La abogacía madrileña lanza un mensaje nítido: la implantación obligatoria de los Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de la demanda está siendo percibida entre los profesionales de la abogacía de la Comunidad de Madrid como un obstáculo más que como una mejora del sistema de Justicia.
El 84 % de los profesionales valora como negativa o muy negativa esta exigencia previa, contenida en la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia en España, según los datos contenidos en el I Estudio sobre la aplicación de la Ley de Eficiencia Procesal, elaborado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y presentado hoy-
En detalle, el 57,5 % la califica de muy negativa y un 26,2 % de negativa.
La percepción mayoritaria es clara: se trata de un requisito formal añadido que implica más trabajo, mayor riesgo de inadmisión y, sobre todo, ninguna mejora apreciable ni en los tiempos ni en la satisfacción de las partes.
El Estudio, basado en una encuesta compuesta por diez preguntas y realizada entre septiembre y octubre de este año, recoge una muestra representativa de 1.164 abogados ejercientes que reflejan los distintos perfiles profesionales de la abogacía madrileña: letrados del Turno de Oficio (21%), grandes despachos (4%) y mayoritariamente de medianas firmas y ejercicio individual (89%).
El 82 % de los encuestados ya ha tramitado procedimientos afectados por la nueva norma, lo que aporta una base sólida de experiencias reales al estudio.
“La abogacía madrileña no está en contra de los MASC ni de la modernización de la Justicia. Al contrario. Lo que decimos, con este estudio en la mano, es que la eficacia no se decreta por ley”, ha declarado el decano del ICAM, Eugenio Ribón, durante la presentación del este I Estudio.
Una eficacia mínima: los conflictos acaban igualmente en los juzgados
Lejos de reducir los conflictos judiciales o simplificar los trámites, la mayoría de los abogados madrileños encuestados considera que la nueva regulación ha añadido más obstáculos que soluciones.
Según el estudio, el 90 % cree que los nuevos pasos obligatorios retrasan aún más los procedimientos, mientras que solo un 4,3 % opina que han servido para agilizarlos.
La crítica de la abogacía madrileña no se queda en una impresión subjetiva: los datos la respaldan. Solo 1 de cada 10 profesionales afirma que la negociación previa ha permitido resolver el conflicto extrajudicialmente.
En el 90,8 % de los casos, el asunto termina igualmente en sede judicial, pero con más trámites previos, más costes y mayor desgaste.
Disparidad de criterios en los órganos judiciales
Además, uno de cada dos abogados (50,7 %) afirma haber tenido problemas para demostrar ante el juzgado que ha intentado llegar a un acuerdo previo —un requisito que exige la ley antes de presentar una demanda—.
Tres de cada cuatro encuestados señalan la existencia de criterios dispares entre órganos judiciales, dudas de sobre qué se considera intento suficiente e incertidumbre sobre cómo documentarlo y los plazos razonables.
Esta dificultad, en numerosos casos, ha provocado incluso que las demandas no fueran admitidas a trámite. El 71 % de las personas encuestadas considera que los requisitos de procedibilidad —los pasos previos que debe cumplir una demanda para poder ser admitida— se interpretan de forma muy diferente según el juzgado. Solo un 4 % cree que existe una aplicación uniforme.
Esta falta de criterios comunes provoca inseguridad jurídica y convierte el proceso en una especie de ruleta: la aceptación o rechazo de una demanda puede depender más del criterio individual del juzgado que de las reglas previstas en la ley.
Métodos asentados eficaces
A la hora de elegir cómo resolver un conflicto, la mayoría de los colegiados prefiere recurrir a métodos que ya están muy asentados en la práctica profesional. El 44 % opta por presentar una oferta vinculante —una propuesta formal cuyo cumplimiento es obligatorio si la otra parte la acepta— y el 34,5 % prefiere la negociación directa entre las partes.
En cambio, opciones como la mediación (8,2 %), la conciliación (10,6 %) o el llamado derecho colaborativo (1,6 %) —un método basado en acuerdos cooperativos guiados por profesionales especializados— apenas se utilizan.
Este patrón muestra que el sistema sigue apoyándose en herramientas tradicionales y que aún no se ha producido un verdadero cambio cultural. Los métodos considerados “más avanzados” continúan siendo minoritarios, posiblemente por falta de incentivos, poca formación específica o dudas sobre su utilidad real.
La Ley 1/2025 no convence
La percepción general sobre cómo está funcionando el nuevo sistema queda clara al mirar el nivel de satisfacción: más de la mitad de los profesionales encuestados le dan un 0 sobre 10. La media apenas llega al 1,6 y la mediana —el valor más repetido— es directamente 0.
Esta valoración, común a todos los perfiles profesionales, refleja con bastante precisión el estado de ánimo de la abogacía madrileña: desconfianza, sensación de estar desbordados y ausencia de resultados visibles.
“Una de las principales conclusiones es que el sistema no ha sido diseñado ni implementado con la participación adecuada de quienes tienen que aplicarlo. Y sin esa legitimación técnica, sin el conocimiento directo de quienes ejercen el Derecho cada día, los proyectos bienintencionados acaban resultando estériles”, ha añadido Eugenio Ribón.
Si no se corrigen las disfunciones detectadas, “la obligatoriedad de los MASC puede convertirse en un obstáculo de acceso a los tribunales, especialmente para quienes cuentan con menos medios”.
El ICAM plantea tres líneas de acción para corregir los problemas detectados en la aplicación de la Ley de Eficiencia Procesal: un impulso institucional para reclamar ajustes legales y criterios homogéneos que eviten que los MASC obligatorios dificulten el acceso a los tribunales —incluida la petición de suspender la Ley Orgánica 1/2025 en procedimientos que afecten a menores—; un refuerzo técnico a la colegiatura mediante guías, modelos, certificaciones y formación práctica que reduzcan la inseguridad jurídica en los requisitos previos a la demanda; y un seguimiento constante del sistema para aportar datos actualizados y propuestas de mejora.
Además, el informe destaca un avance significativo: el 70,4 % de la abogacía madrileña conoce el Departamento MASC del ICAM, lo que demuestra su consolidación como servicio de referencia.
El Parlamento aprobó recientemente una PNL para corregir con urgencia los MASC
El pasado 13 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley (PNL) por 185 votos a favor, 16 en contra y 149 abstenciones, instando al Gobierno a corregir con urgencia el sistema de MASC.
El resultado, logrado tras la incorporación de enmiendas del PNV, reflejó un Parlamento ampliamente convencido de que la aplicación actual de los MASC no está cumpliendo sus objetivos y requiere una corrección inmediata.
El Partido Popular votó casi en bloque a favor, con una única abstención interna. Vox respaldó íntegramente la propuesta. Junts, PNV, EH Bildu —con división de voto— y varios diputados del Grupo Mixto se sumaron también al apoyo.
En contraste, el PSOE y Sumar optaron por la abstención masiva, lo que revela su incomodidad con la aplicación de la norma, aunque sin alinearse con la revisión impulsada por el PP.
El informe del ICAM viene a confirmar lo que el Parlamento votó.
