Tres hombres. Un Ministerio. Y una trama que, según el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, funcionó durante años con la precisión de una maquinaria bien engrasada.
José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama se sientan este martes en el banquillo del Tribunal Supremo acusados de haber convertido el Ministerio de Transportes en una estructura de enriquecimiento personal.
Veinticuatro años de prisión pide Luzón para el exministro. Es la petición más grave formulada contra un titular de cartera del Gobierno de España en las últimas décadas.
Ábalos y Koldo llevan presos desde el 27 de noviembre por orden del magistrado instructor, Leopoldo Puente, al apreciar un riesgo «extremo» de fuga, dada la proximidad de la celebración del juicio.
Los tres se declaran inocentes.
El juicio se celebrará en el Salón de Plenos del Supremo —el mismo espacio que acogió el proceso contra los líderes del procés— a lo largo de 13 sesiones –de mañana y tarde–, hasta el 30 de abril.
Presidirá la vista Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal, flanqueado por Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.
El relato de Luzón no deja fisuras. Los tres acusados «convinieron» aprovechar el cargo ministerial de Ábalos —que ocupó entre junio de 2018 y julio de 2021, tres años– para favorecer a empresas que Aldama captaría y promovería «a cambio del correspondiente beneficio económico» para los tres.
No fue un episodio aislado ni una operación oportunista.
«La organización nació con innegable vocación de permanencia en el tiempo», escribe el fiscal, y operó durante varios años hasta que la salida simultánea de Ábalos y Koldo de Transportes, en julio de 2021, comenzó a desmantelarla.
La mecánica era sencilla y eficaz: Ábalos ponía la autoridad, Koldo la ejecutaba, Aldama traía los negocios.
El papel de Koldo García
Koldo García era, en la práctica, «más asistente que asesor». Luzón lo describe como el «alter ego» del exministro: en los pasillos de otros organismos públicos «se sobreentendía» que era «el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor».
También, según el escrito de acusación, «manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando ‘de facto’ como testaferro de su superior».
Aldama, por su parte, es descrito como un empresario con intereses en los sectores inmobiliario, hostelero y de venta de hidrocarburos.
Su «interlocución privilegiada» con el Ministerio le habría permitido conocer con antelación las necesidades de compra de material sanitario durante la pandemia y orientar los contratos hacia empresas de su entorno: primero en Transportes y sus organismos satélite, después en las administraciones canaria y balear.
Las contraprestaciones que, según Anticorrupción, recibían Ábalos y Koldo incluían pagos mensuales de 10.000 euros y el alquiler de viviendas para ellos o sus parejas.
Penas muy altas
Las penas solicitadas son de las más altas vistas en un procedimiento de esta naturaleza.
Para Ábalos: 24 años y una multa de 3,8 millones de euros. Para Koldo: 19 años y medio. Para Aldama: 7 años y 3,7 millones —reduciéndose su pena al haber reconocido su culpabilidad en los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, con la consiguiente atenuante de confesión—.
Las acusaciones populares encabezadas por el PP elevan la petición para Ábalos y Koldo hasta los 30 años.
Más de 70 testigos están citados. Este martes declararán un hijo de Ábalos, un hermano de Koldo, varios socios de Aldama y Jéssica Rodríguez, expareja del exministro.
En sesiones posteriores lo harán el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso Francina Armengol —autorizados a testificar por escrito—, junto a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y los agentes de la UCO que condujeron la investigación.
Los propios acusados tomarán la palabra, previsiblemente, el 28 de abril.
