El caso Mascarillas (Operación Delorme) confirma lo que ya vimos en Gürtel: la prisión provisional como síntoma del colapso de la justicia penal española.
En 2018 publiqué en Confilegal un artículo titulado: “Caso Gürtel: Los abogados defensores no hemos llegado a tiempo para evitar la prisión de algunos de los condenados”.
Lo cerraba con una frase que entonces parecía una advertencia extrema, pero que hoy ha vuelto para describir, palabra por palabra, el panorama judicial español:
“No hay piedad, ni siquiera preventiva, para los malditos».
Siete años después, el ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos y Koldo García, en el llamado caso Mascarillas (Operación Delorme), demuestra que nada ha cambiado. O, si ha cambiado algo, es únicamente la rapidez con la que el sistema ejecuta lo que puede describirse sin rodeos como un asesinato civil.
1. Cinco años de instrucción y un final que revela el miedo institucional
La instrucción de este caso comenzó en 2020. Cinco años de diligencias, de informes policiales, de piezas derivadas y de un procedimiento que avanzó con la lentitud habitual en las macrocausas españolas. Durante todo ese tiempo, Ábalos cumplió cada medida cautelar: compareció, respetó las limitaciones, no destruyó pruebas, no intentó huir.
Y sin embargo, justo cuando la instrucción se da por cerrada, las acusaciones piden más de veinte años de prisión y el juicio aparece a pocos meses vista, el riesgo de fuga se vuelve de inmediato “extremo”.
No ha cambiado Ábalos. Ha cambiado la ansiedad del propio sistema, que encarcela para protegerse de la fragilidad de una instrucción demasiado larga, demasiado dependiente de la Policía Judicial y demasiado condicionada por la exposición pública.
En España, la prisión provisional aparece cuando la justicia deja de confiar en sí misma.
2. Un sistema que investiga tarde, delega donde no debe y reacciona mal
El problema no es este caso. Es el modelo institucional.
— El juez instructor sostiene demasiado.
En un sistema moderno, el instructor es un juez de garantías. En España, en cuanto una causa se complica, termina siendo el arquitecto de la investigación, el estabilizador del caos y el último responsable de cuadrar una narrativa probatoria construida por otros.
— La Fiscalía no debe dirigir, pero sí debe impulsar. Y llega tarde.
La Fiscalía no dirige la instrucción —nuestro modelo no funciona así—, pero sí debe impulsar la acción penal, solicitar diligencias, defender la legalidad y evitar que la investigación quede en manos exclusivas de la Policía Judicial.
Hoy, en demasiadas macrocausas, la Fiscalía reacciona. No anticipa. Se suma al relato cuando ya está construido.
— La gran grieta: la subcontratación encubierta de la investigación
La Policía Judicial —UCO, en este caso— está al servicio del juez y de la Fiscalía. Sin embargo, en la práctica, ocurre lo contrario: la Policía impulsa, la Fiscalía acompaña, el juez sostiene.
Esa inversión antijurídica de jerarquías explica por qué las instrucciones se vuelven interminables, fragmentadas y desordenadas. Y explica también por qué, cuando llega el momento decisivo, la prisión provisional aparece como el único gesto de autoridad institucional posible.
3. El asesinato civil: la pena que no aparece en la ley
La entrada en prisión de José Luis Ábalos no es una medida cautelar: es un asesinato civil ejecutado de inmediato.
Desde ese momento: pierde su escaño, pierde reputación, pierde relevancia pública, pierde sustento económico, pierde cualquier posibilidad de reconstrucción política, pierde, en definitiva, su vida civil.
Todo ello sin juicio, sin sentencia firme, sin defensa pública completa.
Y en su caso, con peticiones de más de veinte años, este ingreso no es una espera: es probablemente el primer día del resto de su vida en prisión. Lo mismo ocurre con Koldo García, con menor exposición pública pero idéntica destrucción personal.
4. La incertidumbre: la tortura blanca del sistema penal
La prisión provisional castiga por la vía más devastadora:
la incertidumbre absoluta.
El investigado no sabe: cuánto durará el encierro, si aparecerán nuevas piezas, si el juicio será inmediato o tardará años, si la sentencia será firme de un día para otro,
si su familia resistirá, si la vida anterior podrá recuperarse alguna vez.
La incertidumbre es la verdadera pena anticipada. Una pena que no existe en el Código Penal, pero que se ejecuta día a día en los juzgados españoles.
5. La prensa: imprescindible… pero también desencadenante de una reacción descontrolada
El periodismo de investigación destapa irregularidades que de otro modo no aflorarían. Es necesario. Pero ese mismo foco mediático aumenta la presión sobre un sistema institucional que, cuando se siente desbordado, responde como sabe:
con prisión provisional.
No por necesidad procesal, sino por reflejo institucional. Por miedo. Por autoprotección.
Este caso no demuestra fortaleza. Demuestra agotamiento, descoordinación y debilidad institucional.
6. La prisión provisional como síntoma del fracaso
Un sistema que necesita encerrar para llegar vivo al juicio no es un sistema fuerte. Es un sistema que no se sostiene.
Por eso, siete años después de escribirlo, sigue siendo cierto:
En España, no hay piedad —ni siquiera preventiva— para los malditos. Pero lo verdaderamente alarmante no es la falta de piedad. Es que esa falta de piedad nace del fracaso estructural de nuestra justicia penal.
