No toda moderación es virtud. Hay una forma de templanza que no nace de la prudencia, sino del cálculo; no del respeto, sino del temor. Se presenta como sensatez, pero actúa como evasión. A esa modalidad cada vez más extendida en la política, en la empresa y en las instituciones, cabe llamarla buenismo funcional.
No es benevolencia ni compasión. Es la preferencia sistemática por los márgenes del problema, el rodeo constante alrededor del núcleo conflictivo, la sustitución del análisis por el gesto. El rábano, cogido siempre por las hojas.
El buenismo no niega la existencia de los problemas. Los reconoce, incluso los enumera. Pero los aborda de tal modo que quedan neutralizados. Se habla de contextos y sensibilidades.
Se desplaza la atención hacia cuestiones secundarias, perfectamente debatibles, que permiten mantener la conversación sin necesidad de tomar decisiones incómodas. Su ventaja es que no genera enemigos inmediatos. Su coste: que no resuelve nada.
Esa eficacia aparente explica su éxito. Este buenismo —convertido en mecanismo— es cómodo: permite ocupar el espacio público sin asumir el coste del conflicto. Sustituye la decisión por la gestión del clima, la responsabilidad por el relato, el gobierno por la administración del malestar. No fracasa por error, sino por diseño.
Opera mediante una técnica sencilla: cambiar el plano del problema. Cuando hay una crisis de legitimidad, se habla de recursos. Cuando hay un deterioro institucional, se invoca la convivencia. Cuando hay decisiones erróneas, se subrayan las buenas intenciones.
El problema no es que esas consideraciones sean falsas, es que se conviertan en coartada. Cuando lo accesorio ocupa el lugar de lo esencial, la política deja de ordenar prioridades y se limita a posponerlas. El buenismo no miente: aplaza.
Ese aplazamiento suele presentarse como virtud cívica. No se niega la gravedad de lo que ocurre; simplemente se decide que no es el momento de decirlo. No es censura ni sumisión: es cálculo.
Es el aplazamiento moral
Habrá ocasión más adelante para abordar lo esencial; entretanto, se atiende a lo gestionable. Es el aplazamiento moral: una moratoria ética que gana tiempo a costa de vaciar de contenido la responsabilidad.
Un episodio reciente ilustra bien esta deriva. En un acto ritual, la máxima autoridad judicial denunció una carencia real: la falta de jueces, la sobrecarga de trabajo, la intendencia deficiente.
Pero el énfasis exclusivo en el problema logístico dejó en la penumbra una cuestión más grave: el cuestionamiento sistemático del juez como autoridad imparcial, la banalización de la acusación de prevaricación lanzada desde la política, la erosión deliberada de la legitimidad judicial como técnica de defensa del poder.
No hubo denuncia expresa de ese clima. Hubo una elección: hablar de lo que falta sin mencionar lo que se ataca. Ese desplazamiento no es neutral. Contribuye a que el daño se normalice y a que lo que debía ser una advertencia firme quede reducido a una nota a pie de página.
Este patrón no es excepcional ni limitado a un solo ámbito. Se repite en la gestión de la inmigración convertida en gesto moral, en la corrupción tratada como problema de percepción, en el deterioro institucional envuelto en lenguaje terapéutico, en la empresa que sustituye decisiones difíciles por códigos de conducta. Cambia el escenario, no el método.
Cuando las instituciones optan por este camino, no traicionan su función de manera abrupta. La diluyen. Eluden la confrontación directa con quien las desacredita y, al hacerlo, colaboran —aunque sea de forma involuntaria— en su consolidación. El poder deja de ser responsable y pasa a ser decorativo.
La firmeza no es brutalidad
Conviene insistir en una distinción esencial: rechazar el buenismo como mecanismo no implica abrazar su falso antónimo, la violencia. La firmeza no es brutalidad. Nombrar un problema no es atacarlo. Señalar una deriva no es incendiar el debate. Pero esa confusión interesada se ha convertido en uno de los mejores escudos del inmovilismo.
El buenismo como mecanismo no impone; desgasta. No prohíbe; deslegitima. Y acaba erosionando la idea misma de responsabilidad, hasta que exigirla parece un acto de grosería.
Las sociedades no se descomponen solo por el exceso de confrontación. También lo hacen —y de manera más silenciosa— por la acumulación de silencios estratégicos, palabras medidas hasta la extenuación y diagnósticos que se detienen siempre un paso antes del corazón del problema.
Decir lo relevante aunque resulte incómodo no es una forma de violencia. Es una obligación del poder y una exigencia de la ciudadanía. Lo contrario —callar por cálculo, hablar de lo secundario para evitar lo esencial— no es prudencia. Es una forma educada de renuncia.
