A dos pasos de mis ‘chambers’ está el City of York, un pub de entrada estrecha hasta para las corbatas.
A las seis y cuarto, el personal habitual aparece con el abrigo empapado y confidencias en voz baja.
El camarero sirve sin preguntar, pinta corta, vaso de agua y ceja levantada al verme con algún expediente bajo el brazo.
Y es que en esa madera vieja rige una ley no escrita según la cual, en el pub se habla de críquet, del tiempo y del fútbol; lo del pleito se queda en la puerta, con los paraguas chorreando.
La campana de ‘last orders’ suena una, dos veces y nadie regatea un minuto.
El que pide tarde bebe espuma y que se cuela, pues invita a la ronda.
Es la pedagogía inglesa resumida en reglas claras, tiempos marcados y cero dramas.
Se brinda, se asiente y se pasa página.
Por eso, este caso que nos trae de cabeza se entiende mejor con una pinta de Guinness en la mano.
Igual que en el pub, la justicia seria no improvisa; marca los tiempos y deja que cada cual cumpla su turno.
Así que volvamos a este asunto: la mayor catástrofe medioambiental de Brasil ante la jurisdicción de Inglaterra y Gales.
LA LUCHA POR ANCLAR EL CASO ANTE LA JURISDICCIÓN
Empecemos por el principio de la vía inglesa, que no fue precisamente un paseo por St. James Park.
Veamos, las primeras demandas por el derrumbe se presentaron contra BHP entre 2018 y 2019, primero contra la sociedad británica del grupo y después también contra la australiana.
Curiosamente, el asunto se inició ante las ‘Business and Property Courts’ de Liverpool para saltar después a la ‘High Court’ de Londres, donde se concentró bajo un número único de causa.
Luego se interpuso una nueva demanda para dar cabida a reclamantes que se habían quedado fuera por cuestiones de adhesión al grupo inicial.
Y aún hubo otra más, presentada por quienes perdieron el último tren, aunque quedó en suspenso hasta que acabara la causa principal.
Ojo, porque todo esto no es folklore británico, sino la ordenación de un procedimiento complejísimo.
Recuerden que hay varias categorías de actores que ya superaban entonces el medio millón, incluyendo a miles de personas físicas, negocios y decenas de municipios, comunidades indígenas e incluso entidades religiosas afectadas por la catástrofe.
Esto explica la necesidad de que la cocina procesal inglesa estableciera el menú en dos pases: un primero para determinar la responsabilidad de las demandadas y, sólo después, pasar al estofado de las cuantías de indemnización.
Pero el primer giro inesperado de los acontecimientos llegó en 2019.
Y es que la defensa de BHP se defendió con un buen ataque.
En concreto, pidió que el caso se expulsara de la jurisdicción por “abuso de proceso”.
Es decir, un ‘strike out’ por no ser Inglaterra y Gales el foro adecuado para ventilar el asunto.
Pues sí, la minera pidió al juez que sacase el caso de Londres por completo porque, tal como venía planteado, el pleito era abusivo al duplicar los procesos iniciados en Brasil.
Para BHP el nuevo pleitón inglés creaba un evidente riesgo de decisiones contradictorias y, además, cargaba a la ‘High Court’ con un marrón elefantiásico de proporciones bíblicas.
Y, subsidiariamente, solicitó que se colocara el freno de mano.
Esto es, que si el juez no quería mandar a los demandantes de vuelta al otro lado del Atlántico, pues al menos que dejara el asunto en pausa mediante un ‘stay’.
Una suspensión hasta que los tribunales brasileños resolvieran primero, vamos.
Para ello, con buena lógica, los de BHP alegaron que Brasil era el foro natural para este follón y que un pleito masivo en Londres duplicaría esfuerzos innecesariamente.
Y recordaron también las normas del viejo Reglamento de Bruselas, más recauchutado que refundido, aún aplicables en aquellos tiempos en que el Reino Unido formaba parte de la troupe comunitaria.
Bueno, se celebraron las audiencias correspondientes y muy sesudas durante más de una semana ante Mr Justice Turner.
Allí se discutieron, hasta la extenuación , el ‘strike out’ por abuso y su prima, ‘stay’ por el artículo 34 bruselesco, con grandes dosis de esa paciencia jurídica que se practica por aquí.
Imagínense un expediente “nuclear” con cinco tomos de más de 30.015 páginas, nueve tomos de jurisprudencia aplicable, un esquema de alegaciones de 187 páginas y 22 apéndices añadidos sobre la marcha.
Así que, terminadas las audiencias, Mr Justice Turner se fue a su casa y, en noviembre de 2020, volvió con su sentencia, [2020] EWHC 2930 (TCC), en la que acordó expulsar la reclamación contra BHP.
Fue un zás en toda la cara.
Se cerraba así la puerta inglesa con entrega remota por el protocolo de COVID-19.
La resolución no sólo aceptaba el diagnóstico de BHP sobre duplicidades con Brasil y riesgo de decisiones incompatibles, sino que también subrayó la carga inasumible para el tribunal ante un pleito con cientos de miles de demandantes
Anotó que el litigio de entrada no sería manejable.
De hecho, el mismo colectivo pleiteaba a la vez en Brasil, donde una parte importante de los actores ya había cobrado o tenía pleitos pendientes en el país contra las demandadas.
Además, el juez Turner señaló algunos datos algo inquietantes.
Y es que los propios abogados de los demandantes reconocieron haber perdido el contacto con nada menos que unos 37.000 clientes desde que arrancó la causa en Inglaterra y Gales.
Por si fuera poco, citó un folleto de preguntas frecuentes de la parte actora que animaba a litigar en ambos países, con la idea de que luego cada juez haría los ajustes para evitar el doble pago.
Con ese panorama, dijo, el juez inglés acabaría corrigiendo los deberes propios de la justicia brasileña, algo poco recomendable en este tipo de asuntos.
En fin, la historia podría haber terminado ahí, pero siguió.
LA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LOS DEMANDANTES
Una vez obtenido el permiso para apelar, los demandantes interpusieron recurso ante la ‘Court of Appeal’.
El tribunal recogió el guante con formato de gran vista en Londres y un trío de lujo en el estrado.
Lord Justice Underhill al timón de la sala civil, de pulso fino y especialista en materia de empleo.
Le acompañan, nada menos que Lord Justice Popplewell a babor y Lady Justice Carr a estribor.
Se sentaron con un expediente que parecía un transatlántico, con tomos y tomos, anexos, peritos en derecho brasileño y un mapa completo de todo lo que se movía en Minas Gerais.
Lo primero fue poner orden sobre quiénes demandan en Inglaterra, qué se está tramitando en Brasil y qué preguntas jurídicas tocaba resolver sin perderse en la maleza.
El debate venía marcado por lo que Turner dejó en 2020.
¿Había que mantener el pleitazo en Inglaterra era un abuso de proceso o, más bien, un modo razonable de pedir cuentas a la matriz británica de BHP?
¿Hacía falta echar el freno al viejo Reglamento de Bruselas para evitar choques con lo que se ventilaba allá, artículo 34 mediante?
Para la apelación, los equipos de ‘solicitors’ y ‘barristers’ se aplicaron con la misma seriedad.
BHP insistió en los peligros de duplicidad, en el riesgo de incoherencias y en la necesidad de no convertir la ‘High Court’ en la centralita de pleitos paralelos.
Pero la defensa de los actores defendió la puerta inglesa con la ley brasileña al fondo y un juicio por etapas.
Por eso dedicó páginas a explicar qué son las acciones civiles públicas en Brasil, cómo operaban los programas de indemnización y qué piezas seguían abiertas.
Sólo con ese telón podía decidirse si el caso debía seguir su curso en Londres, si tocaba levantar el pie o si, sencillamente, había que cerrar el paso definitivamente.
En fin, pues mucho me temo que lo que ocurrió después lo dejamos para la semana que viene.
Que aquí la campana del City of York ha sonado ya y aún queda mucho partido por jugar.
Hasta entonces, mis queridos anglófilos.
