Ni una clavícula rota, producto de un accidente con bicicleta, frena al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. Con el brazo en cabestrillo, continúa sus gestiones diarias, como esta entrevista.
Hace apenas unos días daba comienzo a las obras de la Ciudad de la Justicia, el gran proyecto que transformará las infraestructuras judiciales de la capital. Reafirma su compromiso con una justicia moderna y accesible, impulsando figuras pioneras como el facilitador judicial para personas con discapacidad.
En esta interviú, García habla sin rodeos. Critica la falta de diálogo y financiación del Ministerio de Justicia, cuestiona la gestión del ministro Félix Bolaños y no elude pronunciarse sobre el proceso judicial que afrontará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
También aborda los principales retos de la Justicia madrileña: la falta de jueces, la modernización de infraestructuras con la futura Ciudad de la Justicia y la apuesta por una atención más cercana al ciudadano, con iniciativas innovadoras como el facilitador judicial. Todo ello, con un mensaje claro: Madrid asume sus competencias con responsabilidad, mientras el Gobierno central, asegura, sigue sin cumplir su papel de coordinación y apoyo.
El pasado mes de abril tuvo lugar en Barcelona la Conferencia Sectorial de Justicia, una reunión entre el ministro y los consejeros autonómicos del ramo. En aquella ocasión, los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular plantaron al ministro de Justicia. Su mensaje fue claro: los 416 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos Next Generation habían sido destinados para la modernización de la Justicia no para financiar la puesta en marcha de la nueva Ley de Eficiencia Procesal y Organizativa. ¿Fue aquella una decisión acertada?
Bueno, yo creo que salió francamente bien. Le dijimos al ministro de Justicia que con las Comunidades Autónomas no iba a jugar.
Él quería hacer una suerte de conferencia sectorial sin ningún tipo de orden del día, sin ningún tipo de contenido. Para no hablar de las dificultades de la aplicación de la Ley de Eficiencia, que nacía sin consenso, sin diálogo y sin financiación.
Y para no hablar de lo mucho grave que está ocurriendo en nuestro país con el ataque constante por parte del propio Gobierno central al Estado de Derecho.
Nosotros queríamos hablar de las cosas que preocupaban a los ciudadanos. Y si no íbamos a hablar de ello, no íbamos a darle una excusa al ministro para que diera la sensación de que todas las Comunidades Autónomas estábamos de acuerdo con esa hoja de ruta que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez.
Porque de lo que se trata es de socavar al Poder Judicial y callar a aquellas Comunidades Autónomas que son incómodas, que son en las que gobierna el PP. Porque una cosa era el dinero destinado a la modernización y otra muy diferente a los fondos que eran necesarios para la implantación de la Ley de Eficiencia, que conlleva los tribunales de instancia y el resto de las reformas, y qué tenía que haber venido dotada con fondos.
¿Ustedes se han sentido perjudicados por esos Fondos Europeos?
La Comunidad de Madrid es, sin duda, una de las grandes perjudicadas, sin duda. Porque representando al casi el 15% de la población, tan solo recibimos el 8% de los Fondos Europeos, fondos que tenían como destino la modernización de la Justicia. De hecho, y esto hay que tenerlo muy presente, cuando se aprobaron ni siquiera se había comenzado a hablar de la Ley de Eficiencia.
Fue un conejo que se sacó de la chistera el propio ministro Bolaños. Supongo que para tratar de tapar el descontento de las comunidades autónomas. No sólo de Madrid, sino de todas y cada una de las que tenían competencias transferidas. Otra cosa es que a algunas comunidades autónomas, donde ellos gobiernan, lógicamente tenga que imperar la ley del silencio.
Pero es evidente que esta Ley, en el corto y medio plazo, no va a suponer ningún ahorro. Y ahora mismo está suponiendo desembolsos importantes por parte de la administración regional.
«Una cosa era el dinero destinado a la modernización y otra muy diferente a los fondos que eran necesarios para la implantación de la Ley de Eficiencia, que conlleva los tribunales de instancia y el resto de las reformas, y qué tenía que haber venido dotada con fondos».
El día 5 de mayo la presidenta de Comunidad de Madrid le dio al Gobierno central un ultimátum para responder a esta exigencia, la de fondos para la implantación de esta Ley que conllevaba los tribunales de instancia. Y si no, advirtió, acudirían al Tribunal Supremo con un recurso contencioso-administrativo. ¿Lo presentaron?
Sí, claro. En julio presentamos un requerimiento al Ministerio de Justicia y le dimos un plazo de 30 días para responder. Como no contestó, recurrimos al Tribunal Supremo mediante un contencioso administrativo.
En este recurso pedimos dos cosas principales: Primero, que se evalúen los costes reales de aplicar una ley que consideramos que está mal diseñada y que, para la Comunidad de Madrid, supone un gasto de 43 millones de euros. Casi la mitad de ese dinero será un coste permanente, porque implica contratar más personal y crear puestos con mayor salario.
Y segundo, que una vez calculados esos costes, el Estado transfiera a las comunidades autónomas los fondos necesarios —a través de los mecanismos previstos en la LOFCA— para cubrir ese gasto. De lo contrario, se produciría una situación injusta: las comunidades que tienen transferidas las competencias, como Madrid, tendrían que asumir el sobrecoste, mientras que aquellas en las que el Ministerio gestiona directamente no tendrían ese problema.
Cuando recibimos las competencias en materia de justicia, el coste de los servicios se estimó en unos 60 millones de euros. Hoy, sin embargo, ya hemos gastado casi diez veces más —unos 600 millones—. Esto demuestra que, aunque la financiación apenas ha aumentado dos veces y media, los gastos se han disparado. En consecuencia, existe una clara falta de recursos para sostener los servicios judiciales, y esta nueva ley solo agrava una situación que ya era muy desfavorable para su funcionamiento.
¿Para cuándo esperan la sentencia de Supremo?
Para dentro de un año y medio, calculo. Lo primero que esta sentencia va a determinar es que el Gobierno tiene que hacer el cálculo. Después, a partir de ahí, cuando queramos recibir el dinero, yo espero que sea otro gobierno el que tenga que desarrollarlo.
No esperamos nada, ni de Bolaños, ni del Gobierno de Pedro Sánchez. Es un Gobierno que solamente nos ha demostrado que se sienta a trabajar cuando tiene que pagar a los partidos independentistas, porque son los que le mantienen a Sánchez en La Moncloa.
Tampoco esperamos ningún tipo de resarcimiento como consecuencia de la aplicación de esta Ley ni de otras muchas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, la propia aplicación de la ley de dependencia en la Comunidad de Madrid, que se supone que el Estado que debería financiar el 50%, solo financia el 27%.
Estamos infrafinanciados. No solo con la mal llamada Ley de Eficiencia, sino también por otras muchísimas leyes que ha desarrollado la Administración del Estado, y que Pedro Sánchez hurta de la financiación a las comunidades autónomas.
«Bolaños ha decidido no ser un ministro de Justicia para las Comunidades Autónomas que tenemos transferidas las competencias».
Por sus palabras se deduce que la relación con Bolaños no es buena…
Bolaños ha decidido no ser un ministro de Justicia para las Comunidades Autónomas que tenemos transferidas las competencias.
No ejerce su liderazgo, no ejerce coordinación. Simplemente, es una suerte de «conseguidor» de Pedro Sánchez para los acuerdos que necesita, y para tratar de introducir en las Cortes Generales leyes que, lejos de apoyar al Poder Judicial, lo tratan de socavar.
Con lo cual, la relación no puede ser buena, en tanto tanto que no le tenemos como un interlocutor válido como ministro de justicia.
Es decir, que no hay comunicación.
La comunicación se cortó mucho a raíz de la fallida conferencia sectorial de Barcelona. Con todas las Comunidades Autónomas. Tanto a nivel político como a nivel técnico. Se ha ido recuperando, porque es lógico, a nivel técnico, pero no hemos vuelto a tener ningún tipo de conferencia sectorial.
Se han reanudado algunos trabajos, pero el Ministerio ha dejado de cumplir su papel de coordinador entre las comunidades. Simplemente ha decidido no asumir esa responsabilidad.
Así que, ahora mismo, se encuentran, digamos, «abandonados» en la implantación de la Ley de Eficiencia.
Sí. Nosotros hemos implantado la fase 1 y la fase 2. Ya estamos preparando la fase 3, que va a afectar a los partidos judiciales de Madrid, Getafe, Móstoles y Alcalá de Henares. Estamos trabajando con nuestros equipos, negociando con los representantes de los trabajadores, etc.
Pero con muy poquita cobertura y con muy poquito soporte por parte del Gobierno central.
¿Cómo está siendo esa adaptación? Porque hay algunos jueces que lo califican de caos.
Bueno, yo tengo la sensación de que esta ley va a cambiarlo todo para que toda siga igual. Siguen faltando jueces. Tenemos uno de los ratios de jueces por habitante más bajos de toda la Unión Europea.
En particular, en Madrid, la propia memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid habla de que harían falta más de 140 jueces en este momento para poder atender las necesidades que tiene la Justicia en nuestra región.
Así que, por mucho que nosotros incrementemos el número de funcionarios, por mucho que incrementemos el número de puestos singularizados o mejoremos las infraestructuras, lógicamente, si no atacamos el déficit de jueces, todo va a seguir igual.
Y en ese sentido le hemos reclamado de forma constante al Gobierno que dote de más plazas de jueces de carrera a todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Y también que salgan más convocatorias para funcionarios. Que las convocatorias anuales respondieran a las necesidades reales. Pero tampoco está en eso el ministro.
El ministro hace unos meses «presumió» de la modificación de la carrera de jueces y fiscales, y la futura regularización de los jueces interinos. ¿Es una buena solución?
Bolaños lo que ha puesto sobre la mesa precisamente es una modificación del acceso de jueces y fiscales, en detrimento de los jueces y fiscales de carrera, donde pretende potenciar el cuarto turno con los jueces sustitutos… En definitiva, pretende saltarse a la torera los principios de mérito y capacidad que están consagrados en la propia Constitución.
De alguna manera, cuando hablamos de socavar el poder judicial, me refiero a eso, a tratar de introducir aquellas medidas que de alguna manera le permitan a él controlar o maniatar al Poder Judicial en lugar de dotarle de medios.
Madrid está en ese objetivo de dotación. Estamos actuando sobre el 90 % de las infraestructuras judiciales. Estamos destinando 840 millones de euros. Obviamente, la Ciudad de la Justicia, que ha comenzado las obras, será el buque insignia. pero también inauguraremos el Palacio de Justicia de Torrejón, hemos ampliado el de Getafe, estamos trabajando en el de Móstoles, estamos trabajando en el de Navalcarnero, Majadahonda, Pozuelo…
En definitiva, estamos dotando de medios para que la justicia sea independiente y pueda hacer su trabajo.
Desde la Unión Europea han llamado la atención a España por el problema de los interinos. ¿Cómo lo afronta la Comunidad de Madrid?
Claro, nosotros estamos maniatados con el problema de los interinos, porque las convocatorias las tiene que sacar el Ministerio de Justicia. Tiene que sacar el número de plazas suficiente para poder atender lo que sería la tasa de reposición y para que esos interinos pudieran pasar a ser funcionarios de carrera.
Pero cuando no sacas plazas suficientes, estás abocado a tener que recurrir a la figura del funcionario interino. Y la rotación que eso conlleva. Y por tanto, la pérdida de calidad.
Porque cuando ya conoce bien un procedimiento o conoce bien un juzgado, tiene que salir de ese juzgado, tiene que entrar otro, tiene que volver a aprender, tiene que volver a coger los hábitos que pueda tener ese juzgado.
«Nosotros estamos maniatados con el problema de los interinos, porque las convocatorias las tiene que sacar el Ministerio de Justicia. Tiene que sacar el número de plazas suficiente para poder atender lo que sería la tasa de reposición».
Esperanza Aguirre, cuando fue presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, planteó sus dudas sobre si devolver las competencias en Justicia al Gobierno central. ¿Persisten esas dudas a día de hoy, todavía?
Hay una cierta complejidad en aquellas competencias que se transfirieron a las comunidades autónomas., sobre las que ambas administraciones, la general del Estado y las comunidades autónomas, tienen ciertas responsabilidades. También pasa en otros ámbitos, como el empleo o la sanidad, que es más complejo.
Quizá de ahí esa reflexión que, en su día se pudo hacer y que todavía muchos siguen haciendo. Nosotros ejercemos las competencias que tenemos asumidas con responsabilidad, con rigor, las dotamos de financiación suficiente y necesaria.
Y, a partir de ahí, le pedimos a la otra parte que haga lo suyo. Que coordine, que lidere y que dote de medios también a las comunidades autónomas para que podamos llevar a cabo esa competencia.
Hace unos días, un alto directivo de una empresa muy conocida nos comentaba algo que le resultaba difícil de entender. Explicaba que su compañía, como muchas otras, ha pasado por una transformación tecnológica que les ha permitido optimizar procesos y, en consecuencia, reducir la plantilla, ya que algunos puestos han dejado de ser necesarios. Sin embargo, señalaba con sorpresa que en la Administración del Estado ocurre lo contrario: se incorporan nuevas tecnologías, pero el número de empleados no disminuye. “Desde el punto de vista de la eficiencia empresarial —me decía— esto resulta desconcertante. Entiendo que es una cuestión política, pero ¿cómo se explica?”
Yo creo que la aplicación de la tecnología y ahora en particular la inteligencia artificial, por supuesto que va a hacer que muchos puestos que ahora mismo están en tareas más administrativas, puedan especializarse y que puedan pasar a tareas, por ejemplo, de atención al ciudadano de atención directa. Y que así no haya que contratar a tantos funcionarios interinos.
No es menos cierto, también, que cada vez hay una mayor población. Y por tanto hay un mayor número de personas a las cuales hay que proveerles de servicios públicos fundamentales.
En una comunidad autónoma, el mayor número de funcionarios está precisamente en aquellas áreas que tienen un impacto directo sobre el propio ciudadano. En Madrid, en los últimos diez años hemos crecido en un millón de habitantes, y se prevé que en los próximos 15 años crezcamos otro millón de habitantes más. Y con ello, necesitas más médicos, enfermeros, conductores de metro, docentes, etc. Y por tanto, es difícil pensar que la tecnología va a servir para reducir o para mantener el número de empleados públicos.
Dos años atrás, el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijoó avanzó un hecho que va a suceder, y es que en unos pocos años se van a jubilar entre el 35 y el 50 % de los funcionarios públicos. A través de la revista Registradores, ofreció al PSOE un Pacto por la Administración de Justicia para afrontar ese futuro con tecnología y digitalización. Y argumentaba que ese previsible ahorro de personal podría destinarse a compensar convenientemente las nuevas funciones que los funcionarios tendrán que asumir.
En los puestos de gestión, donde la tecnología permite realizar las mismas tareas con menos personal, su aplicación es muy positiva. Sin embargo, hay otros ámbitos en los que no es tan sencillo. En una comunidad autónoma o un ayuntamiento, que prestan servicios directamente al ciudadano, la tecnología no puede sustituir completamente a las personas, especialmente cuando la población crece de forma constante.
En el caso de Madrid, que no deja de aumentar su número de habitantes, es lógico que también crezcan las necesidades de docentes, sanitarios o funcionarios al servicio de la Justicia. En cambio, en las tareas más administrativas o de apoyo, la inteligencia artificial puede ser muy útil: automatiza procesos repetitivos y permite que los empleados públicos se centren en el control de esos sistemas y, sobre todo, en la atención directa a los ciudadanos.
Desde la pandemia seguimos arrastrando un problema que el Consejo General de Gestores Administrativos está denunciando en una campaña y que es muy grave: la cita previa. Este sistema, que en su momento parecía útil, se ha convertido en una auténtica maldición. No tiene sentido que, contando con personal suficiente y con herramientas tecnológicas avanzadas, todo siga dependiendo de pedir una cita previa, ¿no le parece?
Totalmente de acuerdo. Nosotros defendemos la cita previa como una opción, pero en la Comunidad de Madrid atendemos tanto con cita como sin ella. De hecho, somos probablemente la única administración que, en lugar de reducir horarios, los ha ampliado.
Ahora la oficina central de atención al ciudadano abre de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de forma ininterrumpida, y también los sábados de 9 a 14 horas. Lo hacemos para adaptarnos a las necesidades de quienes trabajan o tienen otras obligaciones.
Además, hemos ampliado los canales de atención: presencial, telefónica (012), videollamada, WhatsApp e incluso oficinas móviles que llegan a todos los municipios, incluidos los más pequeños, para que cualquier madrileño pueda resolver gestiones sin desplazarse lejos.
Por eso, comparto plenamente la crítica a las Administraciones que reducen horarios o exigen cita previa para todo. En algunos organismos del Estado se ha llegado incluso a generar un mercado de compraventa de citas por Internet, algo inaceptable y consecuencia directa de esas restricciones.
Pero, aparte de eso, lo que hemos puesto también lo que es la atención preferente a determinadas personas. Personas mayores, personas con discapacidad, que muchas veces tienen mayores dificultades a la hora de acceder a la administración.
Por ejemplo, hemos puesto el facilitador judicial, para que las personas con discapacidad puedan entender los procedimientos judiciales y por tanto que se le garantice el derecho a una tutora judicial efectiva.
La figura del facilitador en la Comunidad de Madrid, ¿es única?
Es una figura fundamental. Somos los únicos en aplicarla. Y me sorprende que a estas alturas todavía el Ministerio no haya regulado esta figura, cuando debería haber sido el Ministerio el que hubiera establecido un referente y que ese referente hubiera permitido al resto de administraciones públicas haber desarrollado esa figura dentro de nuestros ámbitos geográficos. Pero no ha sido así.
Madrid se cansó de esperar y desarrolló esta figura, que ha sido premiada por el Consejo General del Poder Judicial. Una figura que está permitiendo que muchas personas con discapacidad, cuando tienen que enfrentarse a un auto o a un procedimiento judicial, lo puedan hacer con todas garantías. Y no solo entendiendo, sino también haciéndose entender ante el juez o ante el fiscal o cualquier funcionario de la administración de justicia.
«Comparto plenamente la crítica a las Administraciones que reducen horarios o exigen cita previa para todo. En algunos organismos del Estado se ha llegado incluso a generar un mercado de compraventa de citas por Internet, algo inaceptable y consecuencia directa de esas restricciones».
La Ciudad de la Justicia, es la gran apuesta del gobierno de Madrid para el siglo XXI. La más grande de Europa
En el ámbito de la Justicia, sí, desde luego es la gran apuesta del gobierno de la Comunidad de Madrid. Se van a invertir 650 millones de euros, para agrupar a todas las sedes judiciales de Madrid. Y va a permitir que más de 30.000 personas todos los días que puedan acudir en transporte público hasta este complejo que será más grande, más digitalizado y más accesible del mundo.
Pero si hablamos de retos, o si hablamos de grandes infraestructuras de la Comunidad de Madrid para los próximos años, estamos preparando a la Comunidad de Madrid para lo que va a venir. Y estamos dimensionando los servicios públicos para una región que va a tener 8 millones de habitantes.
Y por eso estamos trabajando en la Ciudad de la Salud, la mayor ampliación de la red de Metro de los últimos años, el plan 40-40 de residencias y centros de día… Estamos en la legislatura más inversora de la historia de la Comunidad de Madrid, teniendo presente las necesidades actuales, y las necesidades futuras.
Ahora se ha introducido la mediación los MASC. ¿Qué supone esto en la Comunidad de Madrid? ¿Hay suficientes medios?
Es un procedimiento que se ha introducido sin ningún tipo de pauta, sin ningún tipo de periodo de carencia realmente. Y siempre hemos dicho que esto iba a encarecer el acceso a la Justicia, y así está siendo.
Se ha encarecido, y se ha retrasado, y creo que no está aportando absolutamente nada. Creo que sinceramente falta un sentido a toda esta reforma. No se trata simplemente de que se meta un proceso con carácter previo, sino que habrá que regularlo, habrá que establecer pautas para que de verdad sea eficaz.
En este momento, se ha convertido en una carga más, un retraso más a la Justicia, y que encarece la misma a ciudadanos y administración, que tenemos que sufragarlo en el turno de oficio. Y, nuevamente, se ha hecho sin diálogo, sin reflexión y sin crear un procedimiento adecuado.
Y eso es lo que le hemos reclamado al Ministerio de Justicia. Ha hecho una ley que, a la cual no ha dotado ni de reglamentos, ni procedimientos, ni financiación. Y sin todo esto, probablemente a lo único que está abocado es a ser una carga más y a un sobrecoste más.
Lo que plantea el Gobierno es que, tras esta reestructuración, se van a necesitar muchos menos jueces. Y por lo tanto, menos financiación
Pues yo creo que ahí, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no están diciendo eso.
A lo mejor en un momento dado, a largo plazo, el trabajo de los funcionarios se puede organizar mejor. Pero es un país que tiene uno de los ratios de juez por ciudadanos más bajos de la Unión Europea, veo difícil que podamos seguir no solo no creciendo, sino incluso que merme el número de jueces.
El colapso de la Justicia tiene mucho que ver fundamentalmente con la falta de jueces. Pero es que el señor Bolaños, o el señor presidente del Gobierno, no están en eso ahora. No están en dotar de más medios a la Justicia, sino en tratar de ver de qué manera pueden controlar a la Justicia.
¿Cree que la realidad del PSOE y del Gobierno se ha convertido en un muro para ver las necesidades de la Justicia?
Estoy convencido de ello.
Ahora mismo la corrupción es lo que está atando a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Y todas las reformas que han emprendido en el ámbito de la Justicia tienen que ver con una respuesta a todo lo que está ocurriendo, que no es otra cosa que el normal ejercicio de los jueces y de poder judicial, que están investigando ciertas causas de corrupción afecten a quien afecten.
En este caso, como afectan, insisto, al entorno del presidente, ya sea su partido, su gobierno o su entorno familiar, pues lógicamente han emprendido una campaña para tratar de controlarlo.
A pesar de las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre el sistema de elección de los vocales, el ministro sigue defendiendo el sistema actual
El señor Bolaños estuvo buscando en el pie de página a ver si había algo en el dictamen de la Comisión de Venecia que pudiera beneficiar a sus intereses.
Pero la última reforma ya se hizo ya pensando en que había que transitar hacia un modelo en el que los jueces eligieran los propios jueces. Parecía razonable. Se pueden buscar miles de maneras, matizarlas, trabajarlas para que sea garantista, para que sea eficaz. Pero Bolaños no está en eso ahora.
¿Qué opina de la causa contra el fiscal general del Estado?
Está en el banquillo de los acusados por saltarse la ley que juró proteger. El que debería ser el máximo defensor del Estado de Derecho de nuestro país, está sentado en el banquillo por ser el instrumento que utilizó el gobierno de Pedro Sánchez para tratar de atacar a un rival político, dejando desvalido en este caso a un particular.
¿Crees que debería televisarse el juicio, como en su momento se hizo el del «procés»? No hay ninguna duda de que es de interés general.
A mí lo que me vale es que se ha sometido a la Justicia. Y por lo tanto, que el tribunal decida si los hechos por los cuales se imputan, que son gravísimos, pues son constitutivos de un delito. Y si es así, pues lógicamente que todo el peso de la ley caiga sobre ello.
Prefiero que nuestro país muestre que un fiscal del Estado, por mucho que sea fiscal del Estado, si se ha saltado la ley, acabe ante la Justicia, que el hecho de que se televise o no. Es un hecho inédito, que un fiscal general del Estado no sólo esté imputado, sino que se vaya a sentar en el banquillo.
