El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió ayer a defender públicamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, insistiendo en que es “inocente” pese a la condena dictada por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos.
Según el jefe del Ejecutivo, García Ortiz “actuó en defensa de la verdad y del interés público” al informar sobre la situación fiscal de la pareja de la presidenta madrileña.
«¿Y hoy dan lecciones de qué?, ¿de una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?», dijo en el marco de un acto de la UGT por el centenario de la muerte del fundador del sindicato y del PSOE, Pablo Iglesias Posse.
Para Sánchez, la condena no invalida lo que considera un compromiso del fiscal con la transparencia, y sostiene que la polémica responde más a un uso político del caso que a una falta de profesionalidad dentro de la Fiscalía.
El presidente del Gobierno subrayó, además, que la resolución del Supremo no fue unánime y que el voto particular de dos magistradas cuestiona directamente la existencia de pruebas concluyentes contra García Ortiz.
Para Moncloa, esta división interna dentro del alto tribunal refuerza la idea de que el fiscal general no actuó de forma delictiva y que, en consecuencia, la sentencia no desmiente su inocencia.
Lejos de rebajar el tono, Sánchez reafirmó su apoyo y cuestionó abiertamente la lectura que la oposición —en especial Isabel Díaz Ayuso— ha hecho de la sentencia. Afirmó que el el foco político debería ponerse en las responsabilidades que, a su juicio, competen a Ayuso.
«Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidades a la señora Ayuso es el señor (Alberto Núñez) Feijóo», siguió, en referencia al líder nacional del PP.
La oposición, por su parte, exigió la dimisión inmediata del fiscal general y acusó a Sánchez de “desafiar” al Poder Judicial. El Partido Popular sostuvo que la condena es incontestable y prueba una actuación irregular al frente del Ministerio Público. Ayuso ha ido más allá y ha presentado el fallo como un ejemplo de que “el Estado de derecho funciona a pesar del Gobierno”.
«Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidades a la señora Ayuso es el señor (Alberto Núñez) Feijóo», ha seguido, en referencia al líder nacional del PP.
Una consecuencia directa de este fallo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, consistente en dos años de inhabilitación, es que conlleva indefectiblemente la expulsión de la carrera fiscal.
Así lo establece con toda claridad el artículo 32 del Reglamento del Ministerio Fiscal: «La condición de fiscal se pierde en virtud de algunas de las causas siguientes:», «d) Pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso».
