de expresión) protege su derecho a decir lo que quiera. No garantiza, sin embargo, el empleo que usted desea, independientemente de lo que diga. La facultad de derecho debería terminar su contrato de inmediato”.
Por su parte, la rectora de la UALR, Christina Drale, subrayó que los educadores deben apegarse a un estándar más alto: “Debemos sostener un discurso civil, hablar con claridad sobre los peligros de la violencia política y priorizar un entorno de aprendizaje riguroso e imparcial. Las publicaciones que leí esta mañana no reflejan ese estándar”.
Branch ha sido suspendida de empleo con sueldo y se le ha abierto una investigación interna que podría desembocar en su despido de la Universidad.
Un clima de vigilancia en la educación
Aunque, según Reuters, Branch sería la primera profesora de derecho sancionada en este tipo de controversias, casos similares se multiplican en otras áreas académicas.
De acuerdo con el medio especializado PayDay Report, cientos de maestros, personal y profesores han sido suspendidos, particularmente en estados de mayoría republicana donde las agencias estatales investigan activamente a la comunidad educativa. Una «caza de brujas» en toda regla.
En Florida, la situación ha ido más lejos: el comisionado de educación Anastasios Kamoutsas ha alentado a denunciar incluso conversaciones privadas en las que se expresen puntos de vista considerados problemáticos.
“Lo que vemos ahora ciertamente se siente como un escenario macartista”, señaló Andrew Spar, presidente de la Florida Education Association. “Se anima a la gente a cazar a docentes o profesores por cualquier cosa que digan, por pequeña que sea, y a exponerlos, doxearlos o amenazarlos”.
El impacto de este episodio también ha alcanzado al sector privado. El despacho BigLaw Perkins Coie despidió recientemente a un abogado por comentarios similares sobre la muerte de Kirk que la firma consideró inaceptables.
