La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Erice, ha zanjado con una precisión técnica que deja poco margen de interpretación uno de los debates más incómodos que abrió la ministra de Igualdad, Ana Redondo: una vez que un maltratador cumple íntegramente su condena, el ordenamiento jurídico español no permite someterle a ningún seguimiento jurisdiccional.
Ninguno.
«Una vez que la persona ha cumplido su pena, no es posible (el seguimiento particular), porque nuestro ordenamiento jurídico y el de los países de nuestro entorno lo que sanciona son hechos y valora la peligrosidad, pero la peligrosidad no es determinante de que esta persona una vez cumplida su pena tenga ninguna otra medida de carácter jurisdiccional, salvo en el caso de prisión permanente revisable«, ha dicho en una entrevista con Europapress.
La declaración de Erice —expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género— responde así a las palabras de Redondo, quien reclamó públicamente, días antes de presidir el comité de crisis del 17 de marzo, un control «muy particular» sobre los agresores reincidentes en el momento en que queden en libertad.
Esa barrera no es una singularidad española. Es el pilar sobre el que descansa el Derecho penal garantista europeo: la pena extingue la deuda con la sociedad. Que ese pilar genere fricciones cuando se producen asesinatos en serie es otra cuestión.
Y los números en 2026 son duros. Catorce mujeres y tres menores asesinados en menos de tres meses. Un crimen cada cinco días, según la estadística del Ministerio de Igualdad.
Erice reconoce que el arranque del año ha sido «muy duro», aunque matiza con la cautela propia de quien maneja datos longitudinales que tres meses «son francamente poco» para extraer conclusiones sobre una tendencia consolidada.
Mientras tanto, el Observatorio ha activado un protocolo de análisis caso a caso junto al Ministerio. Lo que emerge de esas reuniones técnicas resulta más revelador que cualquier declaración pública: la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada hace más de dos décadas, «todavía no está implementada totalmente en todos los extremos».
Veintidós años después de su entrada en vigor. Esa es la grieta.
Una ley que mira más allá de los juzgados
El error más extendido en el debate público es reducir la respuesta institucional al eje policial-judicial.
La propia norma, señala Erice, concibe una intervención «integral»: sanidad, servicios sociales, educación. Sectores capaces de detectar el riesgo antes de que un caso llegue a convertirse en un expediente.
«Hay otros sectores imprescindibles para un buen enjuiciamiento, de colaboración», advierte la vocal.
Una consecuencia práctica: el registro de indicios de violencia en las historias clínicas. Esos datos, convenientemente documentados, pueden convertirse en prueba judicial.
También se abre el debate sobre los límites entre la confidencialidad del profesional sanitario o social y su obligación legal de comunicar situaciones de riesgo. No es un debate menor.
El problema de los 350 metros
La propuesta del Ministerio de establecer una distancia mínima de 350 metros en todas las órdenes de alejamiento recibe de Erice una respuesta que no es un rechazo, sino algo más sofisticado: la negación de que exista una solución universal.
«Hay supuestos en los que con esa distancia es suficiente y otros, según el riesgo, que no es suficiente y quizás hay que tomar otro tipo de medidas, según la gravedad del caso y según los dispositivos con los que contamos», ha indicado.
La eficacia de la medida, explica, depende del nivel de riesgo concreto, de las circunstancias personales de las partes y de factores que raramente aparecen en el debate político, como la cobertura tecnológica de los dispositivos de vigilancia electrónica.
Una pulsera GPS en una zona rural sin señal es papel mojado.
Para corregir esa ceguera territorial, el Observatorio está elaborando un mapa de zonas con baja cobertura de telecomunicaciones. El estudio aún no ha concluido.
El peso de denunciar
Del mismo modo, respecto a los hijos de víctimas mortales de violencia machista, Erice ha abogado por acompañarlos hasta que alcancen una verdadera independencia personal y profesional.
«Su situación no es idónea y hay que apoyarla, tanto en cuidados como económicamente, hasta que gocen de una independencia, de una culminación de sus estudios y de aquellos accesos a profesiones que hayan elegido, deberían ser, creo yo, acompañadas», ha afirmado.
La violencia de género causó la muerte de una mujer cada 7,4 días en 2025 y cada 6,3 días desde 2003, según se desprende del ‘Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja’, correspondiente al año pasado, publicado esta semana por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
El dato estadístico más inquietante del informe anual del Observatorio es este: alrededor del 80% de las víctimas asesinadas en 2025 convivían con su agresor y muchas no habían presentado denuncia previa. Erice no habla de pasividad.
Habla de lo que cuesta dar ese paso cuando una mujer lleva más de cinco años en una situación de violencia cronificada, tiene hijos menores a cargo y depende económicamente de su agresor. «Se exigiría una heroicidad», dice.
La formulación es jurídicamente relevante porque cuestiona el modelo de respuesta centrado en la denuncia como palanca principal. Si el sistema espera que quien está en mayor riesgo sea también quien active los mecanismos de protección, hay un problema estructural en el diseño.
Aun así, Erice apunta indicadores que ella misma califica de «esperanzadores»: desde 2015, la serie histórica muestra una tendencia descendente en el número anual de víctimas mortales.
Las medidas adoptadas, en especial en el ámbito policial y jurisdiccional, han funcionado. Los datos lo acreditan. Pero mientras siga existiendo una víctima, la vocal del CGPJ lo describe sin eufemismos: «Es un fracaso social plenamente».
