El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acusó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de actuar con «corporativismo malentendido» en el ejercicio de su función disciplinaria sobre jueces y magistrados.
Lo hizo durante un coloquio celebrado en la Forbes House de Madrid, con motivo de la publicación del libro «Sobre el imperio de la ley», del abogado Javier Cremades, un ensayo que aborda el estado del Estado de derecho en España y los desafíos que afronta el sistema judicial.
El argumento del ministro se apoyó en una cifra llamativa: cada año se presentan ante el CGPJ «unas 15.000 quejas contra jueces por conductas ajenas a su función jurisdiccional, pero el porcentaje de sanciones efectivas no llega al 0,19%».
Bolaños atribuyó esa brecha al hecho de que una parte significativa de los expedientes se archivan sin desembocar en sanción alguna, bien en el propio Consejo, bien en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, órgano competente para revisar las decisiones disciplinarias del CGPJ.
Fuentes del Consejo consultadas por Confilegal recuerdan al ministro que «la oficina de quejas del CGPJ –la Unidad de Atención al Ciudadano– atiende a todas las que se producen contra la Administración de Justicia, no solo contra los jueces, y comprende a todos los estamentos que la conforman. Desde jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, gestores, tramitadores, auxilio judicial, incluso vigilantes de seguridad».
El CGPJ distribuye después esas quejas donde corresponde, Ministerio y Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
CAMPAÑAS MASIVAS DE QUEJAS ORQUESTADAS CONTRA JUECES
También subrayan un hecho que le ha pasado desapercibido al ministro que son las campañas masivas de quejas orquestadas contra determinados jueces, como Beatriz Biedma, la juez instructora del caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón; Ángel Hurtado, el juez instructor del Supremo del caso de Álvaro García Ortiz; Adolfo Carretero, juez instructor del caso de Íñigo Errejón, o la juez de violencia sobre la mujer de Barcelona, Paquita Verdejo, por citar algunos casos conocidos.
Campañas que se componen de denuncias idénticas contra los jueces con una intención clara y evidente.
Las mismas fuentes recuerdan, asimismo, que el mayor número de quejas que recibe el CGPJ están referidas al Registro Civil, que depende directamente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Sobre las denuncias contra jueces, el 48,46 % es por disconformidad con las resoluciones, el 35,01 % es por retraso, y el 10,05 % es por trato desconsiderado, según la Memoria del CGPJ de 2025. El resto, es por variedad de cosas.
A juicio del ministro, dichas conductas están «insuficientemente depuradas». Bolaños entiende que en ocasiones el promotor de la Acción Disciplinaria actúa «con un corporativismo malentendido», que lleva a proteger a compañeros de profesión en lugar de depurar las irregularidades que estos pudieran cometer.
Un punto de vista con el que las fuentes consultadas disienten: «Es evidente que el señor ministro no conoce en profundidad los datos».
