La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la solicitud de comparecencia telemática de José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, para la vista preliminar fijada el próximo 12 de febrero por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia.
Ambos solicitaron la comparecencia vía telemática comunicando la existencia de diversos problemas médicos a través de escritos presentados por el exministro, por un lado, y de la letrada del exasesor, por otro.
El tribunal ha revisado las peticiones de ambos, con los informes médicos presentados por Ábalos y el informe de Koldo García emitido por los servicios médicos del centro penitenciario Madrid V-Soto del Real. Y tras su análisis, ha rechazado sus propuestas y ha ordenado la asistencia presencial de ambos.
El Supremo solicitó informes médicos a Koldo antes de decidir su comparedencia telemática
Tras fechar la vista preliminar del ‘caso Koldo’ para el 12 de febrero, tanto Koldo como Ábalos pidieron al alto tribunal comparecer telemáticamente. Ambos bajo el amparo de que sufrían «problemas de salud» que dificultaban su asistencia presencial a la vista.
La Sala Segunda solicitó, mediante providencia, a los servicios médicos del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) un informe actualizado sobre el estado de salud actual del exasesor del ministro, para resolver si su estado de salud le impedía salir del centro penitenciario para dicha vista.
Las acusaciones piden hasta 30 años de prisión en el «caso Koldo»
El magistrado Leopoldo Puente apreció que había suficientes indicios de responsabilidad criminal por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes a cargo del exsecretario de organización del PSOE durante la pandemia.
El magistrado instructor acordó el procesamiento de Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al considerar que los tres «se concertaron» para aprovechar la condición de ministro de Transportes del primero y su “influencia” con el objetivo de “beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública”, así como de “cuantas oportunidades se les pudieran presentar” valiéndose de esa posición.
La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Víctor de Aldama.
Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, solicitan 30 años de cárcel tanto para el exministro como para su exasesor, y reclaman para el empresario la misma pena que el Ministerio Público.
