La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante socialista Leire Díez. Detención que se produce en relación a presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI, y apenas unos días después de que Díez prestara declaración ante el Juzgado de Instrucción nº9 de Madrid.
Leire Díez figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. Un caso en relación al cual el magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre.
Intervención en sede judicial en la que el magistrado preguntó a la exsocialista sobre las acusaciones que pesan sobre ella, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado sostiene que la exmilitante socialista lideraba una «actuación delictiva, continuada y coordinada» junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Díez declaró el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores.
Además, durante su declaración como imputada hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 dio el salto a la empresa pública, cuando empezó en Enusa, perteneciente a la SEPI y donde, tras un «previo proceso de selección», se incorporó como «técnico de comunicación».
En Enusa estuvo hasta 2021, cuando –según dijo– se fue con una excedencia voluntaria porque vio una oferta de trabajo en Correos como jefa de Relaciones Institucionales.
SERVINABAR PAGÓ A FERNÁNDEZ
Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018 y dimitió del cargo en octubre de 2019 por su imputación en el ‘caso Aznalcóllar’, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina.
La Audiencia Provincial de Sevilla absolvió la semana pasada a los 16 acusados, entre ellos el propio Fernández, al considerar que «no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación infundada».
Fernández declaró en el juicio por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, negando cualquier «instrucción o recomendación» a los funcionarios del concurso saldado con la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis.
El pasado julio, el PP citó al expresidente de la SEPI en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ del Senado por su relación con Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán y el empresario Antxon Alonso, investigados en el Tribunal Supremo por la presunta trama de comisiones a cambio de obra pública.
Fernández se acogió a su derecho a no declarar alegando su situación procesal en el ‘caso Aznalcóllar’ cuando los senadores se interesaron por los motivos por los que cobró de Servinabar y también sobre si conoció a Díez, Cerdán, el exministro José Luis Ábalos o al exasesor ministerial Koldo García.
El nombre de Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ sobre la información tributaria de Servinabar.
En esos documentos, a los que tuvo acceso Europa Press, se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.
Tras su detención este miércoles, Leire Díez se encontraría en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos, según adelantaba El País.
