El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado prisión provisional incondicional para Álvaro Romillo Castillo, creador del denominado Madeira Invest Club y conocido en redes como Luis Cryptospain.
La decisión se adopta tras la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que el Ministerio Fiscal solicitó su ingreso en prisión por riesgo de fuga y destrucción de pruebas, argumentos que el juez considera plenamente acreditados.
Según el auto, la investigación sitúa a Romillo al frente de un entramado societario internacional compuesto por al menos 52 sociedades y 106 cuentas bancarias en quince países.
A través del Madeira Invest Club —que inicialmente se presentó como un “club privado de inversión” y después como un “club de compradores de arte digital”— habría captado fondos de más de 3.000 inversores, logrando recaudar al menos 261 millones de euros en supuestas “obras” de inversión que abarcarían relojes de lujo, vehículos, inmuebles, startups, oro, metales preciosos y otros coleccionables.
El auto detalla que el modelo empresarial se sustentaba en promesas de rentabilidades mínimas del 20% y picos de hasta el 300%, supuestamente garantizadas y sin riesgo.
No obstante, las diligencias de la UCO concluyen que las inversiones no existían o eran meramente residuales, y que los beneficios que algunos miembros recibían procedían en realidad de fondos de nuevos inversores, lo que encajaría con un esquema piramidal.
Pagos de membresías y desvío sistemático de fondos
En el curso de la investigación, indica el auto, se han decomisado 85 vehículos de lujo (Maserati, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Bentley o Lamborghini), embarcaciones e inmuebles, que la organización criminal “trató de eludir mediante su ocultación y venta alterando sus datos administrativos” y cuya consumación fue impedida por la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional en una pieza separada.
El engaño también se construyó transmitiendo una falsa imagen de profesionalidad de las personas que ejecutaban los servicios ofrecidos, afirmación que se alejaba totalmente de la realidad, habida cuenta de la falta de formación de aquellas en relación con los servicios ofrecidos, explica la resolución.
Como estrategia de marketing, apunta, también se celebraban eventos multitudinarios. Entre ellos, el juez detalla tres actos celebrados en mayo de 2023 en la Finca Feligrés de Arganda del Rey, el Evento MIC2, en septiembre en el palacio Vistalegre Arena de Madrid, y el del 6 de abril de 2024 en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid, en el que contó con la colaboración de Alvise Pérez.
La organización criminal contaba, al menos, con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia).
La investigación ha acreditado la salida de fondos a través de transferencias a cuentas en el extranjero. En concreto, se ha localizado una cuenta bancaria vinculada a los investigados que recibió más de 29 millones de euros en Singapur desde la cual se desviaron aproximadamente 18 millones de dólares a otra cuenta tailandesa.
Sólo en concepto de membresías para acceder al club, Romillo habría obtenido 7 millones de euros. Los investigadores constatan que el dinero aportado por las víctimas no se destinaba a las inversiones anunciadas, sino que alimentaba un circuito de transferencias internas entre sociedades vinculadas al investigado, sirviendo además para financiar compras de alta gama: vehículos de lujo, embarcaciones, inmuebles, criptomonedas y otros activos.
La UCO ha identificado el bloqueo de más de 29 millones en una cuenta en Singapur, así como embargos sobre numerosas propiedades: viviendas, fincas, garajes, embarcaciones —incluidos los yates The Coop, Joker y Alter Ego— y otros bienes adquiridos presuntamente con fondos ilícitos.
Riesgo de fuga y destrucción de pruebas
El juez Calama considera que existen indicios racionales de criminalidad en relación con los delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, todos ellos castigados con penas superiores a dos años de prisión.
El auto subraya que la estructura internacional del entramado, la magnitud del lucro obtenido, la disponibilidad de fondos en el extranjero y la movilidad demostrada por el investigado elevan “notablemente el riesgo de fuga”. También aprecia un alto riesgo de destrucción u ocultación de pruebas, dada la “capacidad del grupo para mover y transformar activos” y la complejidad de las operaciones.
Prisión provisional sin fianza
Tras valorar los argumentos del Ministerio Fiscal y la oposición de la defensa, el magistrado acuerda la prisión provisional incondicional, medida que considera “estrictamente necesaria, subsidiaria y proporcionada” para garantizar la eficacia del proceso penal.
Emilia Zaballos y Francisco Manuel Jiménez Aguilera, de la firma Zaballos Abogados, los letrados que representan al 90 % de los afectados, han aplaudido tanto la actuación del magistrado Calama como de la fiscal.
El caso continúa bajo investigación en la Audiencia Nacional, que mantiene abiertas diligencias patrimoniales y comisiones rogatorias internacionales para localizar el destino final del dinero captado.
