La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado no abrir causa contra el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por un mensaje publicado en Telegram en el que vinculaba indirectamente al diputado socialista Javier Alfonso Cendón con el conocido como ‘caso Mediador’, la presunta trama de corrupción liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, alias ‘Tito Berni’.
El alto tribunal descarta la existencia de indicios de responsabilidad penal en la actuación del eurodiputado, que goza de aforamiento por su condición de miembro del Parlamento Europeo. La causa había sido elevada al Supremo por un juzgado de Castilla y León tras la denuncia presentada por Cendón.
El origen del procedimiento se sitúa en un mensaje difundido por el líder de Se Acabó la Fiesta en su canal de Telegram en el que, según el denunciante, se le vinculaba con dicha trama. En concreto, el texto señalaba: “Tercera identidad: Javier Alfonso Cendón, Secretario General del PSOE en León, Diputado Nacional y portavoz de Ciencia e Innovación en el Congreso. Qué divertido va a ser ir uno por uno”.
El Supremo reconoce que el contenido del mensaje “puede ser considerado una fuente de afectación del buen nombre del denunciante y, en su caso, de responsabilidad, pero no penal”.
A juicio de la Sala, la formulación utilizada es “demasiado abierta” y no concreta qué conducta ilícita se atribuye al diputado socialista, lo que impide realizar un juicio de tipicidad suficiente para justificar la apertura de un proceso penal.
En este contexto, el tribunal concluye que no procede iniciar actuaciones ni solicitar autorización al Parlamento Europeo para investigar al eurodiputado, si bien deja abierta la posibilidad de que el afectado acuda a la jurisdicción civil para la defensa de su derecho al honor.
Rechazo de otra causa contra Alvise
En la misma jornada, el Supremo también ha rechazado incoar una causa contra ‘Alvise’ por la difusión de conversaciones privadas del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, intervenidas en el marco de la denominada ‘operación Kitchen’.
La Sala señala que la difusión de chats obtenidos judicialmente puede justificar una investigación sobre el origen de la filtración, pero subraya que, en lo que respecta al aforado, los elementos aportados no constituyen una base suficiente para abrir un procedimiento penal.
Pese a estas decisiones, el eurodiputado mantiene abiertas cuatro causas en el Tribunal Supremo.
Entre ellas, figuran investigaciones por presunto acoso a dos eurodiputados que concurrieron en su lista electoral, por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa, por presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por un posible delito de financiación ilegal vinculado a los 100.000 euros recibidos del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’.
