La ley que regula la justicia gratuita en España tiene treinta años. La redactaron cuando internet era una novedad y el salario mínimo rozaba los 359 euros mensuales. Ayer, en el Consejo General de la Abogacía Española, ocho organizaciones del turno de oficio se sentaron para dejar claro que no pueden esperar otros treinta más.
El reloj marcaba las 18.15 de la tarde del jueves pasado cuando Carlos Berbell, director de Confilegal, tomó la palabra para abrir un debate. –en el marco del segundo Foro 30 años de la Ley de Justicia Gratuita–, que llevaba décadas esperando celebrarse entre la práctica totalidad del ecosistema asociativo y sindical del turno de oficio en España: distintas en forma, en estrategia y, en algunos puntos, en fondo; pero unidas por una convicción compartida.
Una convicción que resonó durante la hora y veintidós minutos que duró este debate, auspiciado por Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el Salón de Actos de la institución: el sistema está a punto de colapsar y la próxima Ley de Asistencia Jurídica Gratuita —que vendrá a sustituir a la vigente de 1996— es, probablemente, la última oportunidad de salvarlo.
Una ley que se encuentra en fase de gestación en las salas de máquinas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y que se prevé que vea la luz en este primer semestre.
«Este debate pretende ser un espacio de análisis pero también de propuestas. Hablaremos no solo de problemas. También de soluciones. De la sostenibilidad del sistema, de la dignidad profesional y la garantía del derecho de defensa», anunció Berbell al arrancar.
Los protagonistas
La mesa reunió a ocho participantes que, juntos, constituyen un retrato fiel de la diversidad organizativa de quienes trabajan en el turno de oficio: Belén García, secretaria general del Sindicato de Abogados Venia; Alicia Vega, presidenta de la Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (CEAT); África Calleja, presidenta de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio (ALTODO); Rafael Rivero, presidente de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA); Ana Isabel Pajares, vocal de la Junta Directiva de la asociación Defenda; Aline Castro, representante de la Plataforma Marea Negra (Galicia); Eduardo Suárez, portavoz del Grupo 101; y Rosa Lozano, representante de la Plataforma Nacional del Turno de Oficio.
El diagnóstico: un sistema que agoniza
La primera pregunta del moderador —¿cómo describirían hoy la situación del turno de oficio en España?— desató un torrente de diagnósticos que, con matices, apuntaban en la misma dirección.
Alicia Vega (CEAT) arrancó recordando la paradoja de fondo: «Este acceso a la justicia para todos aquellos que no tienen recursos suficientes para litigar ha caído, ha recaído siempre sobre los hombros de los abogados. No somos nosotros quienes tenemos que facilitar ese acceso. Tiene que ser el Estado».
La presidenta de la CEAT denunció la incertidumbre cotidiana del cobro: asuntos que atraviesan todos los modelos de procedimiento y que al final no se cobran porque el justiciable no aporta la documentación exigida.
Ana Isabel Pajares (Defenda) elevó el tono constitucional del debate: «La justicia gratuita todos sabemos que es un derecho del ciudadano y no puede seguir siendo un sacrificio estructural del profesional, de los profesionales de la abogacía. Durante años se ha revestido el turno de oficio de ética, vocación, apostolado, compromiso social… Sin embargo, la ocasión no sustituye al presupuesto que necesitamos para desempeñar nuestra labor».
Pajares fue contundente al calificar la situación: «Hoy el sistema del turno de oficio funciona única y exclusivamente porque lo sostenemos todos los profesionales de la abogacía y de la Procuraduría. Y de los 30 años, eso ya no es sostenible».
Aline Castro (Marea Negra) describió la experiencia gallega con la huelga convocada por el Sindicato de Abogados Venia como un punto de inflexión: «Nosotros realmente lo hemos tomado como una bandera desde el principio, porque no tenemos nada que perder. Llegamos a una situación crítica».
Relató que los jueces llamaban a los decanos para preguntar qué estaba pasando, porque automáticamente se suspendían todos los juicios.
Y añadió una imagen demoledora sobre la desprotección de los letrados del turno de oficio: «Si voy en un coche con mis compañeros, guardia civil uno, y mi compañero fiscal, otro, a hacer cualquier diligencia a un pueblo de Ourense, y tenemos un accidente, el único que no tiene cobertura soy yo».
Rosa Lozano (Plataforma Nacional del Turno de Oficio) fue la más rotunda en el pronóstico: cuando Berbell le preguntó si el sistema iba a colapsar, respondió sin titubear: «Total y frontalmente, que estamos muy cerca de ese momento».
Explicó que si se utilizara la cláusula de obligatoriedad para todos los colegiados, «veremos administradores de fincas acudiendo a asistir a detenidos», con la consiguiente pérdida de especialización y calidad del servicio.
El nudo gordiano: laboralización sí, laboralización no
El debate alcanzó su momento de mayor tensión cuando se abordó la naturaleza jurídica de la relación entre los abogados del turno de oficio y la Administración.
Aquí se dibujó la principal línea de fractura.
A favor de la relación laboral especial
El Sindicato Venia (Belén García), Marea Negra (Aline Castro), el Grupo 101 (Eduardo Suárez) y la Plataforma Nacional del Turno de Oficio (Rosa Lozano) defendieron el reconocimiento de una relación laboral de carácter especial mediante la inclusión de un nuevo apartado en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores —la letra L—, que ampararía a abogados y procuradores del turno de oficio.
Belén García aclaró con precisión lo qué significa esto: «No es que aquí hay mucha confusión porque hay compañeros que entienden que es una relación laboral de cuenta ajena, normal y corriente. Y no es eso. No pretendemos ser funcionarios, no pretendemos perder nuestra autonomía. Queremos seguir siendo autónomos en la vida pública».
La propuesta, explicó, consiste en establecer una relación de carácter especial —similar a la que tienen los abogados que trabajan con grandes despachos— en la que se fijen mediante negociación colectiva los precios de las actuaciones, los derechos de maternidad, las vacaciones y la cobertura de seguridad social.
Eduardo Suárez (Grupo 101) aportó la dimensión económica con datos concretos: «Nosotros calculamos que el trabajo de un abogado de oficio a pleno rendimiento durante un año en costes son 16.000 €. Sin embargo, la media de un abogado de oficio son 7.000 €, incluyendo cotizaciones».
Y comparó el gasto de España en justicia gratuita (0,038% del PIB) con el de Francia (entre el 0,36% y el 0,45% del PIB) o Portugal (0,23%), concluyendo que «posiblemente nuestros baremos sean del tercer o cuarto mundo».
Aline Castro defendió la compatibilidad de la relación laboral especial con el ejercicio privado: «¿Por qué cuando yo preste un servicio dirigido y designado por la administración no se puede compaginarlo con mi profesión libre? Eso lo hace en todas las profesiones, lo hace un médico. No entiendo cuál es el motivo de la incompatibilidad».
En contra de la laboralización
África Calleja, por ALTODO, y Rafael Rivero, por ALA, se mostraron contrarios a este modelo por razones de fondo y de precedente.
Calleja argumentó que la ajenidad y la dependencia son incompatibles con la independencia que requiere el ejercicio de la abogacía: «Compañeros en el contencioso administrativo que tengan que emprender un litigio frente a una administración de la que dependen… es un contrasentido».
Y advirtió del riesgo práctico: «La Administración va a echar las cuentas y va a decir cuánta gente me hace falta a mí para cubrir esto. Y va a crear un cuerpo de gente que va a estar prestando el servicio».
Calleja se apoyó en el precedente de la privatización de un servicio de orientación jurídica municipal en Madrid Capital, que, según afirmó, fue «una fuente de problemas inagotable».
Rafael Rivero fue más escueto: «Consideramos que es una relación de contraprestación de servicios y no estamos de acuerdo».
Las propuestas concretas
Más allá del debate sobre la laboralización, los participantes desplegaron un catálogo detallado de reformas urgentes.
La retribución y el cobro
Todas las voces coincidieron en reclamar que ninguna actuación quede sin remuneración. El término «indemnización» fue rechazado de forma unánime.
«Entendemos que no puede determinarse el pago de los honorarios de los abogados que prestan el servicio público de Justicia como indemnización bajo ningún concepto, porque no es una indemnización, es una retribución y así debe ser considerada», afirmó Belén García.
Alicia Vega reclamó que sea la Administración quien soporte el riesgo de impago, no el abogado: «Nosotros, como los médicos de urgencias: llega el enfermo al hospital, se le atiende, y luego ya el Estado corre. Que sea el Estado quien busque los recursos del ciudadano, si tenía bienes económicos».
Ana Isabel Pajares describió la lacra del denominado coloquialmente «quinto trimestre»: «No sabemos nunca cuándo vamos a cobrar. Sí que se nos dijo que íbamos a cobrar al mes. Y es verdad que al principio cobraban más o menos al mes. Pero últimamente volvemos otra vez a esa demora».
Pajares señaló que en Extremadura no existe el sistema de «confirming» del que sí dispone Madrid, lo que obliga a los letrados a esperar hasta recibir la subvención.
Belén García fue la única en señalar explícitamente el incumplimiento de la ley: «Se tiene que cumplir la ley del sector de contratos del sector público: el plazo de pago es de un mes. Irnos a seis meses no tiene ni pies ni cabeza. Hay compañeros que no tienen ni para pagar la hipoteca del mes».
El umbral de acceso (IPREM vs. SMI)
Todas las organizaciones coincidieron en la necesidad de actualizar el criterio económico para acceder a la justicia gratuita. África Calleja aportó el dato más reciente: «El límite para que se reconozca la asistencia jurídica gratuita a una familia de una persona está en 16.800 €. Para dos o tres miembros, 21.000 €. Quedan fuera».
La propuesta generalizada es sustituir el IPREM —congelado desde 2023— por el Salario Mínimo Interprofesional, aunque hay quienes van más lejos y plantean modificar los coeficientes de la propia ley.
Baremos e indexación
Rafael Rivero (ALA) denunció la opacidad en la aplicación de los baremos: «Este año nuestro Colegio de la Abogacía de Madrid ha anunciado un incremento del 3%, pero el IPC de la Comunidad de Madrid es del 3,7%. Nuestra capacidad adquisitiva ha bajado. Y nunca, por lo menos este año, nos han dado las cuentas en Asamblea para ver exactamente cuál es el incremento».
África Calleja propuso, para esquivar la resistencia política al IPC, una fórmula alternativa: «A los políticos el IPC se les ponen los pelos como escarpias. Si me permitís, no les hablemos de IPC, hablemos de algo que haga que las retribuciones no pierdan poder adquisitivo, que al final es lo mismo».
Cotizaciones sociales y pensiones
Eduardo Suárez (Grupo 101) planteó las tres condiciones que a su juicio son innegociables: cotizaciones sociales —incluyendo el reconocimiento retroactivo—, apertura de una mesa de negociación colectiva, y la realización de un análisis de costes y beneficios públicos.
Recordó que «los 17.500 millones de euros conseguidos en redistribución a la ciudadanía gracias a la abolición de las cláusulas suelo y abusivas bancarias» son, en buena medida, fruto del trabajo de los abogados del turno de oficio.
Alicia Vega subrayó la dimensión de futuro: «El estar prestando un servicio en el turno de oficio tiene que estar reconocido para una posible pensión que pudiésemos percibir, de la misma manera que quienes prestan el servicio militar u otro tipo de prestaciones».
Más allá de las diferencias sobre laboralización, el conjunto de participantes suscribió sin fisuras un diagnóstico compartido: la Ley de 1996 está agotada; el sistema de justicia gratuita se sostiene hoy solo gracias al sacrificio cotidiano de miles de profesionales que trabajan a precios del siglo pasado; la próxima generación no está dispuesta a asumir esas condiciones; y la nueva ley —si llega— es la última oportunidad de hacer las cosas bien.
Contenido material del derecho
África Calleja reclamó ampliar las actuaciones retribuidas y establecer un catálogo mínimo de alcance nacional, advirtiendo de un riesgo procesal: «Cuidado cómo se hacen las reivindicaciones, porque podemos arriesgarnos a que haya comunidades que piensen que se están invadiendo sus competencias».
Señaló también la situación de las personas jurídicas: «No puede ser que por modificaciones en la legislación penal y procesal penal haya imputación de penas de personas jurídicas y el letrado no vaya a cobrar porque no es un sujeto de derechos».
El estatuto del abogado del turno de oficio
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, había propuesto públicamente la inclusión de un estatuto en la nueva ley. Esta idea recibió respaldo general, aunque con matices sobre su contenido.
Rosa Lozano fue la más sintética: relación laboral especial, cotización retroactiva y futura, y retribución garantizada de todas las actuaciones —judiciales y extrajudiciales, incluyendo los MASC— con independencia de la conducta del justiciable.
Belén García apuntó a la necesidad de involucrar a dos ministerios: «La regulación de un estatuto jurídico de los profesionales del Servicio Público de Justicia requiere la intervención del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Justicia, que se tendrán que poner de acuerdo».
Aline Castro fue la más enfática: «Si no existe ese paso adelante esencial, lo que se está comprometiendo de manera definitiva es la viabilidad del propio servicio público de oficio. Por eso hay que abordarlo con seriedad, sea en esta ley o en las próximas, pero debe hacerse ya».
El derecho de huelga y la negociación colectiva
Belén García abordó una contradicción que está generando consecuencias jurídicas graves: «Compañeros están siendo procesados por un delito de desobediencia por el hecho de ejercer un derecho de huelga. Eso no lo podemos permitir y no lo puede permitir el Consejo».
Con un gesto cargado de ironía, se dirigió al presidente González: «Le quiero ofrecer a Salvador la huelga a su disposición para cuando quiera. Que la tiene totalmente. Se la regalamos.»
La crisis de relevo generacional
Uno de los momentos más preocupantes del debate fue el análisis del futuro del turno. Rafael Rivero lo resumió con crudeza: «Ningún joven quiere ser abogado de oficio. Eso es una realidad.»
Se debatió si tiene sentido mantener el requisito de tres años de ejercicio profesional para acceder al turno de oficio tras el máster y el examen estatal.
Belén García se mostró partidaria de eliminar ese requisito: «Los jóvenes puedan acceder al turno de oficio porque va a ser necesario de aquí a poco. Es una herramienta también para aprender, para formarse. Y la gente cuando es joven lucha y pelea hasta el final».
Desacuerdos que enriquecen
El debate reveló también diferencias reales que sería deshonesto silenciar.
Rafael Rivero, en representación de ALA, explicó por qué no apoyaron la huelga del turno de oficio: «Nos parecía que eso afectaba también al justiciable. Primero son los beneficiarios de justicia gratuita y luego nosotros».
Esta postura recibió réplica inmediata de Aline Castro: «Sí pensamos en el justiciable, pero por eso estamos reivindicando la mejora de las condiciones de servicio para los que prestamos el servicio. Un servicio público con garantías y con calidad es aquel que cuida a los prestadores del mismo».
También discreparon sobre la figura del agente de autoridad: mientras Ana Isabel Pajares (Defenda) y otras voces la reclamaron para garantizar su seguridad personal, Rafael Rivero la rechazó tajantemente.
El marco territorial: una España, trece turnos de oficio
Carlos Berbell puso sobre la mesa una realidad que con frecuencia se obvia en el debate: el turno de oficio no es un sistema único, sino doce sistemas distintos —uno por cada Comunidad Autónoma con competencias transferidas— más el territorio Ministerio, que comprende cinco Comunidades, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
África Calleja respondió que la solución pasa precisamente por distinguir entre lo que debe ser materia de ley estatal y lo que corresponde a las Comunidades Autónomas: «Habéis hablado de que tenemos que consensuar una ley de mínimos, una ley marco, y nosotros con eso estamos de acuerdo. Pero inmediatamente hemos bajado todos al terreno de lo económico, y el terreno de lo económico se rige por presupuestos que tienen las comunidades autónomas».
Alicia Vega reconoció que esta fragmentación genera tensiones incluso dentro del colectivo: «El que tiene, en una Comunidad con la competencia transferida, unos convenios más ventajosos, no debe verlo como una amenaza, porque todos estamos en el mismo trabajo. De la misma manera que los policías autonómicos deberían cobrar igual que los policías nacionales».
El cierre: un acuerdo en el diagnóstico, debate abierto en la terapia
Una hora y veintidós minutos después de comenzar, Berbell cerró el debate con el tono de quien ha encontrado más de lo que esperaba: «Al final del camino no están de acuerdo en todo, pero sí en bastantes cosas«.
Y es que, efectivamente, más allá de las diferencias sobre laboralización, el conjunto de participantes suscribió sin fisuras un diagnóstico compartido: la Ley de 1996 está agotada; el sistema de justicia gratuita se sostiene hoy solo gracias al sacrificio cotidiano de miles de profesionales que trabajan a precios del siglo pasado; la próxima generación no está dispuesta a asumir esas condiciones; y la nueva ley —si llega— es la última oportunidad de hacer las cosas bien.
El Consejo General de la Abogacía, en palabras de su presidente Salvador González, lo tiene claro: es una oportunidad histórica. Los ocho participantes en este debate, con sus discrepancias y sus convergencias, se encargaron de explicar exactamente qué significa no desperdiciarla.
